Libertad religiosa para todos

Jonathan Prendas

Diputado

Nueva República

El proyecto de “Ley para la Libertad Religiosa y de Culto” fue aprobado en la Comisión de Gobierno y Administración de la Asamblea Legislativa, tras lo cual empezará su camino en el Plenario. Celebramos este paso con la firme convicción de que la libertad de religión y de creencias es un pilar fundamental de nuestra sociedad y beneficia a todos los ciudadanos, creyentes o no, consagrando el pluralismo en nuestra sociedad democrática.

Más importante aún, la libertad religiosa forma parte de los derechos de primera generación. Cuando publicamos sobre nuestra fe, reivindicamos la libertad de prensa; al poder expresar abiertamente nuestras creencias, hacemos valer nuestra libertad de expresión; cuando nos congregamos con personas que comparten nuestros principios o ideas, reclamamos nuestro derecho a la libertad de reunión. Es todo un ecosistema que facilita la convivencia pacífica y la tolerancia, valores muy arraigados en nuestro país.

La libertad religiosa, como derecho fundamental e inviolable, se basa en la dignidad humana y se relaciona íntimamente con aspectos esenciales y cotidianos de la vida de todas las personas, como la educación, el matrimonio, las celebraciones, el culto, los funerales, la libertad de asociación o de organización.

La libertad religiosa ampara el derecho que tiene toda persona para tener su propia fe y para expresarla con la certidumbre de que no será perseguida ni discriminada; garantiza la igualdad de derechos con los demás ciudadanos, tutela la libertad de compartir las creencias con los demás y de formar una organización religiosa.

Este proyecto culmina los esfuerzos de muchos años, tanto de varios diputados como de organizaciones religiosas, académicas y de la sociedad civil; por eso es balanceada, objetiva y llena un vacío legal importante.

La ley procura establecer un marco legal para reconocer los derechos individuales de los creyentes, pero también los colectivos de las iglesias, especialmente para diferenciar a estas organizaciones de las asociaciones puras, simples, y permitirles desarrollar los derechos de sus fieles para manifestar su fe tanto en público como en privado bajo el principio de autorregulación.

Lo que busca es establecer el reconocimiento estatal a la diversidad de creencias religiosas, en igualdad de condiciones ante la ley, lejos de todo tipo de discriminación por el credo; puntualiza los límites al ejercicio del derecho de libertad religiosa y de culto, regula los locales y los templos de las organizaciones religiosas.

El proyecto se respalda en los artículos 26 y 75 de la Constitución Política, los instrumentos internacionales en materia de Derechos Humanos debidamente ratificados por Costa Rica y la legislación vigente relacionada con dicha materia a fin de permitir que diferentes creencias coexistan. A la vez, protege a las personas vulnerables ofreciendo un instrumento que ayudará a sortear los conflictos.

Con el marco legal propuesto, el cual esperamos sea aprobado en el Plenario legislativo, se llena un vacío legal pero especialmente se garantiza la libertad religiosa para todos. Los costarricenses tenemos derecho de actuar y pensar por nosotros mismos sobre cualquier tema, incluyendo los relacionados con nuestra conciencia, nuestra fe y nuestras creencias. Esa fue nuestra motivación desde el inicio.