La libre expresión y la diputada Álvarez Marín

Amo y creo en la democracia, y con ella la libre expresión. La libertad de expresión, como dijo Liu Xiaobo, Premio Nobel de la Paz en 2010, “es la base de los derechos humanos, la raíz de la naturaleza humana y la madre de la verdad”.

Este derecho encontró hace algunos años un nuevo canal a través de la plataforma digital mundial Change.org, que ha agrupado a más de 489 millones de usuarios para respaldar las causas que a muchos podrían importarles, movilizando seguidores a través de campañas sin límites geográficos y culturales.

Los seguidores de Change.org proponen y firman peticiones que puede hacer cualquier persona en el mundo con acceso a internet, ejerciendo presión sobre los líderes -políticos, sociales, económicos- para que adopten decisiones que logren soluciones y promuevan cambios reales.

Yo he firmado, mediante esta herramienta, varias peticiones. La última es la relacionada a la exigencia de justicia para la anestesióloga María Luisa Cedeño Quesada, víctima de feminicidio el 20 de julio del 2020. Esta petición fue dirigida a Carlos Alvarado Quesada, Diputados y Diputadas de la Asamblea Legislativa, Poder Judicial y al Ministerio de Gobernación y Policía. Al momento de redactar esta columna 37.875 personas habían firmado la petición. Parte del argumento de esta petición, esgrimida por la ciudadana Priscilla Echeverría, lee:

“Cansadas estamos de tener que vivir en el terror. No podemos salir, no podemos caminar solas por la calle, no podemos viajar ni vacacionar. El control hacia nosotras se ejerce actualmente por medios de extrema violencia y muerte. Es larga la lista de mujeres a las que se les ha quitado la vida… El Estado debe responder por cada agresión a cada una de las mujeres de este país… Exigimos protección al presidente y a los legisladores medidas concretas que salvaguarden nuestra integridad. Ayúdanos firmando esta petición”.

Como soy seguidora de Change.org, en esta semana recibí en mi correo una petición de firma de “El pueblo de Costa Rica le pide la renuncia inmediata a la diputada Andrea Álvarez Marín”, bajo el siguiente argumento: “…La diputada Álvarez en unos pocos meses ha demostrado su completa incapacidad para el puesto que desempeña. Le cuesta muchísimo dinero al país, al ser la diputada con más asesores, 12 en total. Y la carta de hoy, con respecto al parque Viva, trasluce su inclinación personal a favor de los intereses de los empresarios del grupo Nación”.

Al leer este esperpento de petición pensé en muchas cosas. La primera, cómo denigramos, abusamos y atropellamos el derecho a la libertad de expresión. La segunda, ¿a qué se debe que, en nuestro país, en donde ricos y pobres vamos a una misma iglesia y nos sentamos en las mismas bancas viejas para orar, haya crecido tanto resentimiento social dirigido con mayor severidad a las personas que -como muchos otros políticos y líderes de diferentes sectores- provienen de familias acaudaladas o han tenido la oportunidad de asumir en su juventud posiciones de liderazgo?

En tercer lugar, me vino a la mente un listado de diputados y funcionarios públicos ignorantes e incultos, y otros denunciados por corrupción en los últimos años (Otto Guevara, Víctor Morales Zapata, Fernando Rodríguez, Víctor Morales Mora, Abelino Esquivel, Ivonne Acuña Cabrera, etc.), que se pasean felices por nuestras calles, por lo que resulta hasta frívolo que se le pida la renuncia a una diputada por su presunta inclinación personal -solo por ejercer su derecho a la libre expresión- a favor de lo que ella considera es una violación al Estado de Derecho.

Peor aún, algunos seguidores de la petición argumentan que la diputada debe dejar su cargo por ser la hija de su madre y de su padre, y sobrina de la esposa de uno de los principales accionistas del grupo empresarial.

Como defensora de la libertad de expresión, entiendo que la misma no es ilimitada, y que no deberíamos traspasar la línea -muy delgada- entre la libertad y el libertinaje. Pero más allá del abuso o mal uso de este derecho, me preocupa lo que parece ser una orquestación de ataques, desde que ocupó el curul, hacia una diputada, sólo por ser “la hija de…”.

Si se trata de censurar, denunciar y descalificar a los hijos e hijas y parientes de los que han mantenido beligerancia política o tengan consanguineidad con grandes empresarios, entonces jamás Indira Gandhi hubiera sido la Primer Ministra de India, ni Winston Churchill Primer Ministro de Inglaterra, ni George Bush jr. expresidente de los Estados Unidos, e Italia no contaría con Sergio Mattarella como actual presidente de la República, entre muchísimos otros casos de hijos, hijas y parientes cercanos de importantes políticos. Tampoco se habría contado con políticos empresarios o emparentados con empresarios como los expresidentes Kennedy, Trump, Berlusconi y el presidente Bukele.

Lo mismo ocurre con los parientes de importantes empresarios en un país de apenas 5 millones de habitantes, en donde se hace inevitable los lazos de consanguineidad, porque recordemos que nuestra patria no fue una monarquía, ni un sistema de castas con estratificación social al que se pertenece a través del nacimiento.

Si vamos a ejercer el derecho a la libre expresión y a utilizar los valiosos recursos digitales que nuestra era ha puesto a nuestra disposición en forma gratuita para hacer denuncias, hagámoslo con conciencia y respeto.

“Si no creemos en la libertad de expresión de aquellos que despreciamos, no creemos en ella en absoluto”. Noam Chomsky.