Libertades en peligro

De cal y de arena
Libertades en peligro

El hecho de que el Estado costarricense haya mantenido una actitud usualmente respetuosa de la libertad de prensa, no significa que en nuestro país resplandezcan con sentido ejemplarizante los diferentes institutos que hacen parte del Derecho a la Información.
Las disputas que han agriado las relaciones entre los medios y los gobernantes, aparte de amenazas sin propósito agresivo, no han obstruido insalvablemente el ejercicio del periodismo. La crítica se ha abierto paso, muchas veces con acritud desmedida, y el reportaje investigador ha llegado a las fronteras perseguidas, quizá teniendo que derribar barreras poderosas. Se ha honrado aquella declaración del presidente Castro Madriz: “Creo que la expresión de la verdad, aún la más amarga, conviene al gobernante que como yo, tiene el valor de abdicar ante ella sus errores, y el sincero deseo de tomarla por base de sus actos”.
Por paradójico que parezca, el ejercicio del periodismo y la calidad de la información periodística encaran graves amenazas por lo que hacen o dejan de hacer los medios. Hay libertad de prensa pero el uso de los medios como herramientas para la consecución de objetivos políticos o económicos y la presencia de grandes y poderosas concentraciones de empresas periodísticas en pocas manos, es lo que interpone un mundo de dudas sobre el Derecho a la Información, un derecho humano así reconocido por Naciones Unidas.
El derecho a recibir información adecuada, veraz y oportuna (que en Costa Rica tiene rango constitucional), el acceso a la Administración Pública con fines informativos, la censura previa, el secreto de Estado, el derecho a no ser inquietado ni perseguido por la exteriorización de opiniones o la difusión de información, la apología del odio o la difusión de los antivalores en procura de réditos de audiencia o circulación, son solo algunos de los eslabones que aquí muestran peligrosa vulnerabilidad y ensombrecen la calidad del tratamiento del Derecho a la Información, que va más allá de la Libertad de Prensa. Son estos espacios manoseados por los medios que sin ser partidos políticos ni estar sujetos a la normativa de estos ni a la rendición de cuentas, se prestan para el abuso en obsequio de los intereses particulares que definen su línea editorial y de la dinámica de sus propietarios. Ya lo dijo el Dr. Constantino Urcuyo en 1995 en un seminario sobre medios de comunicación y poder político: “Hay que pedirle a los medios el debido proceso, el derecho a la defensa, el derecho a la respuesta, el derecho a la rectificación. Estos no son carlancas totalitarias sino que están dentro de la mejor tradición liberal…”
En este preocupante entorno la alianza fáctica del poder económico y el poder mediático quiere sorprender la buena fe de los diputados con un proyecto de Ley de Libertad de Expresión y Prensa que incuba todo un conjunto de privilegios que lo convierten en un plan liberticida: la reversión de la carga de la prueba y la exigencia de demostrar que el autor del libelo conocía su falsedad o actuó con malicia, la exención de culpa cuando el libelo es una reproducción fiel de algo publicado en otro medio, la supresión de la excepción de la verdad y “el tijeretazo” de las sentencias condenatorias a publicar.

Alvaro Madrigal