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La cultura de rechazo y celo por los datos en Costa Rica

Alejandro Madrigal alejandro.madrigalrivas@gmail.com | Viernes 23 noviembre, 2018

Estamos viviendo años de aceleradas transformaciones tecnológicas en la forma en la que generamos y tratamos los datos; y cómo estos se usan para tomar decisiones. En el sector privado esta es cada vez más la norma: las decisiones deben tener un respaldo sólido basado en evidencia, en hechos, en datos duros que permitan tener una buena idea de qué es lo que está ocurriendo en la realidad; para así tomar decisiones que se alejen de sesgos provocados por percepciones limitadas, parciales o totalmente erróneas. Por ello, cada vez más, las empresas invierten (porque más que gasto, es en realidad inversión) en capital de todo tipo para aprovechar mejor estas ventajas y avances tecnológicos: software avanzado y capacitación para su personal que sea capaz de usar ese software. La capacidad de implementar y de sacar provecho de este tipo de herramientas suele distinguir a los oferentes que logran mejores resultados de los que no.

Ahora, ¿qué estamos haciendo en el sector público en medio de este progreso tecnológico? ¿Qué tanto estamos incorporando estas herramientas e implementando una cultura de datos abiertos para la toma de decisiones de política pública y de operación de las instituciones? Para nada lo suficiente, realmente. En este contexto, el Estado y sus instituciones tiene dos retos enormes: no solo el incorporar herramientas y funcionarios que permitan implementar una cultura de toma de decisiones basada en datos; sino también implementar una cultura de datos abiertos. Ambas van de la mano.

El primer reto supone entender que las decisiones no deberían tomarse por corazonadas, percepciones limitadas o notas de periódico malintencionadas (como ocurre, por ejemplo, con diputados de la República que recortan el presupuesto de las universidades en ¢10 mil millones, solo porque sienten que las universidades reciben “muchos” recursos y porque es un número redondo y bonito). En política pública, esas decisiones hasta que dan pena, por el poco análisis y fundamento que hay detrás. Las instituciones, jerarcas y funcionarios en general deben procurar un análisis riguroso de las evidencias y datos que poseen para tomar decisiones y así realizar una gestión mucho más eficiente y efectiva. Esta cultura ofrece siempre políticas de mayor impacto y mejor uso de los recursos. Es decir, mayor beneficio y menor costo. Algo que es urgente en las instituciones del Estado.

El segundo reto implica entender que los datos no le pertenecen a la institución ni mucho menos al funcionario que los generó. Si el financiamiento es público, los datos son del país y deben estar al servicio de cualquiera que los necesite. Por ello la iniciativa de Datos Abiertos, dentro de Gobierno Abierto, es tan loable y urgente; porque viene a impulsar y estandarizar esa cultura. Es tan común encontrar resistencia y celos en el momento en que una institución requiere datos generados por otra para su labor. Como si las instituciones trabajaran de forma aislada, compitiendo y tratando de sobresalir a costa de las demás. Como si no todas fuéramos en el mismo barco, terminamos majándonos la manguera entre nosotros.

Si en el sector privado el manejo de los datos se trata con celo, por ser un ambiente en competencia; en lo público debe ser todo lo contrario: el manejo debe ser abierto, cooperativo, transparente y fluido de un actor a otro. Y no solo de una institución a otra, sino también para con la academia, el sector privado y la ciudadanía en general. Con la única excepción de los datos sensibles (los cuales se refieren únicamente a información socioeconómica con la identidad de personas en particular), toda la información que genera el Estado debe ser abierta, accesible, estandarizada y estar disponible en formatos trabajables.

Incluso es normal ver este celo en círculos académicos, con datos que ha implicado mucho trabajo de generar, pero que igualmente fueron generados en el seno de una universidad o centro de investigación que se financia de lo público; por lo cual, los datos no le pertenecen al investigador, ni al centro, ni a la universidad. Ellos solo tienen el deber de administrarlos y garantizar su fidelidad. Pero los datos deben estar la servicio de quienes los necesiten; ya sea por simple curiosidad, para alimentar otras investigaciones, o para tomar decisiones de política pública. ¿Si no, para qué sirven? Datos almacenados en la computadora de un investigador o de un funcionario público que no se usan sistemáticamente, sirven para muy poco. Una cultura de datos abiertos y accesibles incluso tiene un estímulo sobre la economía del país, porque en general la abundancia de información fomenta la competencia y las iniciativas, y facilita que las empresas puedan tomar buenas decisiones.

A Costa Rica le urge implementar una cultura de datos abiertos. El crecimiento de nuestra economía y la eficiencia del Estado dependen en una buena medida de ello.

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