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"¡Sinvergüenzas!", grita Juan Pablo Ovalle cuando ve pasar al funcionario. "Es que son unos ¡sinvergüenzas!, ¡sinvergüenzas!".
El médico colombiano está al frente del ministerio de Educación en Bogotá, donde acampa y hace una huelga de hambre hace dos semanas en protesta porque su título como especialista en cirugía torácica del Hospital Universitario de la Coruña, en España, no ha sido convalidado tras un año y medio de intentos.
Ovalle, de 39 años, sigue su diatriba después de que el abogado del ministerio se esfuma. Lee en voz alta documentos y cartas que tiene en la mano. Denuncia negligencia, errores, trabas. Sospecha corrupción.
Menciona una y otra vez conceptos de difícil asimilación: acto resolutivo, solicitud de aclaración, acto administrativo, revocatoria, tutela, reposición.
"Yo no soy experto ni abogado, pero tampoco trago entero", asegura. "Lo que pasa es que a veces me las doy de inteligente y me doy cuenta de las mentiras, de las injusticias, y no me las aguanto".
Su causa es la de muchos: desde que su huelga fue reportada por algunos medios de comunicación, decenas de doctores han denunciado trabas y negligencia de Conaces, el departamento encargado de las homologaciones.
El ministerio niega los alegatos, apuntando que la convalidación de Ovalle ha sido negada tres veces por falta de documentos, entre ellos uno vital que detalla las horas de cursos y prácticas realizados.
De 22.591 solicitudes de convalidación en 2020, el ministerio dice haber dado respuesta al 95%.
Colombia es un país de emigrantes. Una décima parte de su población de 50 millones está por fuera; muchos de ellos salen a formarse, en parte por el alto costo de la educación.
Casi 5 millones de profesionales en el país estudiaron en el exterior y en 2050 la cifra aumentará a 8 millones, según datos oficiales. En 2019, últimas cifras disponibles, 90.000 colombianos emigraron a estudiar.
Y el segundo lugar al que más van, después de Estados Unidos, es España.
Colombia es también un país de leyes. Famosa es la frase del prócer Francisco de Paula Santander según la cual "las leyes os harán libres".
Ningún país salvo Costa Rica tiene más abogados en relación a su población que este, reporta el Centro de Estudios de Justicia de las Américas. Y pocos sistemas judiciales gozan de tantas altas cortes: ocho.
La creencia común es que ser un país de leyes convirtió a Colombia en un paraíso de la burocracia. Y por eso la causa de Ovalle suena tan familiar para tantos colombianos.
La indignación por la carga burocrática de las convalidaciones de títulos es tan famosa como aquellas por la aprobación de tratamientos médicos, el arriendo de inmuebles o la concesión de obras públicas.
Como en otros países, el trámite genera una suerte de industria de gestores expertos en producir robustos expedientes para el funcionario o juez encargado.
"Es normal (que sea complejo), sobre todo en la convalidación de títulos de medicina; estamos hablando de la responsabilidad sobre vidas humanas", explica una funcionaria que conoce el Conaces hace dos décadas, y pidió no revelar su identidad por no ser vocera oficial.
En 2015, tras la denuncia de mujeres que habían sido mal operadas, se destapó un escándalo por la convalidación de los títulos de 44 cirujanos plásticos que habían estudiado en Brasil. Al parecer no hicieron la especialidad, sino un curso. Y, aun así, ejercían como cirujanos.
Como respuesta, los gobiernos de Juan Manuel Santos e Iván Duque impulsaron reformas para evitar los errores y agilizar el procedimiento. Asimismo, firmaron convenios con países como España para facilitar las convalidaciones.
"Yo he visto cientos de situaciones como la de Ovalle en 20 años y entiendo que en este país hay burocracia en todas partes, pero le puedo asegurar, con toda certeza, que la gente del Conaces no va a recibir un solo peso por corrupción", explica la funcionaria. "Esto es gente muy dedicada al estudio de los títulos, parecen detectives".
BBC Mundo habló con tres médicos que, como Ovalle, no han podido convalidar sus títulos en el exterior. A todos se la negaron por la misma razón: no presentaron suficiente información sobre la carga curricular de sus estudios.
"Quieren un certificado por cada clase que viste", dijo uno. "No son capaces de hacer una suma", alegó otro. Y Ovalle: "Es normal que todos los países tengan sistemas diferentes de acreditación, pero aquí quieren que todos se adapten al sistema colombiano, que el mundo gire en torno a ellos".
Otros dos doctores que hablaron con BBC Mundo tuvieron una experiencia contraria: les convalidaron sin trabas en los tiempos que estipula la ley.
"Incluso cuando me pidieron documentos adicionales me pareció lógico", dijo uno de ellos.
El ministerio reporta que, de las 22.591 solicitudes de convalidación en 2020, se aprobó el 76% y se negó el 19%.
La burocracia no es un fenómeno fácil de medir.
Trámites absurdos y gestores excéntricos hay en toda América Latina, pero existen elementos para pensar que el caso colombiano es excepcional: tiene la menor cantidad de funcionarios públicos con respecto a privados de América Latina y una de las tres burocracias estatales más ineficientes junto a Venezuela y Argentina, según indicadores del Banco Mundial.
También en Colombia hay procedimientos únicos y arraigados, como la fotocopia de la cédula ampliada al 150% porque en tamaño original en teoría hay campo para falsificarla, o la recurrente autenticación de documentos en notarías, uno de los gremios más poderosos del país.
Muchos recuerdan el caso de un cónsul en Estados Unidos que certificó su conocimiento de inglés ante el Estado a través de una notaría, y no en una institución educativa.
Académicos colombianos que conjugan el derecho con la antropología han encontrado que la particularidad de Colombia, más que en su entramado legal, por complejo que éste sea, está en la cultura y las relaciones sociales.
Por eso es que la tramitología, dicen, tiene manifestaciones a veces hilarantes tanto en funcionarios como ciudadanos.
Un caso de estudio emblemático se produjo con una orden de la Corte Constitucional al Estado para que protegiera a 34 grupos indígenas en riesgo de extinción.
Ante el supuesto incumplimiento de la resolución, los indígenas demandaron al Estado. Y este les respondió con un documento del tamaño de un arco de fútbol que al parecer detallaba los planes de acción.
La antropóloga Valentina Pellegrino llama a esto el fenómeno de "incumplir cumpliendo": "La creencia de que hacer documentos robustos cambia la realidad y hace que parezca que la ley se cumpla", asegura.
Pero el culto a la burocracia no solo está en funcionarios estatales: un estudio de 2014 encontró que cuando el sistema judicial de Cali pasó a atender en pequeños apartamentos sin la parafernalia del vidrio, la fila y la congestión del extinto palacio, los ciudadanos dejaron de ir.
"Les preguntamos y dijeron que necesitaban la ritualidad de sentirse atendidos y que en los apartamentos los burócratas se veían muy cómodos, que eso no parecía legal porque no parecía ineficiente", explica Lina Buchely, autora del estudio.
La doctora en derecho explica: "La histórica ausencia del Estado en Colombia se intenta suplir con la fachada de procesos racionales, que esconden ejercicios de poder que usan e instrumentalizan lo que conocemos como burocracias. Además, la desconfianza entre nosotros hace que se generen trámites kafkianos que dan la noción, casi siempre falsa, de seguridad, de certeza, de cuidado".
Y concluye: "La perplejidad de Ovalle viene de pensar que con cumplir unos requisitos enumerados ya le deberían resolver. Es una lectura literal del Estado. Se piensa que con documentos se puede navegar el engranaje de este. Pero eso no es así, porque además de la lista de instrucciones, la relación entre el Estado y la gente está mediada por muchas cosas más, entre eso relaciones asimétricas de poder".
El médico huelguista es uno de tanto colombianos que sabe moverse en la burocracia. Habla en jerga legal, se arma de folios y sabe a dónde hay que ir y con quién hay que hablar para realizar —o "radicar", como dicen en Colombia— tal o cual trámite.
Durante toda su vida, el doctor ha emprendido gestas como la actual.
Cuando estaba haciendo su residencia tras el pregrado de medicina en la ciudad de Tunja, a 150 kilómetros de Bogotá, se alió con varios internos para realizar un paro porque "el trato era inhumano, no nos daban almuerzo, no servían muchos de los equipos". Logró cambios, dice, aunque se dieron después de su partida.
"Toda la vida he tenido labores de liderazgo y voluntariado, estuve 21 años en la Cruz Roja, a veces lo hago por los demás, pero también por mí; esto me ha costado relaciones, esta es mi vida", señala a BBC Mundo.
En España, Ovalle creó una asociación de médicos extranjeros con la que denunció abusos laborales y discriminación, porque a los extranjeros no les pagaban prestación por desempleo ni les prologaban permisos migratorios después de graduarse.
El cirujano nació y creció en Santander, una región de Colombia donde su gente se reconoce como rebelde.
"No es que yo sea un arma pleitos —dice—, sino que tengo dignidad; yo estudio, hago mi especialización, hago mi residencia, y lo mínimo que espero es poder ejercer mi profesión".
Su nueva causa, entonces, es el sistema de convalidaciones. Y está dispuesto a permanecer "lo que sea necesario" en una carpa en frente del ministerio "para que las cosas cambien".
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