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Viernes, 13 de diciembre de 2024



NACIONALES


Diputados solicitan con urgencia reformar ley de empleo

Incentivos representan el 28% de lo que se paga en salarios públicos

Se contabilizan 260 beneficios en un total de 189 instituciones

Tatiana Gutiérrez Wa-Chong tgutierrez@larepublica.net | Miércoles 02 enero, 2019


“El país debe avanzar en la discusión de una nueva ley de empleo público que priorice regularizar el exceso de incentivos que se otorgan actualmente”, aseguró Laura Bonilla, presidenta de la Cámara de Exportadores. Esteban Monge/LA REPÚBLICA
“El país debe avanzar en la discusión de una nueva ley de empleo público que priorice regularizar el exceso de incentivos que se otorgan actualmente”, aseguró Laura Bonilla, presidenta de la Cámara de Exportadores. Esteban Monge/LA REPÚBLICA


Un 28% de lo que paga el Gobierno central en salarios se destina a incentivos que van hacia empleados públicos.

Esto significa cerca de ¢1,5 billones.

Anualidades, carrera profesional, dedicación exclusiva, zonaje, prohibición, disponibilidad, retribución por años servidos y salario escolar son algunos de ellos.

Al año, los pluses ahogan la planilla estatal que suma un monto total de ¢5,3 billones.

El Ministerio de Educación y el Poder Judicial son los que distribuyen la mayor cantidad de incentivos, según se evidencia en el Presupuesto de 2019.

Justicia y Seguridad son parte también de los que suman más dinero en la partida de beneficios.

El panorama cambió un poco con la aprobación de la reforma fiscal.

Muchos de estos privilegios se regulan con la ley, sin embargo, otras modificaciones requieren una nueva ley de empleo público o que se vayan venciendo las convenciones colectivas, lo que tanto el sector empresarial como los diputados de oposición vienen solicitándole al Gobierno.

La presentación se dijo que se haría finales de 2018, sin embargo, quedará ahora para 2019. 

Esquemas remunerativos del sector público

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Una nueva ley


Aprobar una reforma al empleo público es la ambición de diputados y empresarios para el próximo año.

Lilliana Aguilar

Presidenta
Asociación de Importadores de Vehículos

Nosotros consideramos que es necesario un recorte en los gastos públicos reales. Se requieren reformas constitucionales porque hay gastos fijos en el presupuesto y un mayor control de la ejecución de esos proyectos.

Laura Bonilla

Presidenta
Cámara de Exportadores

El país debe avanzar en la discusión de una nueva ley de empleo público que priorice regularizar el exceso de incentivos que se otorgan actualmente. El saneamiento de las finanzas no debe corresponder únicamente al sector privado, sino que requiere un compromiso conjunto para mejorar el equilibrio financiero nacional y así incrementar el desarrollo nacional.

Gonzalo Delgado

Presidente
Unión de Cámaras

El tema prioritario es la Ley de Empleo Público, a fin de que se promueva un salario único, limite los sobresueldos y regule razonablemente el régimen de cesantía y las anualidades, tema que deberá resolverse junto con la reforma de la Ley Procesal Laboral y reconocerse la eficacia de las personas.

Francisco Gamboa

Director ejecutivo
Cámara de Industrias

Ciertamente además de la aprobación del proyecto fiscal, se requiere la reforma estructural de empleo público, lo que dará sostenibilidad de largo plazo a las finanzas públicas. La propuesta de empleo público debería llegar a la Asamblea Legislativa lo más temprano posible en 2019.

Yorleny León

Diputada
Liberación Nacional

Espero que la administración Alvarado sea consecuente con lo que hasta hoy viene diciendo en cuanto a frenar y disminuir el gasto. Sin embargo, esa cifra lo que refleja es la urgente necesidad de que el país cuente con una ley de empleo público.

Pedro Muñoz

Diputado
Unidad Social Cristiana

Es mejor tarde que nunca. Este informe revela que existen grandes injusticias en los esquemas remunerativos en el sector público y así como estamos, el Estado no puede, ni podrá, cumplir con su misión.


Cambios incluidos en la reforma fiscal


El plan fiscal recorta los pluses que hoy reciben los funcionarios públicos, pero algunas medidas deben hacerse por ley.

Fuente: Ley de fortalecimiento de las finanzas públicas







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