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Tras aseverar que durante años la justicia estuvo del lado de los delincuentes, la presidenta Laura Fernández presentó este lunes una serie de propuestas que buscan poner a las víctimas en el centro de la lucha contra el narcotráfico y crimen organizado.
Y es que la mandataria no solo presentó al Congreso seis proyectos para endurecer las penas carcelarias, sino que también encontró espacio para fomentar la justicia restaurativa.
Ese sería el caso, por ejemplo, de una propuesta que se llama “Cero ocio en las cárceles”, en donde los privados de libertad que decidan trabajar para reducir su estadía en la prisión tendrán que destinar un 35% de lo que ganen para resarcir a las víctimas y sus familias.
“Tiene que acabarse la alcahuetería contra los criminales reincidentes, quien haga del crimen su forma de vida tiene que recibir penas más severas (…) Nosotros estamos del lado de la víctima. Y sí, se lo digo de frente, yo estoy del lado de las víctimas. No estoy del lado de los delincuentes. Y si por eso me quieren tachar de lo que me quieran tachar, no me importa. Aquí el primer lugar de las políticas públicas y de las Leyes de la República tienen que ocuparlo las víctimas”, dijo Fernández.
Las seis propuestas fueron presentadas al Congreso, por lo que al final les corresponderá a los diputados analizar las iniciativas.
“Mi gobierno está haciendo todo lo que a nosotros nos toca. Ahora les toca a ustedes, diputados y diputadas, tomar las decisiones que nuestros cuerpos policiales y que las familias de las víctimas están esperando. Llegó el momento, señores diputados, de acelerar la tramitación de estos seis proyectos de ley. (…) Les hago un llamado patriótico a responderle al pueblo de Costa Rica con lo que están esperando de parte de nosotros, que son resultados, acciones concretas”, concluyó.
Estos son los 6 proyectos que presentó este lunes Laura Fernández:
1. Ley Gerson Rosales
La respuesta armada de un oficial de policía se va a presumir como legítima defensa de ahora en adelante, a la vez que se van a endurecer las penas a quienes ataquen a los oficiales de los diferentes cuerpos policiales.
La normativa lleva el nombre del oficial Gerson Rosales, quien fue asesinado hace un mes por una banda criminal de Limón.
2. Ley contra pertenencia a organizaciones criminales
Actualmente no existen penas de cárcel específicas para quienes conforman una red criminal.
Por esta razón, la presidenta Laura Fernández presenta una propuesta de ley para establecer penas de 3 a 8 años de prisión a quienes sean parte o brinden servicios a organizaciones delincuenciales.
3. Ley de mano firme contra la reincidencia delictiva
Personas reincidentes no podrán ser liberadas por los jueces solo por alegar arraigo familiar o arraigo laboral.
Se establecen tres categorías para castigar la reincidencia: A) reincidencia simple, quien comete un nuevo delito intencional en un lapso de 15 años; B) reincidencia cualificada, cuando el nuevo delito tenga que ver con delincuencia organizada, narcotráfico o pertenencia a asociaciones criminales; y C) reincidente habitual, quien en 15 años acumule tres o más delitos intencionales con sentencia y cometa uno nuevo, y el profesional delictivo.
4. Ley de cero ocio en las cárceles
Para que una persona reciba un beneficio de disminución de la pena, necesariamente tendrá que trabajar dentro de la cárcel en una actividad productiva establecida por el Ministerio de Justicia.
El 35% de lo que gane se usará para su manutención, otro 35% será destinado a las familias de las víctimas, 20% para apoyar a sus familias y un 10% se destinará a un fondo de ahorro para que, cuando salgan de la cárcel, puedan rehacer su vida.
5. Ley contra las pistas de aterrizaje clandestinas
Se establecen penas de prisión de 5 a 10 años para propietarios, arrendatarios, poseedores o administradores de pistas, aeródromos o sitios de atraque que se usen para actividades ilegales como el narcotráfico.
6. Registros judiciales de 15 años
Las personas que cumplieron condenas por delitos contra la vida, crimen organizado y narcotráfico no tendrán derecho al olvido, por lo que estos delitos se mantendrán en los registros judiciales 15 años después de cumplida la condena.
