Juan Carlos Hidalgo: “Ningún criminal violento debería cumplir su condena fuera de prisión”

En un contexto de preocupación nacional por los homicidios y la expansión del crimen organizado, Juan Carlos Hidalgo, candidato presidencial del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), aboga por una visión amplia y estructurada para abordar la crisis de seguridad que vive el país.

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Hidalgo cuestiona la efectividad de medidas aisladas como la construcción de una nueva cárcel, propuesta por el gobierno actual, y aboga por una estrategia integral que combine prevención, reformas legales, fortalecimiento policial y cooperación internacional.

Su propuesta incluye una reforma profunda al Código Procesal Penal para garantizar el cumplimiento efectivo de las penas, la incorporación de policías europeos para proteger los puertos costarricenses del narcotráfico, y la expansión de la Fuerza Pública con 6.500 nuevos efectivos equipados con tecnología de punta.

¿Cuál es su opinión sobre la idea del gobierno de construir una nueva cárcel con un costo de $35 millones para albergar 5 mil privados de libertad?

La política de seguridad debe verse como un conjunto y debe centrarse siempre en las personas. No se trata de algo aislado y, por tanto, no basta una sola medida para garantizar que nuestras familias vivan en paz, en lugar de tener que soportar día a día balaceras, sicariato, agresiones sexuales y delitos contra la propiedad.

Para devolver la tranquilidad a los costarricenses se necesita una visión integral, dentro de la cual es indispensable:

a) Reformar el Código Procesal Penal para fortalecer el verdadero cumplimiento de las penas, garantizando que los criminales violentos no reciban ningún tipo de ejecución condicional de la pena;

b) Impulsar decididamente que haya verdadera celeridad –y más efectividad– en la resolución de los procesos judiciales, que ahora toman años de años;

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c) Impulsar una estrategia para combatir el crimen organizado y resguardar nuestros puertos, con el apoyo de policías europeos, para asegurar que ningún cargamento de droga contamine nuestras exportaciones;

d) Reforzar nuestros cuerpos de policía, para que tengan al menos 20 mil efectivos, bien equipados y con tecnología de avanzada, para que puedan vigilar efectivamente los barrios y comunidades;

e) Y sí, desarrollar una mayor infraestructura carcelaria, que es necesaria, pero bien planificada y acompañada de una reforma penitenciaria que se adecúe a nuestras necesidades y a nuestra realidad.

¿Cuál sería la mejor solución para brindar seguridad a la población y, al mismo tiempo, reinsertar a estas personas a la sociedad?

Hay que transformar las insuficientes respuestas actuales y dar un tratamiento integral a la problemática. Vamos a atacar el problema desde la raíz. Esto implica más oportunidades, más prevención, más policías en nuestras calles, juicios rápidos y efectivo cumplimiento de las penas, reforzado para los criminales violentos.

Los juzgados de ejecución penal, la Dirección General de Adaptación Social y el Instituto Nacional de Criminología requieren urgentemente mecanismos que les permitan definir y ejecutar las penas conforme a criterios que, verdaderamente, contemplen la posibilidad de reinserción social de quienes delinquen y la garantía de justicia y seguridad para las personas honestas.

Por eso nuestro equipo está trabajando en una serie de estrategias, dentro de las que destaco una reforma al Código Procesal Penal. Actualmente hay muchas personas peligrosas fuera de las cárceles que no cumplen sus penas, y además reinciden en el delito. Nadie, absolutamente nadie que haya cometido un crimen violento debería cumplir su condena fuera de prisión.

¿Qué opina de que el gobierno de Rodrigo Chaves se haya asesorado en El Salvador para la construcción de una cárcel?

No somos una isla y, por eso, siempre será enriquecedor conocer otras experiencias que puedan contribuir al desarrollo de soluciones para nuestros problemas. No obstante, nuestros desafíos de seguridad son muy diferentes a los de El Salvador. El CECOT es una respuesta salvadoreña a una problemática muy propia de El Salvador.

¿Cree usted que el gobierno se aprovecha de la situación de los homicidios para impulsar su propia campaña política?

Las cifras de homicidios son un indicador para medir la gestión en materia de política criminal. Es muy claro que este gobierno, como los anteriores, queda debiendo. Sin embargo, debemos enfocarnos en las verdaderas causas que elevan esos índices.

El problema de la inseguridad requiere una atención desde su origen. La mayoría de esas muertes está estrechamente relacionada con la penetración del crimen organizado transnacional, y es ahí donde debemos direccionar los esfuerzos y los recursos.

Necesitamos, por supuesto, fortalecer la represión. Por ello estamos proponiendo aumentar en 6.500 la cantidad de efectivos de la Fuerza Pública. Además, negociaremos un acuerdo de cooperación con la Unión Europea para que un cuerpo policial de dicho bloque esté destacado en los puertos del Caribe y ayude a controlar que nuestras exportaciones al Viejo Continente no vayan contaminadas con drogas. Debemos blindar el país y, para ello, vamos a reforzar la seguridad de nuestros mares, fronteras y puertos.