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Johnny Araya desiste de cobrar salario mientras esté suspendido

Danny Canales dannycanales.asesor@larepublica.net | Miércoles 24 noviembre, 2021 01:50 pm

Johnny Araya en un mitin político en campaña
Archivo / La República


Johnny Araya, alcalde de San José, desistió de cobrar salario durante los seis meses de suspensión del cargo que le impuso el Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública.

Así se lo hizo saber este miércoles al concejo municipal capitalino que analiza su situación salarial, tras la medida cautelar impuesta al político.

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Este martes, el concejo declinó conocer una moción presentada para entrar a conocer el caso del salario del alcalde. Solo tres de los once miembros de ese órgano municipal avalaron la dispensa de trámite presentada con ese propósito.

Sin embargo, Araya les facilitó esta mañana la discusión, al renunciar a su pago. Su posición se fundamenta en un criterio emitido por la Contraloría este martes.

El ente contralor señaló que, aun siendo electo por voto popular, si no pueden cumplir con sus obligaciones, la relación laboral se suspende y el patrono no estaría obligado a pagar el salario.

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“En consecuencia, queda claro que la posición actual y vigente de la Sala Constitucional es que no le corresponde el pago de salario a aquel funcionario que le hayan sido impuestas por el juez penal medidas cautelares, aunque no se trate de la privativa de libertad, si con ellas, se le imposibilita asistir al trabajo”, resolvió la contraloría basándose en jurisprudencia de la Sala Constitucional, la Sala Segunda y la Procuraduría General.

De esta manera ya son tres los alcaldes que renuncian a cobrar salario durante la suspensión del cargo, luego de que este martes lo hicieran Alfredo Córdoba y Alberto Cole, de San Carlos y Osa, respectivamente.

Por su parte, el concejo municipal de Cartago acordó este martes no pagarle a su alcalde Mario Redondo por el tiempo que no laborará.

Aún queda por resolverse la situación de Humberto Soto, de Alajuela y Arnoldo Barahona, de Escazú.

Los seis políticos fueron implicados en el caso Diamante, una investigación judicial sobre una supuesta red de sobornos y dádivas para favorecer a la empresa Meco con contratos de obra pública municipales.


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