Federico Malavassi

Federico Malavassi

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Jueves 27 Octubre, 2016

Debe procurarse un funcionamiento razonable del sistema judicial, del Ministerio Público y demás organizaciones que persiguen el delito para que haya eficiencia

Justicia tardada es injusticia

Parece que hay exceso de motivos para explicar por qué las condenas penales, en caso de darse, serán dentro de mucho tiempo y de destino incierto.
Ello es una ofensa para toda la sociedad y un incumplimiento flagrante, no solo del postulado constitucional de que la justicia ha de ser pronta y cumplida, sino de la ejemplificación que debe caracterizar el Derecho Penal.
El caso es que las investigaciones han determinado que, en la mayor cantidad de circuitos judiciales del país, los procesos penales tardan muchísimo. Incluso, luego de concluirse las primeras etapas, si se determina que hay que ir a juicio, los casos actuales se estarían fijando prácticamente para 2019.
En algunas localidades, si el juicio requiriera la participación de varios jueces, entonces se podría tardar aún más.
¿Es que tenemos unos procedimientos muy complicados, aun para las autoridades públicas (Ministerio Público)? ¿Es que no hay suficiente personal? ¿Es que no sabemos recabar pruebas? ¿Es que los órganos jurisdiccionales están actuando con exageración o con abulia? ¿Es que no hay discernimiento acerca de qué debe prosperar procesalmente y qué no?
Algunos concernidos han culpado a la misma Asamblea Legislativa, por legislar a diestra y siniestra. No se ha precisado si se trata de la creación de muchos delitos o de procedimientos insalvables.
Para colmo, las cárceles están hacinadas y las penas no parecen ejecutarse de la mejor forma. El Poder Ejecutivo ha liberado a muchos condenados y los efectos sobre la población parecen ser desastrosos.
Importantísimos temas y asuntos han terminado en asombrosa impunidad y algunos de los culpables se regodean de su “inocencia” (a pesar de los contundentes hechos). El resultado es que cunde el mal ejemplo, la gente se desmoraliza, el sistema da la impresión de que no funciona y se desmorona uno de los supuestos del Estado de Derecho.
La justicia (como eficiencia jurídica y efectividad judicial) es uno de los componentes del Derecho, que uno de los motivos por los cuales se constituye el Estado. Por tal motivo, la impunidad, los atrasos, la tardanza y la incapacidad administrativa para administrar las penas son síntomas de un Estado fallido.
¿Qué será mejor decir, “Estado fallido” o “Estado traicionado”? El caso es que los hechos evidencian un apartamiento inaceptable de los fines del Estado.
Por ello es inaceptable lo que está sucediendo en nuestro medio. Porque la garantía del Derecho, de los derechos de cada cual, es fundamento mismo del Estado.
Debe racionalizarse el Derecho Penal para proteger bien los bienes jurídicos más importantes. Debe racionalizarse el Proceso Penal para no favorecer la impunidad. Debe procurarse un funcionamiento razonable del sistema judicial, del Ministerio Público y demás organizaciones que persiguen el delito para que haya eficiencia. Y, en la parte penitenciaria, debe organizarse todo, porque parece que se hace agua por todas partes.
Algunas administraciones públicas reclaman mucho y más, pero las administraciones de las cuestiones básicas parecen ir quedando de lado.