Ley de Usura y sus consecuencias: “Una medicina con efectos adversos”

Costa Rica vive momentos complejos en su economía, la nueva ley ha generado que algunos oferentes de crédito decidan cerrar sucursales, reduciendo sus carteras de clientes y despidiendo empleados. ¿Cómo se sale de este “círculo vicioso” que impacta uno de los principales motores de la economía (el crédito) y que genera exclusión financiera para miles de ciudadanos?

Este mes entró en vigencia en Costa Rica la Ley contra la Usura Crediticia, que limita tasas de interés que un oferente de crédito puede cobrar a un ciudadano. La normativa es similar a otras implementadas en diversos países como por ejemplo en Chile, El Salvador, Uruguay que establecen mecanismos contra la usura. Aunque estas leyes buscan proteger a los ciudadanos pueden ocasionar la retracción del crédito y la exclusión financiera si no van acompañadas de otras medidas como la promoción del intercambio de data positiva, un acceso a la información ágil o promover el uso de data alternativa existente en el mercado.

¿Cuál es el caso de Costa Rica?

Costa Rica se encuentra retrasada respecto a otros países de la región en el uso de datos positivos crediticios, es decir, en entidades no reguladas no se cuenta con información de aquellos ciudadanos que “pagan puntualmente sus deudas o buenos pagadores”. Lo que no permite conocer mejor a los clientes y evaluar las condiciones de crédito adecuadamente.

Si esta normativa busca facilitar el crédito ¿por qué algunos oferentes de crédito están cerrando sucursales, reduciendo sus carteras de clientes y despidiendo empleados? ¿Cómo se sale de este “círculo vicioso” que impacta uno de los principales motores de la economía (el crédito) y que genera exclusión financiera para miles de ciudadanos?

Antes de responder estas preguntas, concordamos en que la tasa de interés representa el riesgo de una operación de crédito. A mayor riesgo que represente un deudor, mayor será su tasa de interés y viceversa.

A menudo se piensa que una tasa alta implica una mala práctica (usura) del oferente de crédito, sin embargo no siempre es así: al implementar una regulación que “limita” la tasa de interés, los oferentes deben evaluar si ese ingreso por concepto de intereses es suficiente para cubrir sus gastos y obtener rentabilidad. Si no lo es, la decisión más probable es no brindar crédito a ese ciudadano (o segmento de la población), lo que genera exclusión financiera.

En Costa Rica, las tasas en los segmentos más riesgosos para Tarjetas de Crédito estaban en niveles de hasta el 49%, por lo que esta nueva tasa máxima de 37.69% genera un efecto de quiebre en el mercado. Según nuestros propios análisis, esta implementación afecta entre el 14% al 20% de los portafolios de los oferentes del mercado, impactando a los segmentos de población más vulnerables.

En los países donde estas medidas fueron adoptadas, el mercado buscó paliarlas a través del uso de “data positiva”, utilizando herramientas avanzadas de gestión (análisis, segmentación, big data aplicada al crédito, automatización, entre otras) que permiten discernir adecuadamente el nivel de riesgo y retorno de la inversión.

En Costa Rica la ley contempla esta necesidad de información, por lo que establece que las entidades podrán consultar datos a SUGEF para conocer el comportamiento crediticio y así evitar el sobreendeudamiento de los ciudadanos (además de permitirle a los oferentes de crédito tomar mejores decisiones). Pero esta metodología presenta una limitación muy importante: sólo aplica a clientes bancarizados que ya tienen créditos con entidades reguladas. Es por esto que la aplicación de esta metodología es un paliativo que no resuelve el problema completo.

La solución comprobada en la mayoría de los países de la región y del mundo, es contar con un sistema sólido de información positiva de crédito, compuesto por información pública y privada tanto en entidades reguladas y no reguladas.

El Estado, en su rol de regulador del sistema financiero, dispone de extensas fuentes de datos y parte de esa información es compartida al mercado (entidades no reguladas como los Buró de Crédito) lo cual permite que todos los oferentes de crédito (como por ejemplo una Microfinanciera o una PyME) cuenten con información valiosa para la toma de decisiones. A su vez tanto las entidades reguladas como no reguladas retroalimentan información a los Buró de crédito (principio de reciprocidad) y de esta forma se logra crear un sistema de información positiva completa que ofrece una visión 360 del comportamiento crediticio de las personas.

Como resultado aquellos países donde la información positiva es accesible a los oferentes de crédito que ofrecen condiciones de seguridad y transparencia suficientes, logran sistemas financieros más saludables con mayores niveles de acceso al crédito y mejores condiciones crediticias para los ciudadanos.

En la regulación de Costa Rica, el intercambio de información positiva no está prohibido por la ley, sin embargo las iniciativas aún distan de ser efectivas. Lamentablemente, esta decisión, que pasa por cada oferente de crédito, ha sido demorada por años, lo cual sumado a una falta de incentivo por parte de los gobiernos, ponen a Costa Rica en una situación de retraso respecto a otros países de la OCDE y de Latinoamérica.

De acuerdo a la experiencia de Equifax en otros países hasta un 50% de los datos de mercado provienen de entidades no reguladas y esa tasa aumenta año tras año.

En los países donde se ha desarrollado un sistema de información positiva multi-industria se ha comprobado un aumento significativo en las tasas de aprobación manteniendo los niveles de riesgo, beneficiando a la población y a los acreedores.

Si Costa Rica avanzara en este esquema de intercambio de información, los efectos serían inmediatos. Un país que dispone de data positiva de acuerdo a estudios del Banco Mundial y que coincide con estudios de Equifax, permiten que a un mismo nivel de riesgo de crédito logren ingresar mayor cantidad de personas aprobadas al sistema. Como ejemplo: Si una entidad decide asumir un nivel de riesgo de morosidad del 3%, utilizando fuentes de datos similares a las que existen hoy en Costa Rica, aprobaría a un 48% de sus solicitudes de crédito, mientras que si utilizara un sistema de data positiva esta aprobación subiría al 82%. Si eso lo trasladamos a todas las solicitudes de crédito de un país, la mejora es indiscutible.

Hoy más que nunca es fundamental promover normativas y prácticas de industria que aumenten la inclusión financiera, reduzcan el sobreendeudamiento y que promuevan el crédito sano como motor de desarrollo del país. ¿Qué podemos realizar durante este periodo para transicionar sin impactar a los ciudadanos y a la industria de forma rápida?

La respuesta es simple: a través de la adopción de herramientas avanzadas de automatización, análisis y segmentación. Además de las herramientas de automatización de toma de decisiones y gestión de riesgo de crédito, uno de los principales factores es la gestión de la información. En este sentido, la utilización de Big Data, fuentes de datos alternativas, geoanalytics, households, entre otras, es clave en el desarrollo de modelos de riesgo de crédito para reducir costos operacionales manejando grandes volúmenes de datos, de distintas fuentes y reduciendo los tiempos de construcción. Si bien algunos oferentes de crédito ya disponen de este tipo de herramientas, esto no es algo común en el mercado dada la inversión y conocimiento necesarias para la correcta utilización y aprovechamiento de esta tecnología.

A modo de conclusión:

Si bien Costa Rica presenta un buen nivel de inclusión financiera, aún tenemos más de un 35% de los ciudadanos que podrían estar recurriendo al mercado informal para poder obtener crédito. En función a los efectos anunciados los últimos días (reducción de portafolios, endurecimiento de políticas crediticias, etc.), sumado al efecto del COVID 19 que está generando un aumento sustancial en las tasas de morosidad de algunos países (ej. en el caso de México se duplicó respecto al promedio de años anteriores según el último informe publicado por la CNBV), podemos presenciar un retroceso importante en materia de bancarización e inclusión financiera. En este sentido, Costa Rica hoy enfrenta un desafío muy importante mientras el mercado de oferta de crédito asimila los nuevos topes de interés y/o hasta ajustar sus estructuras de costos.

Si bien esta columna de opinión sólo busca abarcar algunos de los temas que hacen a una problemática más compleja, en lo personal considero que es momento de ponernos en acción, y desarrollar las herramientas que necesita Costa Rica para eliminar este efecto negativo, y cumplir lo que todos queremos: más y mejor crédito para todos los ciudadanos.