Miguel Angel Rodríguez

Miguel Angel Rodríguez

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Lunes 20 Mayo, 2013

El régimen de derechos humanos en Costa Rica ganaría mucho con el apoyo de la nueva Presidenta de la Corte y de la Corte Plena a estas recomendaciones de los notables


Disyuntivas

La Corte y los derechos humanos

La Señora Presidenta de la Corte ha ganado un gran honor con los servicios dignamente prestados al Poder Judicial y ahora asume la trascendental tarea de guiar y dirigir nuestro sistema de justicia inspirada en la observancia fiel de los derechos humanos.
Por eso como ciudadano, como abogado y como sujeto de ese sistema me atrevo a recordar los cambios que los notables convocados por la Sra. Presidente Chinchilla han recomendado en este campo.
Específicamente las propuestas presentadas señalan con relación a la gestión administrativa del Poder Judicial:
“Se deberán aprobar cambios generales en el Poder Judicial para que los Magistrados se ocupen de impartir justicia sin involucrarse en temas de microadministración.
Los jerarcas del Ministerio Público, el OIJ y la Defensa Pública deberán presentar, para su aprobación o no, informes semestrales ante la Corte Plena.
Las investigaciones del Ministerio Público deberán tener plazos razonables para su conclusión, taxativamente determinados por ley. Los plazos actuales y los de los casos de tramitación compleja deberán reducirse, independientemente de los plazos de prescripción de los delitos investigados.
Los fiscales, los defensores públicos, los jerarcas del Ministerio Público y los funcionarios del OIJ deberán seguir una carrera profesional específica y no podrán desempeñarse alternando como jueces penales mientras ejerzan el cargo”.
Estas propuestas atañen directamente a la preservación de los derechos humanos en nuestra patria que demanda que sus jueces supremos se dediquen a impartir justicia; que la Corte Plena controle las actividades de las entidades sometidas a su control y que pueden de manera muy directa afectar con sus acciones u omisiones los derechos humanos fundamentales de los ciudadanos; que no sea irrazonable y arbitraria la duración de investigaciones contra las personas; y que “es fundamental para la eficacia y el funcionamiento equilibrado de la justicia penal la separación clara y permanente entre quienes juzgan y quienes investigan y acusan” pues “La especificidad en las funciones de cada sector debe protegerse”.
La Señora Presidente de la República no incluyó ninguna de estas recomendaciones en las propuestas de ley del Poder Ejecutivo basadas en ese informe, y con relación a la justicia solo elaboró un proyecto en relación con la sala y jurisdicción constitucionales. Supongo que tal acción obedeció al deseo de respetar al extremo la independencia de poderes y dejar a la Corte Suprema de Justicia y a la Asamblea Legislativa las tareas de iniciativa y aprobación en esta materia.
Para que esa iniciativa pueda en consecuencia darse con el apoyo del Poder Judicial, sería preciso que la Corte Suprema de Justicia estudie y resuelva si acoge estas recomendaciones y las sugiere a la iniciativa del Poder Ejecutivo o a la iniciativa y aprobación de los señores diputados.
El régimen de derechos humanos en Costa Rica ganaría mucho con el apoyo de la nueva Presidenta de la Corte y de la Corte Plena a estas recomendaciones de los notables.

Miguel Ángel Rodríguez