Impunidad gana en Costa Rica
Esteban Arrieta earrieta@larepublica.net | Martes 13 diciembre, 2011
El 97% de violaciones, robos, homicidios y drogas queda sin sentencia
Impunidad gana en Costa Rica
Leyes favorecen a criminales y se olvidan de las víctimas
La cantidad de denuncias ante el Ministerio Público se duplicaron entre 1998 y 2010, los crímenes quedan impunes en el 97% de los casos, demostrando que la justicia no es pronta, mucho menos cumplida.
Durante esos 12 años, se registraron 235 mil denuncias ante la Fiscalía, lo que representó un incremento del 162%, de acuerdo con el “Impunómetro”, un estudio realizado por Juan Diego Castro, abogado penalista, quien utilizó los datos de la Corte Suprema de Justicia para el análisis.
En dicho periodo más de 4 mil personas fueron asesinadas y a pesar del trabajo de los investigadores, las pruebas recolectadas y los juicios, tan solo seis de cada diez homicidios finalizaron con una condena, el resto quedó sin culpables.
La tasa de homicidios alcanzó el año pasado, por segunda vez en la historia, la cifra de 11 crímenes por cada 100 mil habitantes, lo cual es considerado como una epidemia por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
“El Gobierno dice que el país no está mal en este apartado al compararnos con El Salvador o México, donde las cifras son más altas, pero la verdad es que no son de recibo sus excusas, pues estamos ante una pandemia declarada”, explica Castro.
Las violaciones tampoco escapan a la realidad espeluznante de la impunidad, ya que el 90% de las 17 mil denuncias de ultraje,
quedaron en la impunidad en dicho lapso.
Solamente el año pasado, se presentaron más de 1.600 denuncias ante las autoridades, con una tasa de 35 violaciones por cada 100 mil habitantes, la segunda más elevada del periodo.
La impunidad es aún más alta cuando se trata de robos e infracciones a la ley de psicotrópicos, ya que el 97% de los casos queda sin condena, de acuerdo con el estudio.
Hace un par de meses, el Poder Judicial fue blanco de fuertes críticas por parte de la sociedad civil, cuando una jueza de Pavas, de apellido Jiménez, otorgó el beneficio de “casa por cárcel” a dos mexicanos, que fueron relacionados con una avioneta cargada con 177 kilogramos de cocaína, la cual se estrelló el 10 de octubre en el río Torres.
Debido a la presión, la resolución de la jueza fue dejada sin efecto y la funcionaria fue suspendida sin goce de salario por un mes por la Corte Suprema de Justicia.
“Lo peor de todo es que si aquí trajeran a la policía suiza para luchar contra la criminalidad, al término de una semana todos se irían, porque tras meter a la cárcel a los delincuentes, en menos de ese periodo, ya habrían sido soltados”, expresó Castro.
Sobre este tema, se trató de conversar con Luis Paulino Mora, presidente de la Corte, pero no devolvió los mensajes dejados desde el jueves anterior a través de la oficina de prensa.
Los altos niveles de justicia incumplida podrían estarse generando, entre otras cosas, por un Código de Procedimientos Penales que favorece al criminal.
Asimismo, los sistemas penitenciario y policial no cuentan con los recursos necesarios para actuar, la discrecionalidad de los jueces y el enfoque pro derechos humanos de las leyes nacionales protegerían a los supuestos criminales, en detrimento de las víctimas y sus familiares.
Ante este panorama, legisladores como Carlos Góngora, presidente de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico y quien pertenece al Movimiento Libertario, ha impulsado en el Congreso iniciativas “de mano dura contra el crimen”, como él mismo las llama.
Reformas al Código Penal para incluir el trabajo penitenciario, limitaciones a la ejecución condicional de la pena, registro penal juvenil, una modificación a la ley de armas y un proyecto para restringir la discrecionalidad de los jueces; sin embargo, todos han sido rechazados, o bien se encuentran en el limbo legislativo.
“Este es un problema sistemático, hay gente en el Congreso, en el Poder Ejecutivo y en el Poder Judicial a la que se le olvidaron las víctimas y se comporta de forma alcahueta con los criminales, llegó la hora de unirnos, y aprobar las reformas que necesita el país en materia de seguridad. Falta mano fuerte, hay que mandarle un signo poderoso al crimen organizado”, indica Góngora.
A primera vista, el llamado de mano dura parece ser incongruente con la realidad de las atiborradas prisiones nacionales.
Esto, porque existe una sobrepoblación carcelaria de un 26%; sin embargo, hay un rezago de al menos dos décadas en la construcción de nuevos recintos penales, reconoce Hernando París, ministro de Justicia.
La falta de espacio en los penales no debe ser contemplada por los tribunales a la hora de dictar sentencias, añade París, quien señala que a inicios del milenio, el crecimiento de la población carcelaria al año era del 5%, mientras en los últimos dos años aumentó en un 30%.
Debido a los problemas de seguridad en el país, el Gobierno negoció un préstamo de $132 millones con el Banco Interamericano de Desarrollo, de los cuales, una buena parte servirá para construir nuevas celdas. El empréstito se encuentra en la Asamblea Legislativa.
“Hay un aumento evidente en la criminalidad eso no se puede negar. Nos causa preocupación el acelerado deterioro a nivel social que se está dando en el país. Si las cifras de impunidad son correctas, eso es gravísimo sin lugar a dudas”, concluyó París.
Esteban Arrieta
earrieta@larepublica.net
Impunidad gana en Costa Rica
Leyes favorecen a criminales y se olvidan de las víctimas
La cantidad de denuncias ante el Ministerio Público se duplicaron entre 1998 y 2010, los crímenes quedan impunes en el 97% de los casos, demostrando que la justicia no es pronta, mucho menos cumplida.
Durante esos 12 años, se registraron 235 mil denuncias ante la Fiscalía, lo que representó un incremento del 162%, de acuerdo con el “Impunómetro”, un estudio realizado por Juan Diego Castro, abogado penalista, quien utilizó los datos de la Corte Suprema de Justicia para el análisis.
En dicho periodo más de 4 mil personas fueron asesinadas y a pesar del trabajo de los investigadores, las pruebas recolectadas y los juicios, tan solo seis de cada diez homicidios finalizaron con una condena, el resto quedó sin culpables.
La tasa de homicidios alcanzó el año pasado, por segunda vez en la historia, la cifra de 11 crímenes por cada 100 mil habitantes, lo cual es considerado como una epidemia por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
“El Gobierno dice que el país no está mal en este apartado al compararnos con El Salvador o México, donde las cifras son más altas, pero la verdad es que no son de recibo sus excusas, pues estamos ante una pandemia declarada”, explica Castro.
Las violaciones tampoco escapan a la realidad espeluznante de la impunidad, ya que el 90% de las 17 mil denuncias de ultraje,
quedaron en la impunidad en dicho lapso. Solamente el año pasado, se presentaron más de 1.600 denuncias ante las autoridades, con una tasa de 35 violaciones por cada 100 mil habitantes, la segunda más elevada del periodo.
La impunidad es aún más alta cuando se trata de robos e infracciones a la ley de psicotrópicos, ya que el 97% de los casos queda sin condena, de acuerdo con el estudio.
Hace un par de meses, el Poder Judicial fue blanco de fuertes críticas por parte de la sociedad civil, cuando una jueza de Pavas, de apellido Jiménez, otorgó el beneficio de “casa por cárcel” a dos mexicanos, que fueron relacionados con una avioneta cargada con 177 kilogramos de cocaína, la cual se estrelló el 10 de octubre en el río Torres.
Debido a la presión, la resolución de la jueza fue dejada sin efecto y la funcionaria fue suspendida sin goce de salario por un mes por la Corte Suprema de Justicia.
“Lo peor de todo es que si aquí trajeran a la policía suiza para luchar contra la criminalidad, al término de una semana todos se irían, porque tras meter a la cárcel a los delincuentes, en menos de ese periodo, ya habrían sido soltados”, expresó Castro.
Sobre este tema, se trató de conversar con Luis Paulino Mora, presidente de la Corte, pero no devolvió los mensajes dejados desde el jueves anterior a través de la oficina de prensa.
Los altos niveles de justicia incumplida podrían estarse generando, entre otras cosas, por un Código de Procedimientos Penales que favorece al criminal.
Asimismo, los sistemas penitenciario y policial no cuentan con los recursos necesarios para actuar, la discrecionalidad de los jueces y el enfoque pro derechos humanos de las leyes nacionales protegerían a los supuestos criminales, en detrimento de las víctimas y sus familiares.
Ante este panorama, legisladores como Carlos Góngora, presidente de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico y quien pertenece al Movimiento Libertario, ha impulsado en el Congreso iniciativas “de mano dura contra el crimen”, como él mismo las llama.
Reformas al Código Penal para incluir el trabajo penitenciario, limitaciones a la ejecución condicional de la pena, registro penal juvenil, una modificación a la ley de armas y un proyecto para restringir la discrecionalidad de los jueces; sin embargo, todos han sido rechazados, o bien se encuentran en el limbo legislativo.
“Este es un problema sistemático, hay gente en el Congreso, en el Poder Ejecutivo y en el Poder Judicial a la que se le olvidaron las víctimas y se comporta de forma alcahueta con los criminales, llegó la hora de unirnos, y aprobar las reformas que necesita el país en materia de seguridad. Falta mano fuerte, hay que mandarle un signo poderoso al crimen organizado”, indica Góngora.
A primera vista, el llamado de mano dura parece ser incongruente con la realidad de las atiborradas prisiones nacionales.
Esto, porque existe una sobrepoblación carcelaria de un 26%; sin embargo, hay un rezago de al menos dos décadas en la construcción de nuevos recintos penales, reconoce Hernando París, ministro de Justicia.
La falta de espacio en los penales no debe ser contemplada por los tribunales a la hora de dictar sentencias, añade París, quien señala que a inicios del milenio, el crecimiento de la población carcelaria al año era del 5%, mientras en los últimos dos años aumentó en un 30%.
Debido a los problemas de seguridad en el país, el Gobierno negoció un préstamo de $132 millones con el Banco Interamericano de Desarrollo, de los cuales, una buena parte servirá para construir nuevas celdas. El empréstito se encuentra en la Asamblea Legislativa.
“Hay un aumento evidente en la criminalidad eso no se puede negar. Nos causa preocupación el acelerado deterioro a nivel social que se está dando en el país. Si las cifras de impunidad son correctas, eso es gravísimo sin lugar a dudas”, concluyó París.
Esteban Arrieta
earrieta@larepublica.net