Acusados de prevaricato un exministro y exfuncionarios de Setena

Irán siete a juicio por caso Crucitas

Expresidente Arias es investigado por el Ministerio Público

Siete personas serán llevadas ante un tribunal por supuestamente cometer dos delitos de prevaricato por el caso Crucitas, otras están aún bajo investigación, explicó Jorge Chavarría, fiscal general.Archivo/La República

Siete exfuncionarios públicos, incluido un exministro, serán llevados ante un juez y podrían enfrentar una pena de cárcel de hasta 12 años por el caso Crucitas.

Se les acusa de supuestamente autorizar a la firma Industrias Infinito a extraer oro en Cutris de San Carlos, a pesar de incumplir con los requisitos que establece la ley, entre ellos, los estudios de impacto ambiental.
Seis de los hoy imputados ocupaban altos cargos en la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, entre ellos sobresale Sonia Espinoza, quien era secretaria general.
Mientras que el sétimo acusado es Roberto Dobles, exministro de Ambiente. El Ministerio Público les imputa dos delitos de prevaricato.
En el caso específico de Dobles, la Fiscalía le atribuye haber actuado presuntamente con dolo a favor de la minera canadiense.
“A pesar de que la Sala IV había anulado la concesión, el exministro con un comportamiento no ajustado a la correcta administración pública, estableció un recurso a la resolución de la Sala”, explicó Jorge Chavarría, fiscal general.
El número de imputados podría ampliarse en corto plazo, pues aún hay al menos otras siete personas que son investigadas.
Una de ellas es el expresidente Arias, quien está bajo la lupa por el decreto de interés público y conveniencia nacional que firmó a favor de Crucitas.
No obstante, no se dispone de las pruebas suficientes para implicarlo con los hechos denunciados.
“Todavía no nos han llegado requerimientos probatorios. Nos llegó una información de una fundación canadiense, controlada por el dueño de la empresa minera, que supuestamente dio una donación de $200 mil a la Fundación Arias para la Paz”, añadió Chavarría.
El viernes se informó de la acusación a la Defensoría de los Habitantes y la Procuraduría General, y no será hasta la próxima semana cuando el expediente sea del conocimiento del Tribunal Penal de Hacienda.

Natasha Cambronero
ncambronero@larepublica.net