La importancia de la claridad

Hace pocos días la Contraloría General de la República presentó ante el Congreso su Memoria Anual para el ejercicio económico 2014.
Sobre esa presentación se ha hablado mucho en diversos medios, sin embargo, a mi criterio lo más rescatable es la claridad con que la Contralora señaló los vicios de la administración pública. Entre otros, los siguientes.
De conformidad con lo regulado en el artículo 181 de la Constitución Política, la Contraloría debe dictaminar el presupuesto ordinario y los extraordinarios y remitirlos a la Asamblea para su aprobación o rechazo definitivo. En el caso concreto, la Contraloría no avaló el presupuesto por diversas razones.
Por una parte, la partida de remuneraciones del Ministerio de Educación Pública no le generó confianza a ese órgano. A su criterio, no hay certidumbre con respecto a su exactitud e integridad, pues existe la posibilidad de que el sistema de planillas siga generando pagos de salarios inflados. Según la Contraloría, en 2014 se pagaron casi ¢4.200 millones de más, y esa situación puede seguirse presentando hoy. Una situación similar se presenta con el régimen de pensiones del Ministerio de Trabajo.
Estas situaciones son intolerables tomando en cuenta la situación fiscal del país.
El hecho de que este, o cualquier otro Gobierno, no tenga en orden sus cuentas es una irresponsabilidad que no puede ser excusada, pero lo más grotesco es que producto de ese desorden se estén beneficiando económicamente funcionarios públicos.
Por otra parte, la Contraloría señaló la violación del artículo 6 de la Ley de la Administración Financiera que dispone que no se pueden financiar gastos corrientes con deuda.
Esta situación la señalamos ya hace casi cinco años en este espacio, (29 de julio de 2010, “Déficit fiscal, contención de gasto público y reforma fiscal”), y resulta evidente que sigue siendo práctica usual. La misma resulta una consecuencia lógica del rampante aumento del gasto del Gobierno central, el cual continúa endeudándose para pagar salarios, pensiones y beneficios.
En ese sentido, la Contraloría señala su preocupación según el mayor crecimiento de los gastos en relación con los ingresos y al respecto indica que “es inaplazable poner freno a la dinámica del gasto corriente y buscar mecanismos para contener y garantizar la eficiencia del gasto público”.
Tomando en cuenta todo lo anterior, nos preguntamos, ¿en que serán invertidos los dineros que provengan de una eventual reforma fiscal?
No parece justo exigirle a la sociedad civil un esfuerzo adicional si no existe claridad en la forma en que se invierten los dineros del erario público. Adicionalmente, al ritmo que han venido creciendo los gastos del sector público, los mismos consumirán en un corto plazo el ingreso adicional generado por una reforma fiscal.
Así, debemos hablar igualmente claro: una reforma fiscal no es una carta en blanco para el Gobierno. Esta debe ir acompañada de un esfuerzo serio y medible que tienda a disminuir el gasto público.

Randall Madriz
Abogado tributario
Randall.madriz@pachecocoto.com

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