La reforma del INA: iniciar la transformación del Estado

Silvia Hernández Sánchez

Diputada

PLN

Desde la Asamblea Legislativa, hemos insistido en aprobar legislación que procure la innovación y la adaptación a las nuevas formas que las tendencias globales exigen. Aprobamos legislación relacionada con educación dual, teletrabajo, fortalecimiento de alianzas público-privadas en materia de concesiones, y prontamente una reforma a la ley de contratación pública, para sumar a una serie de proyectos que procuran modernizar instituciones y procesos en miras de los cambios en el mundo del sistema educación-trabajo.

La globalización, los cambios demográficos, la revolución tecnológica y las amenazas del cambio climático, como principales fuerzas de cambio, ponen a la institucionalidad pública ante el reto de repensarse de cara a un futuro incierto al que tendremos que enfrentar con las capacidades actuales y con las que podamos crear de manera paralela y en el corto plazo.

Instituciones como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) a la que recientemente nos hemos incorporado, el Foro Económico Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT), han advertido a los gobiernos de la urgente necesidad, de modernizar profundamente los sistemas educativos para hacer frente a las fuerzas del cambio que se imponen a nuestros tiempos.

Una de las capacidades fundamentales para nuestra adaptación corresponde a la formación profesional de los costarricenses, que hoy tiene como institución articuladora al Instituto Nacional de Aprendizaje (INA). El INA, es vital cuando exigimos generar empleos de calidad, contratar personas de alto nivel de especialización, pero también cuando insistimos en nuestra capacidad como Estado de responder a la demanda con carreras acorde a la transformación del mismo Estado y del mercado laboral.

El modelo de desarrollo que hemos instaurado en nuestro país, abierto al mundo e inclinado hacia el mercado de servicios, exige un INA capaz de formar de manera permanente a un número importante de personas en materias especializadas, con un alto componente tecnológico y con la impronta de las habilidades y capacidades más demandadas por el mercado laboral, que cambian y se redefinen de manera permanente.

Como país, a través de nuestros gobernantes, en 1965 tuvimos la visión de crear el INA. En el 2020 con una realidad sociopolítica distinta y cincuenta y cinco años después de su creación, tenemos la visión de discutir su transformación para responder a las exigencias de la revolución industrial 4.0. y potenciarla como piedra angular para el cierre de brechas en desarrollo humano, productividad y competitividad de nuestro país.

La propuesta de ley aprobada articula la transformación del INA, propone aportar a la resolución de los problemas de cobertura, impacto y pertinencia experimentados por la institución -ampliamente documentados- así como la adaptación al mercado laboral que vive acelerados cambios impulsados por las fuerzas de cambio globales. Ello en miras a que la oferta de programas pueda anticipar tendencias futuras, brindar herramientas a las personas para que sigan aprendiendo a lo largo de su ciclo de vida, de la mano con las competencias y habilidades que aseguren transitar de un perfil laboral a otro.

Entre los principales cambios propuestos a la Ley Orgánica del INA, se encuentran: 1) creación de un régimen de salario único, 2) la instauración de mecanismos ágiles como el administrar bienes en fideicomisos, 3) hacer más explícito el rol del INA para la inserción laboral de las personas, 4) crear la atribución de otorgar becas a personas para cubrir el costo de los servicios de formación y capacitación en instituciones públicas y privadas, y 5) mejoras en la administración superior de la institución, para la aclaración de roles y responsabilidades entre la alta gerencia y la Junta Directiva.

Estos cambios, corresponde valorarlos a la luz de otros proyectos más amplios, como el planteamiento de reformar integralmente el empleo público, así como la reforma integral a la Ley de Contratación Administrativa y el Sistema de Compras Públicas, esfuerzo multipartidista por remozar una ley trascendental para hacer más eficiente el gasto público.

A estas discusiones y en particular la de la reforma del INA, también corresponde incluir la valoración presupuestaria necesaria para ponderar prioridades de inversión, máxime en la situación económica en que el país y el mundo se encuentran sumidos, por la pandemia por COVID-19 y los importantes compromisos que como país estamos adquiriendo para tener acceso a recursos y gestionar nuestra deuda pública.

Esta ley que se ha construido para reformar el INA, debemos atenderla como una oportunidad de remozar una pieza fundamental en el engranaje educación–trabajo, y como una ventana hacia recuperar la capacidad de contar con instituciones que respondan a las demandas de la ciudadanía, como un primer vistazo hacia el llamado proceso de reforma al Estado.

A partir de ello, abogo por pensar la reforma al Estado no como un borrón y cuenta nueva de lo que hemos logrado, si no como la instauración de una cultura de constante transformación y adaptación de nuestras instituciones a las exigencias de las tendencias nacionales a internacionales, que nos permitan mantener un sitio destacado y de vanguardia en el concierto de las naciones.