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Miércoles, 21 de noviembre de 2018



FORO DE LECTORES


Inseguridad ciudadana

| Lunes 11 febrero, 2008


Inseguridad ciudadana


La seguridad ciudadana enfrenta los desafíos al orden público, político, social y económico generado por el crimen común, el crimen organizado y no organizado, la violencia, el temor y la inseguridad.
Durante la última década América Latina, y específicamente Costa Rica han visto un creciente y marcado impacto que el crimen y la violencia tienen sobre la democracia y el desarrollo.
La paz, y los principios de la libertad, las necesidades básicas, la democracia, los derechos humanos y la justicia que están asociados a ella, solo pueden ser construidos por medios pacíficos.
Las causas de la criminalidad son múltiples: personales (consumo de drogas deserción escolar, violencia doméstica), ambientales (hacinamiento, pérdida de espacios públicos, carencia de iluminación) y de desigualdad (altos niveles de inequidad, modelos de desarrollo excluyente).
La democratización de los sistemas políticos, y la pacificación de las guerras en América Central y sus consecuentes cambios en el sistema internacional, han sido los factores determinantes de este proceso, para el retorno a regímenes democráticos.
De ahí la urgencia de crear mecanismos de prevención y control del delito desde una perspectiva inclusiva e integradora que permita mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos de la región.
La violencia es un problema complejo y multidimensional, cuyas causas no pueden ser encontradas únicamente en la pobreza, tampoco puede ser enfrentada de manera unilateral por otros medios también violentos, ya sea promovidos por el Estado o quienes conforman la sociedad civil.
La seguridad debe ser considerada un bien público, que debe ser proporcionado por igual a todos los habitantes del país. Sin embargo, la seguridad absoluta no existe, de ahí que esté referida a ciertas condiciones de base, entre las que se encuentra la responsabilidad de los individuos por el nivel de autocuidado que se asignan a sí mismos.
Está claro que el Estado se encuentra obligado a proveer un orden jurídico y una orientación política en materia de seguridad ciudadana. Su responsabilidad se desarrolla en torno a alcanzar la máxima eficiencia de los procedimientos y políticas policiales y judiciales, para el control y la represión del delito.
Finalmente, en materia de seguridad la eficiencia estatal no se mide por la ausencia de delitos, sino por la percepción ciudadana de que la inseguridad está bajo control.


Luis Fernando Allen Forbes
Director ejecutivo Salvemos el Río Pacuare