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Libertad religiosa

Vilma Ibarra vilma.ibarra@gmail.com | Miércoles 20 agosto, 2014

Que tengamos un Estado laico… que siga garantizando la libertad religiosa y de culto, pero que se deshaga de la añeja dependencia de la confesionalidad

Hablando Claro

Libertad religiosa

Para garantizar y enmarcar nuestras libertades esenciales, entre ellas la libertad de profesar o no una fe, los ticos tenemos la Carta de las Naciones Unidas, así como otra variedad de tratados internacionales que hemos adherido o promovido abiertamente como el mismísimo Pacto de Derechos Humanos (Pacto de San José) y por supuesto, la Constitución Política que nos rige, que si bien es cierto deviene en su esencia de la de 1871, también planteó en su versión de 1949 el establecimiento (a contrapelo de las ideas liberales anteriores) del estado confesional católico.
Hace años se viene hablando de la necesidad de modificar el art. 75 de la Carta Magna para dar paso a un estado laico; que siga garantizando la libertad religiosa y de culto, pero que se deshaga de la añeja dependencia de la confesionalidad; algo tan en desuso que hasta el papa Francisco aconseja abandonar.
Pero aquí no solo es difícil avanzar hacia la modernidad sino que por el contrario, al menor descuido, unas cuantas fuerzas ultraconservadoras intentan que la sociedad dé marcha atrás a como haya lugar.
En este cortísimo periodo de extraordinarias legislativas en que el Ejecutivo tiene potestad de agenda, se convocaron 70 proyectos de ley, lo cual aunque dificulta establecer contundentemente cuáles son las prioridades del gobierno, sí envía señales sobre sus intereses. Y la nueva administración convocó el proyecto “Ley para la Libertad Religiosa y de Culto”.
Amén de que ya se argumentó que la iniciativa está de algún modo viciada porque fue convocada por el ministro (Obispo) de la Presidencia que no puede deslindarse de su condición clerical (la misma que lo tiene en vilo en tanto se pronuncia la Sala IV) el proyecto propone que Costa Rica se convierta en un estado multiconfesional y propicia un paraguas estatal para algunas denominaciones religiosas.
Como si esto fuera poco, no solo propone crear la Dirección de Asuntos Religiosos en el Ministerio de Justicia, sino además un Consejo Consultivo Asesor de Asuntos Religiosos lo cual, a juicio de expertos, no es sino la intromisión de algunas iglesias en la definición de políticas públicas relacionadas con los asuntos de la fe. Para terminar, otorga financiamiento estatal para esas denominaciones.
Este proyecto ornitorrinco debe ser retirado de la Asamblea. El gobierno debe avanzar en el inactivo establecimiento de un acuerdo bilateral con el Vaticano, modificar el artículo 75 de la Constitución para derogar el estado confesional y las transferencias que lo acompañan, dejar al Ministerio de Salud que regule el funcionamiento de las iglesias (casas, edificios, galerones o garajes, no importa) donde operen congregaciones de fe de cualquier tipo (para eso es la libertad religiosa que ya tenemos) pero sí con mínimos estándares de higiene y salud, que fue justamente lo que pretendía hacer la Dra. María Elena López, cuando el Ministro de Presidencia se le paró en la escoba.
En fin, dejar de legislar en lo que no hace falta y ponerse a trabajar como Dios manda.

Vilma Ibarra

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