Juan Manuel Villasuso

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Martes 12 Octubre, 2010


Dialéctica
Inversión pública y déficit fiscal

El crecimiento económico, según los economistas, es una función de la inversión. Eso significa que para que la producción aumente es necesario, de previo, incrementar la inversión. Dicho de otra manera, no podemos esperar que haya crecimiento productivo si antes no se eleva el gasto de inversión en todas sus magnitudes.
La inversión, desde una perspectiva macroeconómica, puede definirse como el flujo del producto destinado a acrecentar el acervo de capital. También puede expresarse como la incorporación al aparato productivo de nuevos recursos dedicados a expandir la capacidad de una economía para producir bienes y servicios.
Existen distintos tipos de inversión. La más evidente es la creación de capital fijo, que desde la óptica empresarial se presenta como la edificación de instalaciones o la compra de maquinaria y equipo para la ampliación de los negocios. Para un país, la construcción de carreteras y puertos o la expansión de la red eléctrica y las telecomunicaciones constituyen inversiones en activos fijos.
Otro tipo de inversión tiene que ver con la formación de capital humano. Aquellos recursos que se orientan a la educación y la salud y que contribuyen a ampliar la capacidad productiva de las personas también deben considerarse como inversión. Son un aporte para elevar la producción y la productividad y coadyuvan al bienestar individual y colectivo (inversión social).
Otras categorías de inversión refieren a la tecnología y el medio ambiente. Los recursos destinados a la investigación científica y tecnológica, que eventualmente se traducen en innovaciones y en mejoras en la calidad de vida de la población, representan también gastos de inversión. Igual cosa puede decirse de los factores asignados al medio ambiente para garantizar la sostenibilidad.
Cada día resulta más evidente la estrecha complementariedad existente entre la inversión privada y la pública. Podríamos afirmar que la primera está en función de la segunda, es decir, que una empresa difícilmente invertirá si no dispone de un entorno adecuado que le permita tener los insumos necesarios para la producción (electricidad y agua), comunicación (teléfonos e Internet), transporte (carreteras y puertos) y trabajadores calificados (educación y salud).
Ese entorno, conformado por los llamados “bienes públicos”, es provisto mayoritariamente por la inversión que anualmente incluye el Estado en su presupuesto. Como es de esperar, y al igual que lo hacen las familias y las empresas, el financiamiento de esas inversiones cuyos frutos son de mediano y largo plazo, casi nunca proviene de los ingresos corrientes, sino del endeudamiento tanto interno como externo.
Lamentablemente, cuanto más invierta un Estado en infraestructura física y social, y cuanto mayor sea su aporte para crear el entorno propicio que estimule la inversión privada, peor lucirán sus cuentas fiscales, porque el déficit público se incrementará y los fanáticos del equilibrio presupuestario clamarán por reducirlo, como tantas veces hemos visto.
Es importante destacar que contrario a lo que sucede con la contabilidad de las empresas y las familias, en las que existe una cuenta de patrimonio que acumula los gastos de inversión y permite balancear el endeudamiento, en las finanzas públicas no se aplica una metodología similar y en consecuencia no hay forma de cuantificar adecuadamente el esfuerzo social que se hace por medio de la inversión pública. Eso genera confusión.

Juan Manuel Villasuso