Ley de Protección al Trabajador en la encrucijada

Cuando se cumple un Vigésimo Aniversario de la Ley de Protección al Trabajador debemos hacer un alto en el camino por dos razones: primero, porque es necesario subrayar la importancia de esta normativa en su contexto histórico, y segundo, porque la situación actual del país y del sistema de pensiones amerita una llamada de atención.

Hoy recordamos con respeto aquel 18 de febrero de 2000, por la creación de una normativa que precisamente fue para resguardar los intereses del trabajador, y se hace necesario advertir sobre nuevas decisiones que pueden, por lo contrario, alterar este compromiso.

El antes y el después. ¿Qué pasó hace 20 años? La ley procuró que el trabajador tuviera un escenario de seguridad para la administración de su pensión futura, pues se orientó hacia la constitución de un sistema que estimulara el ahorro para la jubilación y redistribuyera los ingresos a favor de todos los sectores. Esto significó la creación del Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarios (ROP), con financiamiento propio, independiente del Presupuesto Nacional y sin elevar el costo para los patronos y los trabajadores.

Se decidió la ampliación de la cobertura del sistema y se incorporaron importantes reformas en los sistemas operativos y administrativos para mejorar su eficiencia, así como el órgano respectivo para su supervisión, y por supuesto, se fortaleció el principal régimen existente en el país, el IVM de la CCSS.

Porque fue a partir de la creación de los planes de pensiones complementarios en 1995 y más precisamente, con la implementación de los regímenes de pensiones complementarias, obligatorio y voluntario, contenidos en la Ley de protección al Trabajador, que puede decirse que el Sistema Nacional de Pensiones progresó hacia su naturaleza multipilar que lo caracteriza. Años después, lo que corresponde es blindarlo aún más, ante los desafíos de la Costa Rica actual.

El hoy y el mañana. Precisamente, esta Costa Rica de hoy nos obliga a profundizar en lo que puede ser correcto o incorrecto a la luz del espíritu creador de la normativa. Hoy es cada vez más importante consolidar el ROP: la población adulta mayor se encuentra en un porcentaje importante en condiciones de pobreza, la población mayor de 65 años se duplicará en dos décadas, la pirámide poblacional seguirá estrechándose, y serán menos los cotizantes.

En este contexto, las reformas propuestas a la Ley de Protección al Trabajador para repartir anticipadamente los recursos del Fondo de Capitalización Laboral (FCL) y los recursos del ROP, no coinciden con un enfoque de seguridad social, pues su aprobación con visión de corto plazo afectaría no solo el fin último de los recursos, que es la reserva para una mejor calidad de vida al momento de pensionarse, sino que también plantearía un escenario delicado para el sector financiero y las finanzas públicas, égida del desarrollo económico del país.

De acuerdo con el plazo planteado en las iniciativas, las operadoras de pensiones deberían disponer, en apenas 45 días, de un monto aproximado de ¢138.000 millones para pagar a quienes retiren el ROP. Esto plantea la duda de ¿cómo liquidarían los títulos valores el Banco Central y el ministerio de Hacienda, donde están colocados cerca del 70% de las inversiones de las operadoras? ¿Habría que vender los títulos en el mercado secundario? Esto generaría una sobreoferta de instrumentos financieros, los precios tenderían a la baja y habría pérdidas en el valor y rendimiento de los títulos.

Lo más importante: se vería afectado el ahorro acumulado de los afiliados que permanecerán en el sistema, y a nivel económico, el exceso de liquidez presionaría las tasas de interés, con el resultado de mayor inflación.

En momentos en que conmemoramos el nacimiento de esta importante ley, no puedo menos que hacer una llamada para un análisis muy serio de lo que aquí podría pasar. Cualquier camino que considere al FCL como si fuera un simple ahorro a la vista, o que altere la sostenibilidad del ROP a largo plazo, a todas luces no es el correcto. La patria nos demanda que la historia que escribimos hace 20 años no de marcha atrás.

Hermes Alvarado Salas (*)

• Gerente General de BN Vital, Banco Nacional.

• Presidente Asociación de Operadoras de Pensiones (ACOP)