La responsabilidad política
Luis Alejandro Álvarez redaccion@larepublica.net | Jueves 30 mayo, 2019
El sistema presidencial bajo el cual se riege el Estado Costarricense impone a los funcionarios de todo nivel responsabilidades correspondientes al ejercicio de su cargo.
Sea quien emite una certificación en una oficina pública, Ministros, e incluso el Presidente de la República, les corresponde una responsabilidad ineludible por imperio de ley, sobre sus actuaciones u omisiones.
Entre más alto el rango del funcionario, mayor tiene incidencia el resultado de sus posibles faltas en el quehacer nacional.
En el sistema Presidencial, que tiene plazos definidos para el ejercicio del cargo de los funcionarios de elección popular como el Presidente y los Diputados, también hay una responsabilidad política que va inherente al ejercicio de su cargo, sin embargo nuestra Constitución no establece ningún régimen sancionatorio para ellos que llegue a generar una destitución de su cargo.
En un sistema parlamentario, cuando se desata una crisis política, o un escándalo, dependiendo el impacto que ésta tenga en la gestión de los Jefes de Gobierno, ésta puede llegar a provocar la caída del gobierno.
En el 2016 el Primer Ministro británico que convocara al referendum del BREXIT, en el Reino Unido, dimitió por apoyar éste la opción perdedora, y en los últimos días la Primera Ministro Theresa May, por no haber tenido éxito en sus gestiones para negociar una salida de la Unión Europea aceptable.
Con ocho años de Administración Liberacionista, y con hechos que se denunciaban como actos de corrupción, que se acumularon durante esos dos periodos, y apoyado por una batería en redes muy activa el entonces candidato del PAC, compartió en redes sociales una fraze firme y crítica: “En este país no hay “responsabilidad política”, en países europeos el mínimo escándalo sería una renuncia del gobierno en pleno.”.
Las arenas del tiempo han ido cubriendo esas manifestaciones, de quien llegara a ocupar el cargo de Presidente de la República.
Mas no solo el paso del tiempo la hizo quedar sino que también acciones o inacciones del Ejecutivo a cargo del autor.
Nuestro sistema no nos permite una renuncia en pleno del gobierno, pero si hay normativa, leyes vigentes para tales efectos, así como mecanismos para establecer la responsabilidad de los funcionarios, quienes faltan a su deber, y quienes por omisión comprometen el estado de una u otro forma.
La Administración Solís Rivera, estuvo acompañada de muchos ejemplos en los cuales se pudo haber buscado adpatar la rigidez y el sentido lapidario de la frase externada al calor de una campaña, pero que no por eso dejó de comprometer a su autor.
Desafortunadamente esa frase, con el pasar del tiempo, quedó demostrado que no fue más allá de una simple manifestación en redes, y los ejemplos sobran.
El escándalo del “cementazo”, que hasta nos dejó para la historia las imágenes de un Presidente visiblemente molesto, indicando en tono amenazante a sus conciudadanos que “tenía identificados” a sus aparentes detractores, pues no había nada oscuro en tal operación comercial.
Hoy la Fiscalía avanza lentamente con la investigación del caso por lo complejo de éste.
Un caro escándalo, que no generó responsabilidad política para una administración de la cual personas del círculo íntimo del Presidente, hasta en la misma Casa Presidencial, se han visto involucradas.
Otro escándalo, que tampoco generó responsabilidad política alguna, pues pareciera que se buscó no saliera a la luz, hasta ya concluido en proceso electoral, y con las nuevas autoridades, las de la “Continuidad del Cambio” y del “Borrón y Cuenta Nueva”, establecidas en Zapote, es el denominado “hoyo fiscal”.
Un faltante de ¢900.000.000.000.00, (novecientos mil millones), el cual ha sido debidamente investigado por una comisión del Congreso de la República, como parte del control político que les correspode, cuyo dictamen mayoritario fue aprobado por una aplastante mayoría de 40 a 9 en el Plenario, donde se le atribuyen al ex Presidente y su ex Ministro de Hacienda, entre otros funcionarios, las responsabilidades por la falta de gestión y deciden poner en conocimiento al Ministerio Público.
La Fiscalía General tiene causa abierta, desde antes de la instancia de los diputados, contra el ex Presidente Solís Rivera, su Vicepresidente y ex Ministro de Hacienda, y a quienes les sucedieron en el cargo, y a otros funcionarios.
Los anteriores son sólo dos ejemplos de cómo esa “responsabilidad política” de efecto casi inmediato que existe en los países europeos, es un proceso lento en estas latitudes. Como tal no existe.
No carece de fundamento lo indicado por el entonces candidato en aquella vigoroza afirmación que nos compartió, posiblemente en son de broma en su momento.
Sería prudente establecer un mecanismo mediante el cual se pudiese establecer una verdadera responsabilidad política, donde los Ministros y el Presidente mismo puedan llegar a ser destituidos, por falencias en su gestión.
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