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Miércoles, 20 de noviembre de 2019



COLUMNISTAS


La Balanza del Bien Común

Siany Villalobos [email protected] | Viernes 18 octubre, 2019


Una cantidad importante de la población costarricense no la está pasando nada bien, parece que el país más feliz del mundo está sucumbiendo ante la desesperanza, la falta de oportunidades, el desempleo y peor aún padecemos de un sobre endeudamiento que no nos permite vivir con calidad.

En la vida hay un tiempo para todo, y sin duda alguna llegó el tiempo de cortar por lo sano, debe existir una política de ganar-ganar, ha llegado el momento de acabar con la crueldad de cobrar intereses desproporcionados, abusándose de la necesidad de la población.

Si bien es cierto una buena parte del endeudamiento de la población es el consumo y no precisamente la inversión en proyectos productivos, también es cierto, que a muchos hogares no les alcanzan los salarios para sobrevivir y cubrir los gastos básicos de la familia y dar oportunidad de estudio a los hijos(as).

Ya suman décadas donde este mal se ha querido combatir, sin obtener éxito, las resistencias e intereses son muy altos y con el discurso que ese tipo de proyectos son excluyentes, que causarán problemas de bancarización, es que no se ha legislado al respecto.

Sin embargo, ya el pueblo no aguanta y el reflejo en la economía es contundente, es mucho más frecuente observar en el centro de San José las cortinas metálicas de los locales comerciales con un rótulo “SE ALQUILA” o “SE VENDE”, la capacidad de consumo está en el suelo, con repercusiones muy negativas como: desempleo, la informalidad con afectación directa a la CCSS y desde luego en la recaudación de impuestos.

Colocar topes a las tasas de interés de los créditos y hacer posible la definición de USURA, permitirá determinar las responsabilidades consignadas en Código Penal, si bien es cierto algunas personas estarán quedando excluidas del crédito, también la realidad nos demuestra que esa misma población está excluida en la actualidad por falta de pago, puesto que nunca fueron sujetas de crédito, desmejorando su situación aún más con un record crediticio manchado, pero el asunto no se queda ahí, las entidades financieras no están para perder, alguien debe responder por esos incobrables y la receta es sencilla, se aumentan los costos administrativos (admite ser más ineficientes) se proyecta la pérdida esperada y terminan pagando los clientes más responsables con intereses desproporcionados, así las cosas, la justicia no está por ninguna parte y desde luego los que más tienen son los que más ganan porque es un excelente negocio.

La base jurídica para regular este tema ya existe en los tratados internacionales, en la Constitución Política, Código Penal, Código de Comercio y La Ley N.° 7472 – Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, solamente falta definir a partir de cuándo es USURA, y eso solo se logra con un tope, debemos evolucionar a la regulación, propiciar la competitividad, aumentar la eficiencia del mercado y mejorar la estructura costos.

Con la nueva propuesta de “Salvamento” que propone el Poder Ejecutivo para aquellos ciudadanos más endeudados, quedan muchas dudas y respuestas que dar, ¿será que se quiere cargar a la banca estatal de la cartera crediticia más riesgosa? y pagar dineros casi perdidos en las entidades financieras privadas, no se puede olvidar que el daño a la Banca Estatal ha sido muy grande, ejemplo de ello el reciente cierre de Banco Crédito Agrícola de Cartago o la afectación económica al BCR con el tema del cemento chino. ¿que se hará con todas las deudas que tiene la población en el sector informal? créditos peligrosos y asfixiantes. No se puede actuar a la carrera, las cosas deben ser muy bien pensadas y colocadas en la balanza del bien común, dando el mayor peso(ayuda) a quienes más lo necesitan.


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