La tragedia de las remuneraciones en el sector público

Natalia Díaz natdiaquin@gmail.com | Jueves 23 noviembre, 2017

La tragedia de las remuneraciones en el sector público

Hace mucho tiempo estamos preocupados por el crecimiento imparable, que representa para el Estado costarricense, el gasto correspondiente a las remuneraciones de los funcionarios públicos.

Existen normas constitucionales muy claras que respaldan la estabilidad e idoneidad del empleo público: el artículo 192 de la Constitución Política; normas legales como el Estatuto de Servicio Civil y toda la legislación ordinaria relacionada, como la Ley de salarios del sector público del país, Ley general de presupuestos y la normativa que reglamenta la Secretaría Técnica de Autoridad Presupuestaria, todas relacionadas con este tema.

Este vasto marco normativo apunta en dos direcciones: por un lado hacia la estabilidad en el empleo público y por otro, hacia la regulación de todo lo atinente al empleo público por los entes especializados, incluidos los incentivos salariales.

Existen organismos internos y externos que nos han venido mostrando la agudización de este inconveniente para el país, igual que sobre otros importantes temas como las pensiones, la deuda pública y los ingresos tributarios.

La diversidad de normas, la multiplicidad de interpretaciones administrativas, los diferentes criterios jurisprudenciales y las múltiples relaciones que se dan entre unas y otras son los elementos que con el paso del tiempo, se han convertido en esenciales para hacer cada vez más difícil el manejo del tema salarial.

Esta complejidad nos la recuerda la misma OCDE en uno de sus informes. Además, somos expertos no solo en hacer difíciles las cosas, sino también en buscar los mecanismos que nos lo intensifiquen. Toda esta situación viene profundizándose dentro de un espacio de enorme deterioro en las finanzas públicas, con lo cual es aún más urgente su atención. El país arrastra por años una situación cada vez más acongojante y sobre la cual nada se está haciendo.

En el último análisis sobre la materia que como informe presenta la Contraloría General de la República, se indica que de los montos que gasta el país en la planilla del Estado, los incentivos salariales son los que representan un monto superior al monto de las remuneraciones básicas. Es decir, que lo que inició como una vía para equiparar o mejorar los salarios más bajos, y para reconocer esfuerzos particulares o gastos especiales, ha ido creciendo tanto que supera la planilla estatal en sus salarios o remuneraciones base.

Estos, junto a sus respectivos incentivos salariales, nos están poniendo en un mal predicado sobre la capacidad financiera del Gobierno para seguir haciendo frente a este apartado con las condiciones de ingreso que tenemos vigentes. También, esto nos muestra cómo una alternativa absolutamente complementaria se ha convertido en esencial, o de mayor impacto en la conformación general del salario del funcionario público.

Esta situación la ha mostrado el órgano contralor en todas las instituciones estatales. Para el presente año, el Gobierno central, las instituciones descentralizadas y las municipalidades han presupuestado muchos más recursos para el pago de los incentivos, que para el pago de los salarios base, lo cual ratifica —según señala el órgano contralor— el impacto ascendente que ello está significando en las finanzas públicas en general. En las instituciones públicas financieras esa situación se ha revertido con la aprobación y puesta en ejecución del salario único.

Ante tan enorme preocupación, han surgido variadas alternativas de ley. Muchos proyectos referentes al empleo público están en la corriente legislativa, con mayor y menor alcance. No obstante, estos permanecen en su trámite con relativo avance y poco acuerdo general sobre la forma correcta y efectiva de regular la materia. Es en este orden de cosas que hace falta mayor nivel de decisión política para acercarnos a soluciones de largo alcance, aunque sus resultados se requieran con prontitud. A los diputados nos asiste una importante cuota de responsabilidad para discutir esta temática con profundidad y sentido patriótico, ante la realidad económico-financiera que vive el país.

Además de los proyectos, los gobiernos, en la desesperación por el crecimiento desmedido de este rubro, han satisfecho su conciencia emitiendo algunas directrices que no han pasado a más, pues su impacto es marginal y no principal.

Por ello, resulta vital establecer un equipo técnico-político, multipartidario e interinstitucional, que se aboque a plantear acciones concretas para reordenar el tema salarial en el sector público, que puedan plasmarse en propuestas reglamentarias y legales y administrativas, debidamente consensuadas, y así podamos mostrar como sociedad, que somos capaces de juntarnos, de estudiar, de decidir y de actuar.

Solo de esta manera podríamos salvar nuestra responsabilidad política ante la presente y futuras generaciones.

Por ello, no creo que por la vía de mayores y nuevos impuestos pueda cerrarse la enorme brecha fiscal que tenemos. La conformación de una nueva estructura salarial es prioritaria al establecimiento de más ingresos injustos, recesivos, y cargados a la clase consumidora como se pretende.

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