Es iluso partir de la premisa de la buena voluntad y el compromiso con el “bien común” de los burócratas

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La revolución de Ottón

Ottón Solís es, sin lugar a dudas, uno de los políticos más valiosos del país. La fuerza de sus convicciones, a menudo tachadas de intransigentes, representa su principal capital político-moral. Desde la Asamblea no ha cejado en denunciar los desaciertos y extravíos, tanto del gobierno como de su partido.
De ser el fundador y verdadero arquitecto del PAC, ha pasado a ser no pocas veces menospreciado por personajes mediocres y arribistas dentro de la misma agrupación que él, con tanto ahínco, contribuyó a formar y consolidar.
Dicho esto, debo decir que no comparto con don Ottón ni su estatismo ni sus prejuicios contra la economía de mercado. Menos aún me identifico con su afán fiscalista por aumentar los impuestos como supuesta solución a los problemas del desarrollo.
La última vez que lo escuché en un conversatorio realizado en el Club Unión, don Ottón afirmaba que su programa político no era ‘ideológico’, sino una suerte de revolución ética y de la eficiencia. Para él, el origen de los males que nos aquejan no es consecuencia de tener un Estado demasiado grande, sino de que este aparato es manejado de forma ineficiente, sin responsabilidad y mística ciudadanas. Para Solís, con el Estado que ya tenemos, ni con más ni menos, pero administrado de manera proba y eficiente, lograríamos dar el salto cualitativo que exige tanto la administración de lo público como la prosperidad general del país.
Esta tesis, en un hombre de la inteligencia de Ottón, es —por decir lo menos— ingenua. El primer error radica en partir del hecho de que todos los funcionarios públicos, desde los más encopetados jerarcas hasta los empleados rasos, comparten los mismos y elevados estándares éticos que Solís encarna y defiende. La realidad, por el contrario, exhibe colores muy distintos. Es iluso partir de la premisa de la buena voluntad y el compromiso con el “bien común” de los burócratas; esto es así, aquí o en Suecia, pero más todavía en un país como el nuestro donde un arraigado clientelismo político ha cincelado un perfil de funcionario público esencialmente preocupado por la satisfacción del interés propio y de los suyos (nepotismo), y solo en un último, débil y recóndito lugar —cuando existe— por la persecución de los “intereses generales” (vaga y engañosa abstracción) de la población.
En un entorno que favorece de forma significativa la corrupción en el sector público, a través de incentivos y mecanismos perversos, no es otro el resultado que cabría esperar.
Si no le es del todo ajena, convendría que Ottón estudiara un poco de la teoría del public choice, en aras de caer en cuenta que, actores políticos y empleados públicos en general, son individuos de carne y hueso que buscan maximizar su propio interés como lo haría cualquier otro sujeto en un entorno competitivo de mercado. Una golondrina no hace verano, así como tampoco uno o varios funcionarios ejemplares en una oficina de gobierno.
La solución a los problemas que nos aquejan como sociedad no se logrará ni con revoluciones ciudadanas de tarima, ni con clases de educación cívica. Una verdadera y efectiva solución solo puede provenir de la reducción del ámbito de injerencia, discrecionalidad e influencia del Estado, lo que potencie, a su vez, el músculo de la sociedad civil. Solo a través del mercado y los valores de eficiencia, responsabilidad y productividad que necesariamente vehiculiza, será posible a largo plazo dar ese “salto ético” tan anhelado por don Ottón y la mayoría de nosotros.

Iván Villalobos Alpízar

Profesor UCR