Jose Aguilar nombra a criminóloga como aspirante a la vicepresidenta

Consciente de que Costa Rica vive una emergencia en materia de seguridad por culpa de los homicidios del narcotráfico, Jose Aguilar, candidato a la presidencia por el partido Avanza nombró a Marcela Ortiz como su vicepresidenta.

Se trata de una experta internacional en temas de seguridad y crimen organizado. Ella se encargaría de liderar la estrategia nacional en esta materia.

Marcela Ortiz cuenta con una sólida trayectoria profesional en organismos nacionales e internacionales y se ha desempeñado en distintos cargo.

Y es que Ortiz fue directora General Adjunta del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), especialista en drogas ilícitas de la Oficina de las Naciones Unidas, asesora de la Dirección del ICD y analista de inteligencia criminal en el ICD.

“La situación actual del país exige una acción decidida, valiente y coordinada, con respaldo ciudadano, empresarial e internacional, para recuperar la seguridad, reconstruir la confianza institucional y asegurar el futuro democrático de Costa Rica”, afirmó Aguilar.

Costa Rica se dirige a finalizar el año con una nueva cifra récord de homicidios, marcando más de 900 casos, producto de la guerra entre bandas narcotraficantes.

Ejes de acción

El Partido Avanza aprovechó el anuncio de su candidata a la primera vicepresidencia para reiterar el llamado urgente a la unidad nacional para encabezar una estrategia nacional sin precedentes contra la corrupción y el narcotráfico, planteando como ejes de acción:

• Recuperación inmediata del Estado, interviniendo instituciones públicas infiltradas por la corrupción y el crimen organizado.
• Declarar emergencia nacional en seguridad, reenfocando recursos varios hacia el fortalecimiento de la seguridad del país con recursos extraordinarios, tecnología de punta y capacitación para los cuerpos policiales y el sistema judicial.
• Blindar la seguridad nacional como prioridad absoluta, reasignando temporalmente presupuesto de áreas no prioritarias (sin afectar educación, programas sociales ni infraestructura).
• Reformas judiciales, que prioricen la justicia siguiendo buenas prácticas internacionales para detener la liberación de criminales, la mora judicial y posibles conflictos de interés y corrupción.
• Reforma del Estado y transformación digital, que permita mayor eficiencia y ahorros sostenibles de hasta un 3% del PIB anual.
• Coordinación internacional con agencias especializadas en narcotráfico, para desmantelar redes de tráfico y lavado de dinero.