Ley para discapacitados se cumple a medias
Redacción La República redaccion@larepublica.net | Sábado 10 noviembre, 2007
Personas con capacidades limitadas se quejan de que normas no se siguen a cabalidad
Ley para discapacitados se cumple a medias
• Sanciones por incumplimiento de normativa no se aplican
• Algunas empresas han tomado conciencia del tema y han aplicado las facilidades para personas con discapacidad
María Krystal Echeverría
kecheverria@larepublica.net
José Joaquín Mejías, de 23 años, padece de una limitación visual parcial. Este estudiante de derecho de la Universidad de Costa Rica tiene que lidiar casi a diario con la inadecuada infraestructura del país para personas con alguna discapacidad.
Con pesar cuenta que una de las principales dificultades ha sido la intolerancia de las personas.
A pesar de que ya existe una ley que garantiza la igualdad de oportunidades para las personas que padecen algún tipo de discapacidad, lo cierto es que la normativa se ha quedado corta.
Once años después de creada esta ley —denominada 7.600 o Ley de Igualdad de Oportunidades— las deficiencias están a la vista.
Las calles no cuentan con las aceras adecuadas para personas que usan silla de ruedas o con padecimientos de la vista, algunos centros comerciales no tienen las rampas necesarias que faciliten el acceso, y muchos autobuses y taxis no cuentan con los mecanismos estipulados en la normativa.
Si bien algunas empresas han realizado esfuerzos y han sacado la cara por el adecuado cumplimiento de la normativa, lo cierto es que diversos sectores mantienen la queja de que no ha sido suficiente.
“No ha habido mecanismos de obligatoriedad que aseguren el cumplimiento de la Ley; no hay supervisión en su cumplimiento”, comentó Diana Ubico, coordinadora del área de Vivienda y Edificaciones del Instituto Costarricense del Cemento y del Concreto (ICCYC).
La norma establece que, en materia de infraestructura, se acondicionen todos los edificios y centros de acceso público y privado mediante rampas, ascensores y aceras, entre otros; sin embargo, son pocos los que se preocupan por acondicionar sus instalaciones.
Al respecto existía un plazo de diez años impuesto a las entidades públicas y privadas para la debida aplicación de la ley; sin embargo este ya se venció sin que se apliquen sanciones.
Actualmente se estima que un 10% de la población padece algún tipo de discapacidad.
Pese a ello, hasta ahora las modificaciones han sido escasas. Las más notorias que se han realizado se encuentran principalmente en baños, parqueos y algunas empresas.
En el caso de los servicios de transporte, por ejemplo, algunas empresas han logrado adaptar rampas eléctricas a sus unidades.
Tal es el caso del Consorcio Operativo del Este S.A., encargada de las rutas Cedros, Santa Marta, Granadilla, Curridabat y Zapote, la cual desde 2006 cumple con el 98% de los requisitos planteados por la ley y adecuó 23 de sus 132 unidades con plataformas para el acceso de usuarios en silla de ruedas.
Pese a ello, para representantes de los discapacitados esto no es suficiente.
“El transporte debería ser accesible para todas las personas, si acaso hay 100 unidades de bus adaptadas en el país y los choferes no están capacitados para atender a esta población”, declaró Ligia Araya, coordinadora del Comité de Información de las Organizaciones de Personas con Discapacidad (COINDIS).
Sin embargo, es aquí donde se producen discrepancias entre discapacitados y empresarios, pues algunos representantes del sector privado consideran que se trata de una población escasa como para cambiar toda su flota.
Por ejemplo, la empresa de taxis Coopetico tiene unos diez vehículos adaptados, pero sus representantes manifiestan que atienden muy pocos discapacitados.
“Una de las limitantes para no aumentar la cifra de vehículos adaptados es que son muy caros, el costo del servicio es poco rentable para los taxistas y la oferta es muy limitada”, declaró Edgar Castro, gerente de Coopetico.
En ese sentido, la ley indica que debería existir un 10% de taxis para discapacitados pero cuando se hizo la licitación muy poca gente participó y solo se adjudicaron 260 de 1.300 placas, agregó Castro.
“El cliente no se siente muy a gusto cuando tiene que subirse a un taxi de estos porque no tiene la educación ni la tolerancia como para respetar ese servicio”, agregó Castro.
En materia de infraestructura no todos los edificios nuevos cuentan con rampas de acceso y con las facilidades del caso, aunque algunos desarrolladores sí se han preocupado.
“Hemos acondicionado los edificios en Cartago, Alajuela y la Sabana, contamos con ascensores y todos los servicios en el primer piso de manera que, no se tengan que trasladar a otro lado”, explicó Roberto Biasetti, director de mercadeo del Centro Cultural Costarricense Norteamericano.
Otro que ha implementado estos servicios es el Grupo Mutual Alajuela La Vivienda, el cual ha adecuado todas sus sucursales.
“La incorporación de rampas y no colocar cambios de nivel son algunos elementos que se han establecido en las áreas de servicio al cliente. Además se optó por que todas las cajas y los puestos de atención sean accesibles para evitar la exclusión por puestos especializados”, declaró Pedro Carranza, subgerente de Operaciones de Grupo Mutual.
Ley para discapacitados se cumple a medias
• Sanciones por incumplimiento de normativa no se aplican
• Algunas empresas han tomado conciencia del tema y han aplicado las facilidades para personas con discapacidad
María Krystal Echeverría
kecheverria@larepublica.net
José Joaquín Mejías, de 23 años, padece de una limitación visual parcial. Este estudiante de derecho de la Universidad de Costa Rica tiene que lidiar casi a diario con la inadecuada infraestructura del país para personas con alguna discapacidad. Con pesar cuenta que una de las principales dificultades ha sido la intolerancia de las personas.
A pesar de que ya existe una ley que garantiza la igualdad de oportunidades para las personas que padecen algún tipo de discapacidad, lo cierto es que la normativa se ha quedado corta.
Once años después de creada esta ley —denominada 7.600 o Ley de Igualdad de Oportunidades— las deficiencias están a la vista.
Las calles no cuentan con las aceras adecuadas para personas que usan silla de ruedas o con padecimientos de la vista, algunos centros comerciales no tienen las rampas necesarias que faciliten el acceso, y muchos autobuses y taxis no cuentan con los mecanismos estipulados en la normativa.
Si bien algunas empresas han realizado esfuerzos y han sacado la cara por el adecuado cumplimiento de la normativa, lo cierto es que diversos sectores mantienen la queja de que no ha sido suficiente.
“No ha habido mecanismos de obligatoriedad que aseguren el cumplimiento de la Ley; no hay supervisión en su cumplimiento”, comentó Diana Ubico, coordinadora del área de Vivienda y Edificaciones del Instituto Costarricense del Cemento y del Concreto (ICCYC).
La norma establece que, en materia de infraestructura, se acondicionen todos los edificios y centros de acceso público y privado mediante rampas, ascensores y aceras, entre otros; sin embargo, son pocos los que se preocupan por acondicionar sus instalaciones.
Al respecto existía un plazo de diez años impuesto a las entidades públicas y privadas para la debida aplicación de la ley; sin embargo este ya se venció sin que se apliquen sanciones.
Actualmente se estima que un 10% de la población padece algún tipo de discapacidad.
Pese a ello, hasta ahora las modificaciones han sido escasas. Las más notorias que se han realizado se encuentran principalmente en baños, parqueos y algunas empresas.
En el caso de los servicios de transporte, por ejemplo, algunas empresas han logrado adaptar rampas eléctricas a sus unidades.
Tal es el caso del Consorcio Operativo del Este S.A., encargada de las rutas Cedros, Santa Marta, Granadilla, Curridabat y Zapote, la cual desde 2006 cumple con el 98% de los requisitos planteados por la ley y adecuó 23 de sus 132 unidades con plataformas para el acceso de usuarios en silla de ruedas.
Pese a ello, para representantes de los discapacitados esto no es suficiente.
“El transporte debería ser accesible para todas las personas, si acaso hay 100 unidades de bus adaptadas en el país y los choferes no están capacitados para atender a esta población”, declaró Ligia Araya, coordinadora del Comité de Información de las Organizaciones de Personas con Discapacidad (COINDIS).
Sin embargo, es aquí donde se producen discrepancias entre discapacitados y empresarios, pues algunos representantes del sector privado consideran que se trata de una población escasa como para cambiar toda su flota.
Por ejemplo, la empresa de taxis Coopetico tiene unos diez vehículos adaptados, pero sus representantes manifiestan que atienden muy pocos discapacitados.
“Una de las limitantes para no aumentar la cifra de vehículos adaptados es que son muy caros, el costo del servicio es poco rentable para los taxistas y la oferta es muy limitada”, declaró Edgar Castro, gerente de Coopetico.
En ese sentido, la ley indica que debería existir un 10% de taxis para discapacitados pero cuando se hizo la licitación muy poca gente participó y solo se adjudicaron 260 de 1.300 placas, agregó Castro.
“El cliente no se siente muy a gusto cuando tiene que subirse a un taxi de estos porque no tiene la educación ni la tolerancia como para respetar ese servicio”, agregó Castro.
En materia de infraestructura no todos los edificios nuevos cuentan con rampas de acceso y con las facilidades del caso, aunque algunos desarrolladores sí se han preocupado.
“Hemos acondicionado los edificios en Cartago, Alajuela y la Sabana, contamos con ascensores y todos los servicios en el primer piso de manera que, no se tengan que trasladar a otro lado”, explicó Roberto Biasetti, director de mercadeo del Centro Cultural Costarricense Norteamericano.
Otro que ha implementado estos servicios es el Grupo Mutual Alajuela La Vivienda, el cual ha adecuado todas sus sucursales.
“La incorporación de rampas y no colocar cambios de nivel son algunos elementos que se han establecido en las áreas de servicio al cliente. Además se optó por que todas las cajas y los puestos de atención sean accesibles para evitar la exclusión por puestos especializados”, declaró Pedro Carranza, subgerente de Operaciones de Grupo Mutual.