Laura Fernández pide concurso “a conciencia” en la Corte para nombrar magistrados de la Sala IV y “no una argolla”
Designación lleva seis meses estancada y el máximo tribunal ya reporta 87 personas afectadas por la falta de personal
En vez de una lista enviada por la Corte Suprema de Justicia, la presidenta Laura Fernández propone “un concurso interno y a conciencia dentro Poder Judicial” para escoger a los mejores postulantes para llenar las plazas de magistrados suplentes de la Sala IV.
Este miércoles, la mandataria señaló que el sistema actual promueve “una argolla” que poco le ayuda a los costarricenses en su demanda de recibir una justicia pronta y cumplida.
Ante una pregunta de la prensa, Fernández calificó “de berrinche” la decisión de la Corte Suprema de Justicia de negarse a enviar una nueva nómina de postulantes
Esto, sin importar que, en el último mes, la bancada oficialista de Pueblo Soberano ha rechazado la lista que fue presentada por la Corte desde octubre anterior en al menos once ocasiones.
“Hay montones de gente talentosísima en este país. Gente en el Poder Judicial que hace un trabajo digno, profesionales de primer nivel. ¿Por qué no le dan una oportunidad de crecimiento profesional también a los empleados del Poder Judicial y hacen un concurso interno a conciencia para buscar talento?”, dijo Fernández.
Por otra parte, la mandataria manifestó que “la argolla no permite cambios”.
“Los costarricenses no ponemos a los diputados en el Congreso para que firmen nombramientos como cheques en blanco. Especialmente con lo que estamos viendo del Poder Judicial. Así que yo aplaudo y de pie a los diputados que están haciendo una revisión minuciosa de los perfiles que el Poder Judicial quiere nombrar como magistrados”, agregó Fernández.
El pasado lunes, 16 magistrados se negaron a mandar una nueva lista de postulantes para la Sala IV e insistieron en la misma nómina.
El proceso lleva seis meses estancado y el máximo tribunal está al borde de un cierre técnico y parálisis por falta de personal.
La Corte Suprema de Justicia señala que no hay criterios técnicos válidos para frenar el nombramiento de los magistrados suplentes con la nómina ya enviada, por lo que el Congreso deberá volver a debatir el tema. Ya se reportan 87 casos en donde la Sala IV no toma una decisión porque los magistrados titulares se ha hecho a un lado.
“Le voy a decir francamente lo que a mí me parece. Eso es un berrinche. Eso es un berrinche del Poder Judicial (…) Es una falta de respeto a la Asamblea Legislativa. Entonces, bajo esa lógica, como a mí me manden un criterio del Poder Judicial negativo de un decreto, yo diría, ¿sabe qué? Poder Judicial, le vuelvo a mandar el mismo, ¿qué me importa? O sea, que sea esa chabacanería con asuntos tan delicados”, dijo Fernández.
Por otra parte, ocho de nueve expresidentes de Costa Rica señalaron que la negativa de nombrar a los magistrados suplentes de la Sala IV “no constituye un hecho menor”.
Asimismo, señalaron que la inacción por parte del Congreso es una decisión “que pone en riesgo el adecuado funcionamiento” de la Sala Constitucional.
Es por ello que los expresidentes hicieron “un respetuoso, pero firme, llamado” a la Asamblea Legislativa para que garantice las condiciones necesarias para el funcionamiento pleno de la Sala Constitucional”.
Óscar Arias, Laura Chinchilla, Carlos Alvarado, Luis Guillermo Solís, Rafael Ángel Calderón, Miguel Ángel Rodríguez, Abel Pacheco y José María Figueres firmaron la petición.
El único que no firmó el pronunciamiento público fue Rodrigo Chaves, quien casualmente es ministro de Hacienda.
“La falta de nombramientos puede afectar la capacidad del tribunal para cumplir la misión que la Constitución le encomendó: proteger los derechos y libertades de las personas y garantizar que el ejercicio del poder público se mantenga dentro de los límites de la ley y la Constitución”, indica el pronunciamiento oficial.
Según los expresidentes, miles de personas acuden todos los años a la Sala Constitucional para defender su derecho a la salud y obtener tratamientos o procedimientos médicos indispensables.
“Miles más hacen valer el derecho a la educación de sus hijos, a la protección del ambiente, al acceso a la información pública, al ejercicio de la libertad de expresión y al debido proceso”, indica el pronunciamiento oficial.