La ruta fiscal

La ruta fiscal

Primero debo hacer un reconocimiento a la administración Alvarado y a la Ministra de Hacienda. La propuesta en materia de gasto recién presentada y cuya ejecución ya iniciaron con algunas medidas, ha sido criticada por ser incompleta e insuficiente, pero debo afirmar que es la más contundente y de mayor alcance que se haya presentado desde que se inició el presente desequilibrio fiscal. Los grupos afectados por los recortes (o desaceleración del crecimiento de sus ingresos) organizan sus protestas, pues quisieran ver el costo del ajuste pagado por otros. Por su parte, la reforma de ingresos también ha generado reacción negativa de los afectados. Esta reforma de ingresos tampoco es óptima en su estructura ni por el monto que pretende recaudar; ha sido una negociación de mínimo común denominador entre las fuerzas en la Asamblea Legislativa (aprovecho para subrayar que este es el foro donde debe darse esta negociación, de acuerdo con nuestro modelo político de democracia representativa). Cabe recordar también que la propuesta de ingresos más completa fue la de Laura Chinchilla y Fernando Herrero, y que esta fue rechazada, en su momento, por el PAC. Las autoridades actuales han dejado claro y muchos analistas también que, en estos momentos, el escenario de ausencia de reforma fiscal nos conduciría a una crisis social y económica de grandes proporciones, en la cual los grupos sociales más vulnerables llevarían la peor parte. Sin embargo, en definitiva, a nadie le gustan los ajustes y consolidación fiscales. Por eso acometerlos requiere valentía política.

La senda de sostenibilidad fiscal la lograremos cuando el déficit alcance el 3% del PIB. La discusión es cuál es la mejor ruta. Algunos pretenden lograr una reforma que permita reducir el déficit proyectado de 7,2 - 7.7% al 3% en una consolidación fiscal de shock, donde el conjunto de medidas por el lado de los ingresos y de los gastos sumen más de un 4% y se logre en el periodo más corto. Sin embargo, los costos en términos de una posible recesión, aumento del desempleo y de la pobreza serían elevados y, arriesgarían también que se concrete una contrarreforma.

El presidente Alvarado ha manifestado su preferencia por la gradualidad cuando ha dicho que espera que el déficit se sitúe en el 3% en su cuarto año de mandato. El plazo es razonable. Además, el apoyo financiero de los bancos de desarrollo, a cambio de la concreción legislativa y ejecutiva de las reformas anunciadas, mejorarían el perfil de la deuda y permitirían hacer obra de gobierno (lo cual disminuiría el efecto recesivo).

El mayor riesgo de la propuesta del enfoque gradual es que rápidamente podría presentarse una fatiga del ajuste y se diluya la voluntad de continuar con la reforma. Cabe destacar que, si el primer esfuerzo rondara un 2% del PIB (ingresos, recortes y congelamiento de gastos), esto significaría que, en el futuro, serían necesarios esfuerzos adicionales por, al menos, una magnitud similar. De tal manera que debemos poner en perspectiva que la reforma fiscal, por años postergada, ha aumentado en su magnitud producto, precisamente, de ese atraso. Hoy nos costará más y mañana, aún más, pues de materializarse un nuevo aplazamiento, por intervención de cualquiera de los tres poderes, esta vez, nos llevaría a una gran crisis económica.

En este marco de compromiso con un enfoque gradual a la reforma fiscal, me parece importante que la Asamblea Legislativa apruebe la reforma fiscal propuesta, pero también que le otorgue al Poder Ejecutivo las facultades para que este pueda enfrentar con mayor decisión los disparadores del gasto. Esto significa, entre otros cambios legales, la flexibilidad para modificar las partidas con destinos específicos y una regla fiscal que le permita continuar con la consolidación fiscal. Solo así podría analizarse nuevamente, en el tercero o cuarto año de la administración Alvarado, en caso de ser necesario, el lado de la ecuación de los ingresos para continuar con la modernización tributaria. En definitiva, todos debemos comprender que ajustes y consolidación fiscales de un 2% del PIB son pesados para cualquier país, y del 4% (como deben ser los nuestros) es un esfuerzo mayúsculo que requerirá el aporte y sacrificio de todos. La alternativa no es siquiera contemplable.