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Inspección Judicial

Luis Alejandro Álvarez redaccion@larepublica.net | Miércoles 01 noviembre, 2017

Inspección Judicial

La Inspección Judicial tiene sobre sí la atención de una nación completa, y su actuación y eventual resolución de los temas relacionados con el Magistrado Celso Gamboa, el Fiscal General, y otros que le han llegado a su conocimiento debido a la crisis que se ha desatado en el Poder Judicial en las últimas semanas, todos derivados del caso denominado el cementazo.

Conoce la Inspección sobre hechos y actuaciones de un Magistrado quien a viva voz y en transmisión en vivo de sus declaraciones ante una Comisión Legislativa confesó faltar a la verdad sobre las circunstancias de un viaje a Panamá que parece hoy sigue generando más preguntas que respuestas.

A su vez le corresponde conocer las aparentes falencias en el proceder del Fiscal General, quien también ante esa misma Comisión del Congreso, preguntó que le definieran qué es corrupción, y que en su lento hablar trató de justificar por qué se dieron solicitudes de desistimiento, mientras que se desnudó por parte de diputados con experiencia en el litigio que con la prueba existente pudo haber habido un resultado distinto.

La experiencia personal con este Tribunal a lo largo de los años no ha sido la mejor.

Pocas veces me ha correspondido acudir a estos estrados para denunciar funcionarios judiciales, ya sea por actuaciones, o falta de ellas.
Desafortunadamente, la mayoría de esas pocas veces, con base en un informe que presentaran los denunciados, justificándose sobre los hechos, se resolvió desestimar y archivar las causas.

Varios de estos informes buscaron justificar la falta de actuación ante las gestiones de los administrados, por un exceso de circulante en los despachos.

Un caso en particular fue que luego de haber solicitado ante un despacho en repetidas ocasiones el nombramiento de un perito, durante un plazo mayor a los 12 meses, se eximió de responsabilidad al Juzgador por temas de gestión interna.

Esas resoluciones, sin posibilidades de recurrirse ante un Superior, dejaron como letra muerta, el principio constitucional de la justicia pronta y cumplida.

Hay mucho en juego, la credibilidad del Poder Judicial parte de ello, y tal y como hemos indicado en otras entregas, estos momentos de crisis nos presentan oportunidades para mejorar el sistema.

Planteamos desde estas líneas, que urge una reforma a la legislación vigente, que permita que en caso de que se desestimen las causas que conoce la Inspección Judicial, puedan esos fallos ser recurridos por los interesados, administrados que se han sentido afectados.
Hoy, cuando ya no es un asunto privado, sino de dominio público, donde está en la palestra la credibilidad del sistema, los resultados que arrojen las investigaciones que se den sobre funcionarios del más alto rango, siempre respetando el debido proceso, deberán examinarse con lupa.

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