Las revoluciones silenciosas

Las revoluciones silenciosas

El edificio de la sociedad costarricense muestra fracturas estructurales, las cuales se han expresado electoralmente en las elecciones de 2014 y 2018. La democracia ha permitido que las demandas insatisfechas se manifiesten mediante el voto, pero si el sistema político sigue siendo incapaz de atender las demandas populares, las consecuencias son imprevisibles.

La revolución de las clases medias

En 2014, el PAC triunfó en 11 municipios que le aportaron la mitad de sus votos: San José, Alajuela, Cartago, Heredia, Desamparados, Goicoechea, Tibás, La Unión, San Ramón, Grecia y San Carlos. Son los cantones donde reside gran parte de las clases medias urbanas.

La narrativa de esa elección fue que el problema central del país era la corrupción. Los medios de comunicación y políticos, que tomaron la corrupción como su bandera, se hicieron eco mutuamente para establecer la narrativa. Recuerdo cuando se afirmaba que había tanta corrupción y clientelismo, que con solo detenerlo, sobrarían los recursos públicos, así se desdibujaba la necesidad de atender el déficit fiscal y se crispaba la indignación de las bases. El problema con la corrupción como eslogan es que conduce a la descalificación de toda la clase política y convierte a los novatos en los únicos candidatos con viabilidad política. El mundo de los “outsiders”.

Históricamente, en muchas partes del mundo, el fortalecimiento de las clases medias se ha asociado con la indignación moral contra la corrupción. La narrativa construida en Costa Rica alimentó ese hecho sociológico. Ahora bien, la realidad era otra. No apareció la corrupción rampante. Incluso, en términos comparativos, la corrupción era menor que en muchos países del mundo en desarrollo. La corrupción tampoco alcanza niveles que, en términos económicos, signifique una asignación ineficiente de recursos. Tampoco se pierden los recursos públicos como, por ejemplo, los 100 mil barriles de petróleo que diariamente se pierden impunemente de los oleoductos en Venezuela. Por su parte, el aparato represivo del Estado, un poco a brincos y a saltos, parece estar enfrentando mejor las denuncias de corrupción. A su vez, el gobierno del PAC, no parece haber sido mejor que sus predecesores en esta materia; pero mantiene la lealtad de las clases medias.

El trasfondo socioeconómico de la rebelión de las clases medias contra los partidos que habían ejercido el poder en las últimas décadas incluyó un entorno internacional dominado por la tercera y cuarta revoluciones tecnológicas y la interconexión creciente de mercados (globalización), gracias a las mismas tecnologías. Así, los mercados de trabajo se segmentaron y, por un lado, pasaron a premiar la educación y habilidades y destrezas que no todos poseen y que les permite insertarse y beneficiarse del cambio técnico. Otros han utilizado su poder político para obtener niveles de ingreso elevados (sector público versus privado; sector descentralizado versus Gobierno Central y pensiones con cargo al presupuesto versus el IVM versus los desprotegidos, entre otros). En consecuencia, se han venido fracturando las clases medias y se ha deteriorado la distribución del ingreso. Su resultado fue la rebelión electoral de las clases medias indignadas y aglutinadas por el tema anticorrupción. En definitiva, hubo un trasfondo económico de profundo cambio que provocó los fenómenos sociales y políticos de 2014. Electoralmente se castigó a los partidos tradicionales y se fragmentó la Asamblea Legislativa, lo cual habría hecho más difícil los acuerdos políticos, que, de todas maneras, el partido en el poder, con algunas excepciones, no buscó.

La revolución de las clases populares

En 2018, Restauración Nacional ganó en Liberia, Buenos Aires, Puntarenas, Corredores, Cañas, Alajuelita, Quepos, Siquirres, Sarapiquí, Golfito, Osa, Parrita, Limón, Matina, Upala, Los Chiles, La Cruz y Talamanca. La mayoría son cantones costeros y limítrofes con alta concentración de hogares en condición de pobreza y bajos niveles del Índice de Progreso Social. Fue la manifestación electoral de la indignación de las clases de menores ingresos rurales y urbano-marginales(en algunos distritos).

La narrativa de esta elección fue construida desde fuera. La opinión consultiva de la CIDH, independientemente del fondo, en cuanto a forma, fue inoportuna e imprudente. La historia muestra que los derechos humanos no deben imponerse desde arriba (menos aun por un órgano supranacional) sin tomar en cuenta los valores predominantes. Cuando esto ocurre es normal que devengan guerras culturales. Su resultado, en este caso de circunstancias electorales, fue polarizar el país en dos posiciones irreconciliables en cuanto a los derechos humanos, donde ambas pueden argumentar que tienen la razón a partir de sus definiciones de matrimonio y del inicio de la vida. Las premisas contrapuestas de cada grupo los llevan a conclusiones divergentes en cuanto a los derechos en materia de aborto y matrimonio igualitario. Así, la narrativa de la elección 2018 se centró en la discusión de los valores cristianos versus seglares y se abortó la discusión de los problemas nacionales.

El trasfondo socioeconómico de la elección de 2018 ha sido la acumulación de una distribución desigual territorial de los beneficios del desarrollo económico que premia las ciudades, tanto por las economías de aglomeración como por las políticas públicas. Por su parte, los hogares en condición de pobreza tienden a tener bajos niveles educativos, muchos son uniparentales y se concentran en los cantones costeros o fronterizos y distritos urbano marginales. Se han fracturado así las clases populares y continúa la concentración del ingreso. La rebelión electoral de los pobres indignados en 2018 tiene un trasfondo económico basado en la distribución desigual de los beneficios de las políticas públicas y el crecimiento económico. Electoralmente se castigó a los partidos tradicionales: PUSC, PLN y ahora también incluyó al PAC. Se otorgó el poder a un partido que nunca antes había controlado el Poder Ejecutivo y se fraccionó menos la Asamblea Legislativa, lo cual abre posibilidades para mayores acuerdos políticos.

El desafío

El desafío es recuperar la tolerancia, clave para una cultura democrática y, para ello, superar las herencias de 2014 y 2018 y sus narrativas electorales, que han alimentado la intolerancia y han sido distractoras de los verdaderos problemas nacionales. Es indispensable construir una nueva narrativa que recupere, como eje central, el bien común, promueva el desarrollo económico sostenible, pero que también ofrezca oportunidades a las grandes mayorías, mientras se fortalecen las instituciones democráticas y se enfrentan los desafíos a la seguridad ciudadana.