Las Cotizaciones y Cotizantes al Seguro de Salud

La Caja Costarricense del Seguro Social es un bastión y uno de los mayores logros para la estabilidad política y social de nuestro país.

En consecuencia, es un deber u obligación de cada uno de nosotros velar por su sostenibilidad en el largo plazo.

El esquema organizacional de la Caja se sustenta en dos regímenes fundamentales, el seguro de invalidez, vejez y muerte ( conocido como el seguro de pensión ) y el seguro de salud

Nuestra Constitución Política en su artículo 177 establece que el Seguro de Salud debe ser universal y cubrir a todos los habitantes del país en cuanto a la atención integral de la salud; prestaciones en dinero así como prestaciones de carácter social.

Dados estos principios, es de interés solidario revisar la evolución en el tiempo de los cotizantes y los montos cotizados, los cuales están en función del salario promedio mensual reportado.

Con dicho propósito, se presenta el cuadro siguiente en donde se analiza la evolución en cuanto al número de trabajadores que cotizan a este seguro y sus salarios promedios reportados, desde diciembre del 2017 a diciembre del 2019.

El primer elemento que salta a la vista es que según el INEC, la población ocupada en el país es de 2.2 millones en el cuarto trimestre del 2019, pero vemos que solo un 81% de los mismos cotizan al seguro de salud, lo cual hace que las cifras recaudadas vayan reduciéndose en el tiempo.

De igual forma se observa que las tasas de crecimiento de los cotizantes se asemejan al crecimiento anual de la población ocupada.

Si se divide la población cotizantes por sector de ocupación al cual pertenece, se concluye que un 18% del total de cotizantes corresponde al sector público, siendo que en el Gobierno Central pertenecen 146 mil personas y en las Entidades Autónomas un total de 177 mil, es decir, un acumulado de 323 mil colaboradores.

Además, a pesar de los discursos de austeridad y control del gasto público corriente, es evidente que la cantidad de empleados del sector público no se reduce sino que tiende a crecer, por lo que los discursos de congelar plazas o no sustituir las plazas que se retiran, pareciera que en la práctica no es así.

A nivel de los empleados de la empresa privada se ve que en los últimos años el crecimiento ha sido menor al crecimiento real de la producción, lo cual puede ser reflejo de una mayor austeridad en las contrataciones o bien si se observa la categoría de trabajadores independientes, podría estarse dando una migración de asalariado de empresa privada a trabajador por cuenta propia.

En este tema es fundamental que la Junta Directiva de la Caja tome una decisión crítica para la sostenibilidad de este gremio pues hoy existe una doble cotización de estos trabajadores, al pagar como asalariados y también simultáneamente como patronos, lo cual genera una distorsión inequitativa respecto al resto de ocupaciones sin ninguna justificación técnica.

Si el análisis se lleva ahora a la base de las cotizaciones, los salarios promedio mensuales, vemos que en diciembre del 2019, a nivel país, el salario promedio es de 610 mil colones y ha venido creciendo en los últimos dos años a tasas mayores al nivel de inflación, con lo cual, los salarios reales o el poder de compra de la población cotizante a este seguro, se ha visto incrementada.

Llama fuertemente la atención que los mejores salarios promedio se obtienen en las entidades autónomas y el Gobierno Central, tema ya analizado en profundidad a consecuencia de una seria de incentivos o beneficios conocidos como los pluses salariales y que la ley 9635, conocida como Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, aprobada en diciembre del 2018, empieza a poner en orden en su título III.

Sin embargo, es evidente que aún hace falta estandarizar y racionalizar puestos, calificaciones y remuneraciones entre las más de 350 entidades del sector público y por eso es esencial la presentación de la nueva Ley de Empleo Público que el nuevo Ministro de Hacienda recién ofrecio presentarla a fines de marzo de este año así como una propuesta de reforma del Estado que busque consolidar, fusionar, eficientizar o como don Ottón Solís lo denominó en su proyecto de ley, CERRAR, que extrañamente en esta administración se decidió más bien ENTERRAR.

Llamó poderosamente la atención que en la interpelación del Sr. Ministro de Hacienda en el Congreso,afirmara que con la nueva Ley de Empleo Público y una mejor gestión administrativa del Gobierno Central, su estimación es de un ahorro anual de $ 630 millones, cerca del 1% del PIB. Hay que esperar el detalle de este dato y sus orígenes pues no se había hablado de esta magnitud en borradores de proyectos de esta ley anteriores.

Si se debe reconocer que los porcentajes de crecimiento de los salarios promedio del sector público en los últimos dos años han sido inferiores a la inflación, con lo cual, ha habido una reducción en el poder de compra de este segmento de la población.

En cuanto al sector privado, el salario promedio reportado es de 572 mil colones y se observa un crecimiento real en los mismos.

Comparativamente se concluye también, que la relación de salarios del sector público al sector privado es de prácticamente el doble, con lo cual, según la teoría económica, la productividad debería ser también el doble para justificar ese diferencial.

Sin embargo, no es justo sacar esta conclusión con solo estos números agregados, pues al tratarse de promedios no se tienen los datos de tipos de ocupación, niveles académicos, experiencias, etc. En lo personal, si me parece que la Caja debería hacer un esfuerzo de profundizar aún más en este análisis y abrir con más detalle esta información, para que con una visión país, se puedan identificar donde existen ineficiencias; abusos; remuneraciones no justificadas, pues el país no está en este momento para seguir sosteniendo goyerías o privilegios de determinados grupos o gremios que apegados a conceptos de autonomías mal entendidas, tratan de separarse del resto de los mortales para justiicar lo injustificable.

Espero que este artículo sirva como una primer base de discusión y crítica constructiva, a fin de mejorar las condiciones salariales del país que estén en función de productividad, eficiencia, valor agregado y eliminar por el contrario, niveles de ingreso que no corresponden al esfuerzo o calificación del puesto ejercido.

De igual manera, la Caja debe flexibilizar sus criterios e incluso pensar en una amnistía para que trabajadores o empresas que se encuentran en la informalidad, se incorporen como cotizantes del seguro de salud y del seguro de invalidez, vejez y muerte, si queremos que estos pilares de la justicia social en el país, perduren en el tiempo.

Total de empleados a diciembre de cada año, miles