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Martes, 20 de noviembre de 2018



COLUMNISTAS


La competitividad como política de Estado

Mónica Araya [email protected] | Martes 09 septiembre, 2014


¿De qué sirve aumentar el número de tratados de libre comercio… si no aseguramos una permanente optimización de la competitividad?


La competitividad como política de Estado

(Parte I)

En el informe presidencial de los 100 días a muchos analistas les llamó la atención el claro mensaje de apoyo a un crecimiento al sector privado como medida de empleo y desarrollo económico para el país.
No porque fuera una locura, sino por las reacciones de algunos sectores o dentro del mismo PAC con sus ya marcadas diferencias.
Lamentablemente en el informe no venía descrito el “CÓMO” y algunas declaraciones posteriores contradicen esta propuesta .
“El que seamos un país caro para producir no puede ser de orgullo nacional. Si a la empresa privada se le exige ser eficiente y competir en mercados abiertos; con mayor razón el sector público debe ser eficiente y competitivo.
¡Esa debe ser su premisa!, al fin y al cabo, están administrando fondos públicos y aún más importante, son los responsables de la estabilidad o inestabilidad de todo un pueblo”.
Creo que hoy ha ganado terreno la necesidad de una robusta ley de responsabilidad y transparencia fiscal; de la misma manera debemos procurar que la mejora en la competitividad se incorpore como parte del sentido común económico y se institucionalice formalmente. Esto no quiere decir tener un nuevo ministerio o instituto, pero sí una verdadera gestión de gobierno que contemple al menos los siguientes componentes:
1. La mejora en la gestión estatal: Esto implica definir objetivos claros sobre las funciones que debe cumplir el Estado, sobre esta base determinar los recursos materiales y humanos necesarios así como desarrollar una indispensable reingeniería de procesos y costos buscando la optimización de estos donde la simplificación debe ser primordial.
2. La provisión de infraestructura que involucra mejorar la conectividad, oferta energética etc., donde dadas las limitaciones del monto de inversión pública es indispensable promover asociaciones público-privadas como alternativas.
3. El acceso a servicios financieros a costos competitivos, y en este caso resulta que no obstante la existencia de libre iniciativa privada, hoy una parte importante de la demanda de servicios por ejemplo de las Mypes no es atendida; en este mismo componente se incluye la inversión en innovación y desarrollo tecnológico así como la mejora en la calidad de la educación.
4. La aplicación de políticas públicas, promotoras de sectores en los que tenemos ventajas competitivas, priorizando las intensivas en el uso de mano de obra.
Esta relación de componentes tendría limitadas probabilidades de efectiva realización, si por un lado el empresariado y las universidades no se integran en una consensuada estrategia orientada a ganar productividad, estrategia que se plasma en un realista plan con recursos y metas predefinidos y ordenados en el tiempo.
Al final, por ejemplo, ¿de qué sirve aumentar el número de tratados de libre comercio que nos abren la posibilidad de acceso a mercados más grandes, si no aseguramos al más alto nivel, una permanente optimización de la competitividad?

Mónica Araya E.