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Ley contra indocumentados recibe demanda en EE.UU.
Grupos piden a tribunal que frene la puesta en marcha de la polémica ley de Arizona

Una coalición de 14 grupos cívicos de EE.UU. y diez individuos entablaron ayer una demanda contra las autoridades de Arizona para frenar la ley SB1070, que criminaliza a los inmigrantes indocumentados en ese estado, por considerarla “anticonstitucional”.
La demanda ante un tribunal federal en Phoenix (Arizona), se produce en vísperas de la primera visita oficial a EE.UU. del presidente mexicano, Felipe Calderón, a partir de este miércoles, y en unos momentos de gran tensión entre ambos países por la ley SB1070, promulgada el pasado 23 de abril.
Tanto la ley como la demanda son síntomas de la inacción del Congreso respecto a una reforma migratoria que resuelva el problema de la inmigración ilegal en Estados Unidos.
“Estamos presentando la demanda de mayor alcance contra esa ley de Arizona... para impedir que jamás entre en vigor”, explicó en una conferencia telefónica con la prensa, Lucas Guttentag, director de asuntos migratorios de la Unión de Libertades Civiles de EE.UU.
“Esta ley es vergonzosa y antiestadounidense, mina la seguridad viola la Constitución”, denunció Guttentag, al considerar que los cambios efectuados a último minuto no corrigen los daños de la ley.
La ley SB1070 permite que la policía detenga a quienes sospeche que son indocumentados y criminaliza a quienes no porten documentos que comprueben su estatus migratorio.
Según los activistas, la SB1070 interfiere con la autoridad del Gobierno en asuntos de inmigración y viola una cláusula de la Constitución que establece la “supremacía” de las leyes federales respecto a las estatales; legaliza la discriminación racial, y viola el derecho a la libertad de expresión consagrada en la Primera Enmienda.
“Esta ley extrema conducirá inevitablemente a la discriminación racial... el estatus migratorio no es algo visible, y esto pondrá a la policía en la imposible situación de determinarlo solo con ver a una persona”, se quejó Nina Perales, una abogada de la organización hispana MALDEF en el suroeste del país.
Julie Su, directora de litigios del Centro Legal Estadounidense para la comunidad asiática-estadounidense, expresó optimismo de que la demanda tendrá éxito porque ningún gobierno estatal puede hacer sus propias leyes de inmigración y porque “la criminalización de todo un grupo... no es una buena política”.
La demanda no busca compensación monetaria pero pide que el tribunal frene la puesta en marcha de la ley de Arizona para finales de julio.
Ya antes de que entre en vigor, la ley ha suscitado la repulsa de México Latinoamérica.

Washington /EFE


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