Lecciones fiscales en tiempos de crisis

Daniel De la Cruz Dien

Analista Económico Ecoanálisis

En respuesta a la crisis económica mundial, ocasionada por el colapso del mercado inmobiliario en Estados Unidos en enero del 2009; el Gobierno de don Óscar Arias presentó el Plan Escudo. Dicho plan consistía en una serie de propuestas contra cíclicas, cuyo principal objetivo era estimular la economía de cara a la gran incertidumbre y la inminente reducción en las exportaciones y la demanda interna.

A grandes rasgos, el Plan Escudo fue la puesta en marcha de política fiscal muy expansiva, es decir, reducción de ingresos o aumento de gastos gubernamentales. Dentro de este paquete de medidas destacó el fortalecimiento de la función empleadora del Estado a través de gasto equivalente a 5% del PIB de aquel entonces. En su momento, las acciones tomadas por el Gobierno fueron halagadas, y sus efectos sobre la demanda agregada y la confianza de empresarios y consumidores dieron los resultados esperados; la contracción en la economía costarricense fue minimizada, y las consecuencias de la crisis mundial no fueron tan devastadoras para el país.

A pesar de la efectividad del Plan Escudo para hacer frente a dicha crisis, a la postre, las medidas mostraron ser cortoplacistas, colocando al país en la senda de la insostenibilidad fiscal. Las consecuencias que generó durante la última década son ampliamente conocidas: alto déficit fiscal, inmanejable deuda pública, distorsión del mercado cambiario, y recientemente, la implementación de una reforma fiscal costosa.

De manera paralela, con el objetivo de mitigar los efectos negativos que la crisis sanitaria del Coronavirus ha empezado a mostrar sobre el bienestar de la población, el Gobierno de don Carlos Alvarado presentó la semana anterior el Plan Proteger. Aunque los pormenores de este plan no han sido dados a conocer, el Gobierno pretende acumular liquidez, equivalente al 3% del PIB, para reaccionar de manera oportuna ante las necesidades socioeconómicas y sanitarias que pueda generar esta pandemia.

A diferencia del desafío que enfrentó el país hace poco más de diez años, actualmente las arcas del Estado se encuentran vacías; en 2019 el déficit fiscal cerró en 7,0% y la deuda pública está rozando el 60% del PIB. De modo que, hoy con más urgencia y ahínco que nunca, vale la pena recordar que: si alguna lección hemos aprendido del pasado es que el tema fiscal y la sostenibilidad de las finanzas públicas no se ignoran cuando llega la crisis, por el contrario, se deben poner en el centro de la discusión. Ignorar esta importante realidad puede acarrear consecuencias económicas profundas y duraderas para Costa Rica; un Estado aún más limitado, una posible insolvencia fiscal y pesimismo en los agentes económicos, pueden ocasionar una seria y dolorosa crisis económica una vez haya acabado esta pandemia.

Lo anterior no quiere decir que esta sorpresiva emergencia de salud no deba ser atendida, sino que debe ser tratada con la responsabilidad fiscal que lo amerita. De manera práctica, algunas sugerencias: lamentablemente las tan esperadas obras de infraestructura pública deben ser pospuestas ante esta eventualidad; además, dada la válvula de escape que le brinda el “Estado de Emergencia” a la aplicación de la regla fiscal, el Gobierno no debe dar rienda suelta al gasto; tercero, si las empresas privadas pretenden reducir las jornadas laborales para así reducir su gasto y oxigenar su flujo de caja, las empresas del Estado deberían hacer lo mismo; finalmente, las medidas adoptadas por el Gobierno no deberían ser las mismas para todos los sectores empresariales, carece de sentido que los sectores más afectados, como turismo y transporte, reciban las mismas moratorias o condonaciones que aquellos que se ven relativamente menos afectados, como los supermercados y las farmacias, por mencionar algunos.

El objetivo es que esta crisis, que nos llegó de manera inesperada, sea atendida con la mayor responsabilidad, sin hacer distinciones entre costarricenses en lo público y costarricenses en lo privado, atendiendo a las empresas y las familias más vulnerables, y sin adoptar medidas cortoplacistas que desemboquen en altos costos económicos y sociales a la vuelta de la esquina. De lo contrario, podremos esperar mayor desempleo, pobreza y desigualdad y fuertes reformas fiscales en el mediano plazo.