La U pública, enjambre de estigmas

El imaginario que se ha venido construyendo de la educación superior pública se ha cimentado en el estereotipo de la anomia institucional. Desde esa lógica, prácticas particulares se generalizan como desenfrenos constantes y propios de la cultura institucional universitaria costarricense.

Partiendo de la presunta existencia del pecado original, este tipo de situaciones se atribuyen con apenas unos ciertos y falsos. En razón, invitamos a reflexionar sobre el exotismo y morbo con que se tiende a mirar a las universidades públicas.

Lo anterior se evidencia y confirma, en las sistemáticas retóricas que las inculpan del complejo enmarañado de problemas que asechan al país. Así, basados en prejuicios preconcebidos y adjetivaciones negativas se entroniza la idea que estas instituciones son chivos expiatorios y víctimas propiciatorias.

Estigmas. Para tales efectos, se han erguido como disparadores de estigmatización las nociones históricas y los elementos identitarios esenciales que dan soporte a las universidades públicas. Especialmente, voces escépticas de la Academia Pública incitan a valorar a la institucionalidad universitaria como nudos equívocos y “quiste social”, que altera y obstaculiza el nuevo modelo “hegemónico” de desarrollo diseñado para el país.

En general, las universidades públicas han sido estigmatizadas y criminalizadas como entes voraces y hasta mafiosos. Por ende, el discurso tendencioso se ha encargado de propagar un filón de interpretaciones sesgadas y sui generis, que denigran las cualidades racionales que las ha distinguido. Dicha aversión se ha incrementado con la altivez de algunos sectores, que muestran ingente incapacidad en reconocer las marcas positivas del quehacer universitario costarricense, que por antonomasia está inspirado en altos principios sociales y humanísticos.

Loable. A según balance, los cuestionamientos emanados en detrimento de las universidades públicas apuntan que sus aspiraciones se encuentran caducas e hipotecadas. No obstante, esas aseveraciones distan bastante de la realidad, ya que aún se mantienen vigentes como referente de oportunidades que favorecen la expansión y la movilidad social.

En tanto, poblaciones relegadas, con necesidades educativas y condiciones culturales especiales, son beneficiadas con el otorgamiento de becas que les permiten realizar estudios superiores. Basta visitar cualquier parte del país para confirmar el uso responsable y el aprovechamiento de recursos disponibles, los cuales se canalizan en programas académicos que expanden el conocimiento; del mismo modo, conjunto de iniciativas que fomentan la cultura y el desarrollo nacional.

Por consiguiente, es lamentable que pese las universidades públicas sean las instituciones más creíbles, algunos se empeñen en socavarles. Ante este asedio, resulta merecido exaltar, entonces, la contribución que brindan a la democratización de la educación, al desarrollo científico, social, cultural, económico, entre otros. Esencialmente, hay que apreciar la ingente proyección social en colaborar a resolver los diferentes problemas que enfrenta la sociedad actual. Con ese afán, la prerrogativa universitaria por el contrario, coadyuva a solucionar problemas y mejorar la calidad de vida y bienestar de la sociedad.

Vale recalcar que las universidades públicas basadas en la formación integral de diferentes áreas del saber y el concepto de conocimiento universal; forman personas adaptables, versátiles y capaces de reaccionar con sentido crítico y constructivo sobre los problemas actuales. Por ende, es destacable que han sido cautelosas de no caer en “modas” centradas solo en el crecimiento económico y la especialización promovida por el pragmatismo circunstancial del mercado que draga áreas indisolubles del saber.

Nuevos tiempos. No se puede omitir la cultura evaluativa institucional emprendida que les obliga a participar en procesos de autoevaluación y acreditación. Máxime, abocados a examinar la funcionalidad y pertinencia; lo cual ha derivado con suma objetividad a realizar acciones sustantivas, ajustes y renovaciones necesarias.

Así las cosas, la institucionalidad universitaria pública no puede mirarse como un servicio común y corriente, bien sobrepasa como un derecho y prerrogativa para la sociedad, tal y cual lo reafirma entre otras, la Declaración de III Conferencia Regional de Educación Superior de América Latina y el Caribe (CRES) celebrada en el 2018.

Alonso Rodríguez Chaves

Historiador

Coordinador Cátedra

arodriguez@uned.ac.cr