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Impuestos hacen fila en la Asamblea
Proyectos que sustituyeron al plan fiscal de la administración pasada siguen sin ser discutidos por los legisladores

Juan Pablo Arias
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Cuatro proyectos de ley relacionados con impuestos permanecen en la corriente legislativa, algunos desde finales de 2006, a la espera de ser discutidos por los diputados de esta o la próxima legislación.
Se trata de tres posibles nuevos impuestos (personas jurídicas, valor agregado y casinos) y de un proyecto que pretende reformar el gravamen sobre la renta y el de propiedad de vehículos, todos presentados por el Ministerio de Hacienda durante la actual administración.
La inclusión de estos proyectos es la salida que encontró el Gobierno ante la renuencia de diferentes sectores a un único paquete tributario que incluya todas las reformas propuestas, bajo el concepto de reforma fiscal.
De las cinco propuestas originales, solamente fue aprobado y está en vigencia el impuesto solidario para el fortalecimiento de los programas de vivienda, también conocido como “impuesto a las casas de lujo”.
Anteriormente, durante la administración de Abel Pacheco, se incluyó en la corriente legislativa un plan fiscal que finalmente fue enterrado por la Sala Cuarta al declarar la inconstitucionalidad de la “vía rápida” que se utilizó para su aprobación.

Personas jurídicas

El impuesto a personas jurídicas fue el primero en presentarse en 2006 y gravaría con $200 por año a cada una de las sociedades inscritas en el Registro Público de la Propiedad, indistintamente del tamaño de la misma.
“Es práctica normal en diferentes jurisdicciones y fácilmente podría generar una recaudación cercana a los $50 millones —anuales— si tomamos en cuenta tanto las sociedades inscritas como las que eventualmente se fusionen por inactividad”, consideró Alonso Arroyo, experto en impuestos de la firma BLP Abogados.
Este canon sería de muy fácil recaudación y hasta cierto punto progresivo con una serie de medidas de protección a las micro y pequeñas empresas, de acuerdo con el experto.
En la misma línea se manifestó la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada, entidad que considera razonable el monto del impuesto y lo ve como una manera de llevar fondos al fisco, afirmó Manuel H. Rodríguez, presidente de la Unión.
Debido a la automatización del Registro Mercantil, Arroyo considera que el país está totalmente preparado para hacerle frente a la administración de este impuesto.

Valor agregado
El Impuesto sobre el Valor Agregado (IVA) viene a sustituir al actual impuesto sobre las ventas y permite deducir el impuesto cobrado en las distintas etapas de producción.
El IVA amplía la base de contribuyentes al incluir servicios y mantiene la tasa general en un 13%. No obstante, establece un 6% a casos específicos como venta de energía eléctrica y de agua residencial, y quedan exentos los bienes de la canasta básica.
“El esquema del impuesto, en sí, es más eficiente. No obstante, es necesario bajar la tasa para generar más consumo”, opinó Arnoldo André, vicepresidente de la Cámara de Comercio de Costa Rica.
Al ser este un impuesto al consumo, la Cámara considera que debe aplicarse una tarifa más baja, que podría ser del 10%, con el fin de incentivar el consumo, simplificar la declaración de dicho impuesto y desincentivar la evasión.

Casinos y apuestas
Para el sector de juegos de azar el proyecto de ley no solamente contempla un impuesto, sino una regulación integral de la actividad. Pese a estar de acuerdo con la regulación, representantes del sector consideran que la ley debe incluir mecanismos de control que den seguridad jurídica a todas las partes.
“No nos consultaron”, comentó Jorge Hidalgo, vicepresidente de la Asociación Costarricense de Casinos, quien considera que el tributo de un 2% sobre el ingreso bruto es una medida imposible de pagar, pues la consideran alta, aun si la base es considerada después del pago a los jugadores.
“En el caso de los sportsbooks, es exagerado sobre la base de lo que se trabaja”, añadió Hidalgo. Aparte de esta crítica, el representante de los casinos comentó que el proyecto no establece mecanismos para facilitar la colocación de las apuestas, ni el control para el ingreso de los dineros.

Reforma a leyes existentes
El proyecto 17405 contempla varias reformas a leyes existentes, con el fin de financiar la educación.
“Tiene un fin bastante respetable e introduce un sistema de solidaridad hacia el tema de la educación, por las externalidades positivas tan amplias que genera la inversión en este campo”, argumentó Arroyo.
No obstante, este proyecto modifica impuestos que no tienen relación con el fin perseguido por el programa Avancemos, como el de la propiedad de vehículos o la eliminación de la exención a intereses pagados en el exterior, de acuerdo con el criterio del abogado.
“La implicación lógica de esta medida es encarecer el crédito internacional, lo cual atenta contra otros fines esenciales del Estado como lo es procurar el desarrollo económico”, agregó.
En su lugar, Arroyo promueve la eliminación del artículo 61 y 61 bis de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Este inciso permite una exención del impuesto de remesas hacia el exterior aplicado a intereses, regalías y dividendos.
Si en el país de origen del inversionista no se puede acreditar el impuesto, las empresas provenientes de otras naciones pueden solicitar la exención en la suya causando una pérdida cercana a un 1% del Producto Interno Bruto costarricense.


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