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El colapso de Puerto Caldera, que se arrastra desde hace varios años, se ha convertido en uno de los problemas estructurales más graves para la economía, según la Cámara Costarricense de la Industria Alimentaria (CACIA).
Esta situación limita la capacidad del país para generar empleo, incrementa los costos de producción y encarece el costo de vida de las familias, según la entidad.
Juan Ignacio Pérez, presidente de CACIA, recordó que la industria alimentaria ha denunciado en repetidas ocasiones los efectos de la crisis portuaria: “Hace casi un año aplaudimos el lanzamiento de la licitación, pero un año después, las revisiones y procedimientos propios de estos procesos y exigidos por la Contraloría, generan una enorme incerteza sobre si 2026 será un año en que conoceremos la empresa concesionaria”, señaló.
El dirigente enfatizó que la inestabilidad en torno a la concesión representa un golpe directo para la competitividad de la industria alimentaria.
La falta de eficiencia en la operación portuaria incrementa costos logísticos y afecta el comercio exterior, lo que repercute en los precios que pagan los consumidores en los supermercados.
De acuerdo con la Cámara, el comercio que transita por Puerto Caldera constituye uno de los motores más importantes para el desarrollo económico y social del país, por lo que considera urgente que el proceso de concesión concluya lo antes posible.
“No podemos continuar con un puerto colapsado que frena el desarrollo y castiga el bolsillo de los costarricenses”, concluyó Pérez.
