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Jueves, 22 de agosto de 2019



EDITORIAL


Legislación y control para las armas

| Lunes 13 septiembre, 2010




Es momento de hacer lo que corresponda para devolver la seguridad a los ciudadanos decentes que anhelan una vida productiva en el marco de la ley

Legislación y control para las armas

La posibilidad de realizar una reforma a la ley de armas y explosivos ha desatado el debate, no solo al interior del recinto legislativo sino en la sociedad.
Es lógico que así sea. El aumento de la criminalidad en el ámbito nacional instaló la preocupación en la mente de los costarricenses que han perdido la paz a la que estaban acostumbrados y cada día se sienten más amenazados por la delincuencia y los efectos del narcotráfico.
El debate y las acciones deben darse y deben privar en este caso el interés público y la necesidad de encontrar los mejores caminos hacia la disminución de los accidentes y las muertes causadas por armas de cualquier tipo.
Los controles deberían intensificarse en todos los aspectos. En este país no se fabrican armas sino que estas llegan desde el exterior y todos sabemos de la cantidad de estos artefactos prohibidos que ha inundado el territorio nacional y que no están siendo usados por los ciudadanos para defenderse sino por los delincuentes.
La realidad nacional ha cambiado y quizás sea necesario que la legislación también se modifique para poder decomisar armas e impedir su ingreso al país. Una ley que sirve muy bien a un determinado estado social puede no servir tanto si la realidad varía.
Todos sabemos que el fuerte combate al narcotráfico en Colombia dificultó probablemente las operaciones de los carteles en ese país y los llevó a México, adonde la situación ha llegado a extremos insostenibles actualmente.
Centroamérica es pues, víctima de ese tráfico ahora. Costa Rica, por su parte, ha tenido siempre una situación diferente en el Istmo al ser un país sin ejército y con una sólida democracia. No obstante se ve ahora en el centro de la violencia también con el agravante de tener su sistema policial deteriorado por haber dejado durante décadas de atenderlo y actualizarlo adecuadamente.
Es momento de hacer lo que corresponda para devolver la seguridad a los ciudadanos decentes que anhelan una vida productiva en el marco de la ley.