Inseguridad: un tema social y económico

Epidémica. Así califica la Organización Mundial de la Salud (OMS) a cualquier país que registre una tasa de más de 10 homicidios por cada 100 mil habitantes; en esa situación está Costa Rica. La epidemia que vivimos tuvo un notorio episodio entre agosto y setiembre de este año, cuando en tan solo 15 días el Organismo de Investigación Judicial sumó 42 homicidios en el país.

El impacto de la criminalidad no siempre es fácil de medir. Sin embargo, Costa Rica no avanza en el Índice de Progreso Social –está estancada en los mismos niveles de hace seis años- debido al crecimiento en la tasa de homicidios y a la mala percepción sobre la seguridad que tenemos los costarricenses.

Tampoco es fácil cuantificar la sensación de inseguridad que experimentamos, aunque un análisis del INEC y las Naciones Unidas, que se basa en encuestas realizadas entre julio del 2017 y julio del 2018, nos muestra un dato muy alarmante: 300 mil hogares costarricenses fueron víctimas de algún delito en ese período.

Autoridades y expertos en el área de la seguridad coinciden en que hay temas muy concretos que explican la epidemia de asesinatos: la creciente fragmentación del hampa, una mayor presencia de armas de fuego en la calle y la acción de las bandas criminales que controlan la venta y el trasiego de drogas, lo cual implica un cambio en el papel que tradicionalmente jugaba el país en la región.

Pero no es posible obviar que la desigualdad y la disparidad en los ingresos son caldo de cultivo para una mayor incidencia de delitos.

De acuerdo con el Banco Mundial, un crecimiento del uno por ciento en el coeficiente Gini relacionado con la desigualdad está asociado directamente “con un 1,5% de incremento en las tasas de homicidios y un incremento de 2,6% en las tasas de robos”. Cuando persiste un empeoramiento en la brecha de ingresos, “los efectos permanentes son 3,7 y 4,3 veces más altos para las tasas de homicidios y robos, respectivamente”.

Por eso no se deben descuidar las inversiones en política social y la urgencia de implementar soluciones para atender la crisis económica, el desempleo y la informalidad que afligen a Costa Rica. Seguiremos insistiendo en una política nacional de reactivación de la economía que incluya apoyo a las pymes, construcción de la infraestructura que necesita el país y la instalación de escáneres en todos los puestos fronterizos, aeropuertos y puertos internacionales.

Es necesario mejorar los precios del combustible y la electricidad para ser más competitivos, reducir el tamaño del Estado para hacerlo más eficiente y lograr un equilibrio en las finanzas, así como controlar el gasto.

Estas acciones redundarán en mayor bienestar para todos, y tendrán un efecto significativo en la reducción de los índices de delincuencia y criminalidad. La epidemia de homicidios debe ser abordada desde el ámbito policial, pero también de ser complementada de manera integral con medidas de reactivación económica. Y en este punto, el gobierno queda debiendo.