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La Corte Suprema de Estados Unidos resolvió este jueves que el gobierno mexicano no puede demandar a los fabricantes de armas estadounidenses por su presunta responsabilidad en la violencia del narco en México.
El alto tribunal concluyó que la legislación estadounidense exime de responsabilidad a los fabricantes de armas y no permite la presentación de la demanda del gobierno de México.
La resolución, redactada por la jueza Elena Kagan y con apoyo unánime de la corte, concluye que México no ha presentado una argumentación verosímil que indique que los fabricantes de armas estadounidenses hayan ayudado ni instigado la venta ilegal de sus productos a narcotraficantes mexicanos.
México presentó en 2021 una demanda por US$10.000 millones contra los principales fabricantes de armas de fuego en EE.UU., a quienes acusa de fomentar la violencia de los carteles.
El gobierno mexicano sostiene que la producción y venta de armas por parte de la industria armamentística en EE.UU. ha engordado los carteles de la droga y su peligrosidad, causando perjuicios al estado mexicano, un mensaje que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha transmitido públicamente y en sus conversaciones con su homólogo estadounidense, Donald Trump.
Los abogados de la parte mexicana también afirmaron que las empresas eran conscientes de que algunas de sus armas eran objeto de tráfico ilegal, y que, en consecuencia, México debería poder presentar demandas contra ellas.
En una audiencia celebrada a principios de marzo, la mayoría de los jueces se mostraron escépticos sobre la posibilidad de que México pudiera acreditar un vínculo directo entre los fabricantes de armas y la violencia de los cárteles.
Varios jueces se mostraron convencidos de que una ley de 2005 que protege a los fabricantes y distribuidores de armas de la mayoría de las demandas nacionales por lesiones causadas por armas de fuego también podría aplicarse al caso presentado por el gobierno mexicano.
Análisis de Daniel Pardo, corresponsal de BBC Mundo en México
Aunque era de esperarse que la demanda de México no tuviera grandes repercusiones, el fallo de la Corte estadounidense cambia la posición del gobierno de Sheinbaum ante las negociaciones con Trump.
En discusión están, entre otras cosas, los aranceles al acero y al aluminio, el impuesto a las remesas, la política migratoria y las estrategias para luchar contra el narcotráfico.
Y, ante eso, la demanda contra uno de los grupos de poder más cercanos a Trump le servía a Sheinbaum como moneda de cambio.
El narcotráfico es una problemática internacional: la mayor parte del consumo de drogas ilegales, por ejemplo, se da en Estados Unidos.
Y que la Corte, de mayoría conservadora, no haya encontrado un vínculo entre la venta de armas legal en Estados Unidos y la promoción del narcotráfico no desmiente algo que incluso entidades estatales estadounidenses han documentado: el crimen organizado compra muchas de sus armas en el mercado estadounidense.
Sin embargo, ninguno de esos dos argumentos puede hacer que las cosas cambien en Estados Unidos, sobre todo con un gobierno, como el de Trump, tan cercano al gremio armamentístico.
Dicho eso, Trump ha planteado una concesión: ayudar a México militarmente en la lucha contra los carteles, que el mandatario designó como organizaciones terroristas.
Una medida que, para Sheinbaum, sería una intervención que viola la soberanía de su país.
Lo que lleva la solución al narcotráfico al estancamiento en el que lleva tantas décadas.
En lo que calificó como un proceso legal "sin precedentes", el gobierno de México demandó en 2021 a un grupo de empresas de armas de Estados Unidos.
La demanda, presentada ante una corte federal en Boston, EE.UU., acusó a 11 compañías productoras y distribuidoras de armas de promover prácticas comerciales "negligentes e ilícitas, que facilitan el tráfico ilegal de armas a México", y solicitó US$10.000 millones en daños.
Según datos del propio ejecutivo mexicano, cada año se trafican ilegalmente más de 500.000 armas desde EE.UU. y, solo en 2019, fueron responsables de más de 17.000 homicidios dolosos en México.
La industria armamentística en EE.UU, por su parte, descartó tener responsabilidad en la violencia que existe en México y señaló a su gobierno.
"Las acusaciones de tráfico transfronterizo de armas al por mayor son evidentemente falsas. El gobierno mexicano es responsable del crimen desenfrenado y la corrupción dentro de sus propias fronteras ", dijo entonces en un comunicado la asociación de la industria de armas de fuego NSSF.
"En lugar de buscar el chivo expiatorio de las empresas estadounidenses que respetan la ley, las autoridades mexicanas deben concentrar sus esfuerzos en llevar a los cárteles ante la justicia", agregó.
Los demandados alegaron que sus actividades estaban amparadas por la Ley de Protección del Comercio Lícito de Armas de 2005, aprobada por el Congreso estadounidense para proteger a los fabricantes de armas de las acciones legales iniciadas por comunidades locales que intentaban hacerlas responsables de los daños sufridos en episodios de violencia armada.
México contrargumentó que dicha ley no se refería a los daños ocasionados fuera de Estados Unidos.
Aunque inicialmente la demanda fue desestimada, un tribunal de apelaciones la reactivó en enero de 2024.
En abril, el fabricante Smith & Wesson apeló a la Corte Suprema. Sus abogados sostuvieron que los fabricantes de armas no podían ser considerados responsables de los actos ilegales cometidos con sus productos y que hacerlo podría tener potenciales consecuencias negativas para toda la economía estadounidense.
"Si la regla fuese diferente, cada sector, desde las cervezas hasta los autos y los cuchillos, sería responsable del previsible mal uso de su producto", dijeron los abogados de los fabricantes en uno de los escritos.
El juez Brett M. Kavanaugh se mostró receptivo a esos argumentos en la audiencia de marzo y expresó su preocupación por un desenlace del proceso que tuviera "efectos destructivos en la economía estadounidense".
La decisión conocida este jueves tumba el intento mexicano de seguir adelante con la demanda a los fabricantes de armas estadounidenses.
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