La trampa de la informalidad para el trabajador independiente

Cuando hablamos de un trabajador informal en Costa Rica usualmente lo relacionamos con aquel que no reporta su actividad ante el Ministerio de Hacienda o que no le cotiza ante la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), ya sea para el seguro de salud (SEM) o pensión (IVM). Esta definición se podría ampliar aún más, pero para términos prácticos es suficiente.

Por consiguiente, la informalidad laboral tiene tres consecuencias directas fundamentales. Primero, el Gobierno no recolecta los impuestos correspondientes a esas actividades. Segundo, la CCSS no recibe las cuotas de esos trabajadores. Tercero y más importante, los más de 929 mil ciudadanos trabajadores (y sus familias) que no están protegidos contra las emergencias de salud y tampoco tendrán el beneficio de una pensión cuando envejezcan.

Históricamente, en el país hemos sostenido cifras preocupantes de informalidad. Durante el 2018 promedió el 44% del total de costarricenses con empleo y para el 2019 se colocó arriba del 46%. En el 2020 sufrió drásticos altibajos, evidenciando la gran vulnerabilidad que sufren las personas en esta condición ante situaciones de crisis. Y para marzo de este año (último dato disponible), se acumularon 929.110 trabajadores informales, equivalente al 47% del total de trabajadores del país.

Estos datos evidencian de forma clara la gravedad del problema; pero la situación se complica aún más cuando se analiza por separado la condición patronal.

De cada 100 trabajadores en el país, 74 son asalariados y 26 son independientes; de esos 74 con patrono, 52 son formales y 22 informales; pero de los 26 independientes, sólo 2 son formales y 24 son informales.

Esto equivale a una tasa del 93% de informalidad para los trabajadores independientes, mientras que para los asalariados la tasa es del 30%.

¿Por qué la afectación es mayor en los trabajadores independientes?

Son muchas las barreras que tiene que superar un trabajador independiente para formalizarse, como los trámites burocráticos, condiciones económicas, inclusive aspectos culturales; pero una de las razones más evidentes son los costos monetarios de mantenerse formal, por ejemplo, los costos de la CCSS.

Actualmente un trabajador asalariado debe devengar de su salario el 10,5% (fijo) para pagar las cargas sociales, que incluyen un 5,5% al SEM, un 4% al IVM y un 1% al Banco Popular.

Mientras que el aporte del trabajador independiente se mide con una regla diferente, de manera escalonada y llegando a alcanzar una tasa de 18,62%. Es decir, para el trabajador independiente es mucho más caro ser formal que para el trabajador asalariado.

Esta situación ha provocado que 9 de cada 10 trabajadores independientes caigan en la trampa de la informalidad; donde salirse es sumamente costoso, y quedarse los condena a renunciar a sus garantías sociales. Establecer una tasa máxima de 10,5% para todos los trabajadores es una necesidad para combatir la informalidad en el país.