Siany Villalobos Argüello

Siany Villalobos Argüello

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Martes 19 Junio, 2018

La honestidad y transparencia en los representantes populares

Los tiempos cambian, igualmente las formas de pensar y actuar, pero la responsabilidad, la transparencia y la honestidad en la Administración Pública siguen siendo los valores por excelencia..

En la gestión pública la misma Constitución Política señala las condiciones en su artículo 11 y establece: “Los funcionarios públicos son simples depositarios de la autoridad. Están obligados a cumplir los deberes que la ley les impone y no pueden arrogarse facultades no concedidas en ella…” igualmente este artículo instituye la evaluación de resultados y rendición de cuentas, con la consecuente responsabilidad personal para los funcionarios en el cumplimiento de sus deberes.

Si bien es cierto la Administración Pública tiene que enfrentar los procesos de transición cada cuatro años, aspecto nada sencillo ya que los jerarcas de las instituciones públicas asumen la responsabilidad a partir del primer día de labores, siendo que ningún funcionario puede justificarse con la frase “yo apenas estoy iniciando y no sabía” puesto que la Constitución y la ley señalan claramente sus obligaciones, por ejemplo tenemos la Ley General de Control Interno, Ley N°8292, artículo 12 , Deberes del jerarca y de los titulares subordinados en el sistema de control, inciso “e) Presentar un informe de fin de gestión y realizar la entrega formal del ente o el órgano a su sucesor, de acuerdo con las directrices emitidas por la Contraloría General de La República y por los entes y órganos competentes de la administración activa” que exige la presentación de un informe final de gestión, mismo que orienta a los nuevos jerarcas y da la información necesaria y más relevante de la institución, para darles atención y continuidad a los proyectos y obligaciones pendientes. Ese informe es lo primero que un nuevo jerarca debe solicitar al ingresar a una institución.

Los informes finales de gestión se convierten en uno de los medios fundamentales para potenciar la transparencia en las actuaciones de los funcionarios públicos, además; que los sucesores cuenten con información importante para el desempeño en su nueva designación. Esos informes deben ser entregados a más tardar el último día hábil de labores, igualmente los funcionarios que no cumplan con esta disposición serán sancionados tal y como lo indica el Capítulo V de la Ley General de Control Interno.

La Contraloría General de la República, por ley tiene la obligación de emitir las directrices, que son de acatamiento obligatorio; por su parte los funcionarios públicos, en esas directrices(D-1-205-CO-DFOE) pueden ubicar en el punto 4, Aspectos que deben considerarse en la confección del informe de fin de gestión, por ejemplo “Estado actual del cumplimiento de las disposiciones o recomendaciones que durante su gestión le hubiere girado otro órgano de control externo, según la actividad propia de cada administración.”

Así las cosas y tal como hago referencia de nuestra legislación, no es razonable ni comprensible entender que el Directorio Legislativo, órgano administrativo superior de la Asamblea Legislativa, poder de la República que crea, modifica y realiza la interpretación auténtica de la ley, exprese y actúe con pleno desconocimiento de las normas por las que se rige.

Es inaceptable que un nuevo jerarca no se interese por conocer el estado en el que encuentra la institución que dirigirá en un periodo específico y menos que no se preocupe por lo relacionado con la materia legal, que sin duda es fundamental en un poder de la República como la Asamblea Legislativa, que cuenta con plazos perentorios, sin dejar de lado, la importancia y vitalidad que ofrecen la honestidad y transparencia en las negociaciones políticas para llegar a los acuerdos que exige nuestra Patria.

Lo ocurrido con el trámite dado al informe de la Procuraduría de la Ética relacionado con la presunta responsabilidad y participación del expresidente Luis Guillermo Solís R. en el caso de llamado “cementazo”, deja un sinsabor entre la ciudadanía y muchas dudas sobre lo que realmente sucedió para que los diputados de la Asamblea Legislativa recibieran un informe con el plazo vencido para realizar apelaciones al mismo. Costa Rica necesita sin excusas honestidad y apego a la ética en la función pública por quienes son depositarios de la autoridad y la representación popular.