La revisión del aparato estatal costarricense

La revisión del aparato estatal costarricense

Desde hace muchos años, el costarricense viene expresando enormes preocupaciones sobre el crecimiento del Estado costarricense, su eficiencia y eficacia.

Somos un país de modestos recursos, con gran dependencia de la agricultura, de los servicios y del turismo, especialmente. Además, Costa Rica apostó por un esquema de desarrollo muy ligado a los programas de bienestar social, con grandes inversiones en educación y salud, y enormes limitaciones económicas para temas de infraestructura y grandes proyectos de inversión.

Ello ha implicado que el aparato estatal nuestro ha ido creciendo de manera desproporcionada y desordenada con relación a nuestras posibilidades de país pobre en vías de desarrollo. Mucho de ello ha sido producto del papel de los partidos tradicionales a lo largo de años, siendo que tanto Liberación Nacional —en mayor grado— como la Unidad Social Cristiana, son responsables directos de la aguda crisis que muestra la hipertrofia estatal.

Abundantes instituciones que en la segunda mitad del siglo pasado vieron la luz, sumaron en la expansión del Estado. Desde el Poder Ejecutivo o poder central, hasta las instituciones descentralizadas, como también desde un entramado institucional de otros organismos adscritos, u órganos de interés público, que de una u otra forma nos tienen en una aguda situación económica.

Recientemente el reconocido constitucionalista Rubén Hernández Valle, en una carta pública, señala a los candidatos presidenciales, algunos temas que califica como vitales para enfrentar el gasto público desmedido y lograr presupuestos equilibrados. Entre ellos señala la urgencia de una revisión al aparato estatal.

Coincido con el Dr. Hernández Valle en que sí es importante, a través de la vía más expedita, revisar el quehacer de todas las instituciones públicas vinculadas al aparato estatal. Lo anterior debe hacerse con gran sentido técnico de los investigadores y analistas, pero también acompañado de una seria valoración política de los diferentes actores del país y con una responsable participación de los poderes Ejecutivo y Legislativo. Todo lo cual debe llevarnos como país a conocer de manera actualizada y completa, la vigencia de los objetivos y acciones que realiza cada una, para la atención de las necesidades más apremiantes de los costarricenses.

Un ordenamiento del aparato estatal es urgente para determinar las actividades o funciones que realizan las instituciones y sus verdaderos o reales aportes al desarrollo social, económico, político, cultural y ecológico.

Esto significa que una sociedad como la nuestra, debe priorizar sobre el tipo de instituciones que requiere y en especial, sobre qué temas y actividades debe reservarse al Estado para que tenga un rol determinante. Es necesario afirmar que para estos tiempos, ya no se justifican actividades en manos estatales y bien debieran buscarse esquemas mixtos, de participación conjunta con organizaciones de la sociedad civil. Esto podría llevar a una verdadera racionalización del aparato estatal, lo cual implica todo un ajuste de la carga para las finanzas públicas, para los costarricenses. Por su parte, habrá que determinar dónde hay duplicidades, o esquemas de organización administrativa deficientes o superados por las modernas tecnologías, y dónde unas funciones pueden ser incorporadas, fusionadas o subsumidas en otras.

Todo lo anterior implica la realización de importantes reformas legales para la eliminación de instituciones ya innecesarias, o la eventual fusión con otras, y de paso el diseño de las mejoras, que para una verdadera racionalización del aparato estatal, son imprescindibles en aras de una mejora esencial en el quehacer del Estado costarricense.

Como legisladora comprometida con los destinos del país que tanto amamos, ratifico el compromiso en temas vitales, para un auténtico diseño de un Estado proporcional con el tamaño y con los logros más importantes, así como aquellas necesidades más preciadas para los costarricenses.

Natalia Díaz Quintana

Diputada