Las deudas de la CNFL

Es un hecho que las finanzas de la CNFL no están equilibradas y hay números rojos. En el extraño esquema que se tiene, el consumidor termina víctima de las “aventuras” de los administradores públicos, quienes parecen estar en lo mejor de los dos mundos.
Hay una historia de pérdidas (represa hidroeléctrica de Balsa Inferior, más de ¢30.000 millones, y el Proyecto Eólico Valle Central, por más de $2 millones) que evidencian un manejo impropio de la correspondiente administración pública.
El asunto central es que el consumidor (obligado) queda sujeto a pagar todos estos problemas financieros generados por una administración que se comporta caprichosamente. Desde hace mucho tiempo se viene señalando que muchas de las cosas que hacen algunas instituciones autónomas (sobre todo su reiterada negativa a rendir cuentas) son absolutamente irregulares y no se ajustan a correctos principios de administración pública.
Es innegable que algunos administradores se sienten dueños (mucho más que amigos con derechos) de las competencias y giros públicos que les ha correspondido gestionar. En el antiguo Derecho Romano se indicaba que el señor o propietario tenía el “ius utendi”, el “ius fruendi” y el “ius abutendi”, los derechos de usar, gozar y abusar de lo suyo. Sin embargo, es obvio que tales facultades, que el Estado limita cada vez más a la propiedad privada, parecen más bien ser el contenido de estos administradores-dueños de las entidades públicas. Lo usan y lo gozan, pero es evidente que se quedan con todo el ius abutendi (derecho de abusar) a su favor y con poco cariño por el cuidado patrimonial. Por ello abundan las convenciones laborales, el rótulo vuelto para adentro y el ordeño de privilegios y gollerías. Para los empleados públicos montados en tales entidades, estas son propias para comérselas y explotar el mercado cautivo a través de ellas, pero no para cuidarlas, asumir responsabilidades o fortalecerlas y, mucho menos, si se trata de pagar tributos o rendir cuentas.
Las deudas y las pérdidas las pagarán los usuarios. ¡No ose la Contraloría objetar ni cuestionar, pues será demandada!
No queda más que recordar que para algunos autores este estado de cosas se llama “privatización de ganancias y socialización de pérdidas”.
Por supuesto que, además, va quedando claro que algunos están de fiesta a costa de la pobreza y la complicación de los demás. A través de estos abusos y situaciones se ha venido consolidando una especie de nuevo feudalismo que vandaliza las competencias públicas y arruina a la sociedad.
Estimo, además, que la combinación de autonomías, sociedades anónimas, subsidiarias y giros sin rendición de cuentas son caldo de cultivo para muchos problemas, daños y pecados.
Es menester cambiar la administración y regulación de estas autonomías y actividades, porque si son públicas deben cumplir y desempeñarse como tales.

Federico Malavassi

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