Ennio Rodríguez

Ennio Rodríguez

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Martes 3 Abril, 2018

La política cambiaria

La responsabilidad de la política cambiaria recae sobre el Banco Central de Costa Rica (BCCR), a su vez regido por la Ley N°7558 de 1995. Esta ley define como objetivo central del BCCR mantener la estabilidad interna y externa de la moneda nacional y asegurar su conversión a otras monedas; así como otros objetivos subsidiarios, incluido el de promover el ordenado desarrollo de la economía costarricense. De la década de los 70 para acá, Costa Rica ha experimentado con tipos de cambio fijo, minidevaluaciones, flotación entre bandas y flotación administrada.

En la discusión de la agenda nacional, me correspondió representar al partido con la mayor fracción en la Asamblea Legislativa. Cuando llegamos a la política cambiaria hubo dos tesis: a. mantener la ley actual; y b. modificarla para colocar en igualdad de condiciones el objetivo de estabilidad de precios y el de promoción de la actividad económica. Sostuvimos y ganamos la votación para la primera tesis. No obstante, en el marco de las elecciones de 2018 se han esbozado, ya sea por personas o partidos políticos, distintas posiciones.

Tipo de cambio flotante. Esta política podría ser consistente con la Ley 7558; sin embargo, su idoneidad y conveniencia ameritan discutirse. Esta política significa que el BCCR no interviene en el mercado de divisas y deja que la oferta y la demanda determinen libremente el tipo de cambio. Tenemos un mercado de divisas pequeño y con asimetrías de información y poder de mercado. Las instituciones públicas tienen capacidad para incidir en los precios; por lo tanto, quienes tienen información de cuándo corresponden sus compras de divisas, podrían anticipar cambios de precios y obtener ganancias. También tenemos agentes de mercado (por ejemplo, con capacidad de transacciones mayores a las normales en un día completo) que podrían influir los precios a su conveniencia. Por estas y otras razones, no conviene dejar completamente al libre mercado la determinación de los precios y podría argumentarse que no es la manera más idónea para mantener la estabilidad.

Tipo de cambio neutral. Esta política pretende basar el precio de las divisas en el comportamiento relativo de los índices de precios interno y de sus principales socios comerciales (ponderados por su peso relativo en el comercio). El BCCR intervendría en el mercado para asegurar la neutralidad del tipo de cambio. Con la ley actual, la legalidad de esta política puede cuestionarse, por cuanto coloca como subsidiario el objetivo de estabilidad. En realidad, la política de minidevaluaciones tenía ese objetivo de neutralidad del tipo de cambio. En este marco, las intervenciones del BCCR deben ser cotidianas para compensar las variaciones del mercado que lo alejen de la relación de precios relativos. El problema radica en que el comercio de bienes y servicios no es el único determinante del tipo de cambio. Además pesan sobre el precio de la moneda, los movimientos de capital, originados por la inversión extranjera, repatriación de capitales y utilidades entre otros. Un factor muy importante también es el financiamiento del déficit fiscal que puede conducir a una apreciación de la moneda. Si este se financia en moneda local, tiende a generar un aumento de la tasa de interés, lo cual se puede asociar con influjos de capital para tomar ventaja de esta. Si se financia en moneda extranjera, su conversión por parte del Gobierno puede tener un efecto directo sobre el tipo de cambio. Ahora bien, en condiciones de déficit fiscal, la solución debe buscarse en el campo fiscal y no en el monetario. Intentar compensar sus efectos sobre el tipo de cambio genera mayores distorsiones en la economía; como, por ejemplo, inflaciones elevadas (como las que tuvimos de más de dos dígitos) y una subordinación de instrumentos de política monetaria a lograr los efectos sobre el tipo de cambio. Por lo tanto, habría elementos de legalidad (se subordina la estabilidad de precios) y de conveniencia (se producen distorsiones y efectos distributivos que pueden contribuir a la concentración del ingreso de determinados grupos en detrimento de otros). Un problema técnico no menor, es la selección del año base, la cual siempre tendrá un grado de arbitrariedad y las recomendaciones futuras de política dependerán siempre de esa decisión.

Dolarización. Desde luego, requiere un cambio de la Ley Orgánica del BCCR. Desaparecería el colón y con ello, las fluctuaciones del tipo de cambio. Por lo tanto, es una manera de lograr la estabilidad interna y externa. Su debilidad es que desaparecen las posibilidades de utilizar la política monetaria para promover la ocupación plena de los recursos productivos. Se renuncia al principal objetivo subsidiario de la ley actual. Si partimos de reconocer la existencia de los ciclos económicos y tenemos una concepción keynesiana de la economía, donde los desajustes del empleo no deben dejársele solo al mercado por su lentitud (“en el largo plazo todos estamos muertos”), la política monetaria puede utilizarse para promover, en su ausencia, el pleno empleo, siempre que no haya presiones inflacionarias. Renunciar al uso de la política monetaria para fines contracíclicos sería someter a los desempleados durante la fase recesiva del ciclo, a sufrimientos que se pueden disminuir en tiempo y cantidad mediante un adecuado uso de los instrumentos de política fiscal y monetaria. Desde luego que un déficit estructural y creciente como el actual, es una negación del keynesianismo. Pero este debe atenderse en el plano fiscal.

Metas de inflación. La actual administración del BCCR ha avanzado en la dirección de tener como foco principal de la política monetaria una determinada meta de inflación dentro de un rango. Esto significa que la estabilidad de precios es el objetivo central de la política monetaria. La mayoría de los países desarrollados y muchos de los que se denominan en vías de desarrollo con mayor desarrollo institucional y económico, han implementado esta política monetaria. La evidencia muestra un descenso general en las tasas de inflación en estos países. En este marco, la política cambiaria puede tomar la forma de una flotación administrada, como también se aplica en Costa Rica. Para mejorar la aplicación de esta política, el BCCR debiera tener una mayor claridad y divulgación en la determinación de instrumentos para aplicar la política cambiaria y de agregados monetarios. Tampoco puede sucumbir a la tentación de utilizar el tipo de cambio como ancla para combatir la inflación y utilizar reservas para afectar la tendencia del tipo de cambio (perder reservas a mediano plazo). Ha sido correcto sacar a las instituciones públicas del MONEX y atenderlas directamente el BCCR, siempre y cuando las operaciones del Banco con las entidades públicas se compensen en el mercado cambiario. También es correcto que el BCCR tenga reservas suficientes para resistir un posible ataque al tipo de cambio. Finalmente, la principal amenaza a la política monetaria proviene del desequilibrio fiscal y su impacto sobre las tasas de interés y las perspectivas económicas en general.

En conclusión, el BCCR debe continuar con las mejores prácticas internacionales de política monetaria, es decir, “metas de inflación” y, para ello, mejorar su implementación con el establecimiento y divulgación de sus instrumentos y parámetros para sus intervenciones en los agregados monetarios, tasas de interés y mercado cambiario. El terreno monetario refleja los mayores éxitos recientes en política económica. No amerita cambios de fondo. El campo fiscal es el que ha encendido todas las señales de alerta y requiere cambios urgentes y acciones significativas tanto en su marco legal como en su gestión.