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El Estado debería reembolsar los daños generados por la autopista a Caldera, de acuerdo con sentencia constitucional
“Impuestos debieron financiar autopista a Caldera”
• Recursos captados a través de los impuestos eran suficientes para pagar la obra, pero el Estado desvió los recursos, afirmó Jorge Murillo, del bufete Asesoría Especializada

Daniel Chacón
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A días de la inauguración de la carretera a Caldera, el camino judicial sobre la legalidad bajo la cual fue dada en concesión apenas se inicia. Los vecinos aún están a la espera de dos procesos judiciales que están en trámite, y se respaldan en una sentencia a su favor que dio la Sala Constitucional.
La entidad estimó que el Ministerio de Hacienda cuenta con los recursos para ejecutar obras como esta autopista, y que existió un desvío de fondos porque esos dineros se usaron para otras cosas.
La sentencia previno a los involucrados en el desvío de fondos a no incurrir en esta situación, y condenó al Estado al pago de costas, daños y perjuicios que deberán ser valorados en el Tribunal Contencioso Administrativo.
La insatisfacción de los vecinos afectados por la autopista a Caldera está argumentada, y por ello ante la omisión que hizo el Gobierno de ellos, ahora reclamarán la defensa de sus derechos por la vía judicial, afirmó Jorge Murillo, del bufete Asesoría Jurídica Especializada.


¿Por qué es legal la protesta de los vecinos contra la pista a Caldera?
Porque esta carretera y toda nueva infraestructura, ya las cobró el Estado con los impuestos sobre los combustibles y sobre la propiedad de vehículos, por cientos de miles de millones. Autopistas del Sol tan solo colocó la capa asfáltica en poco más de 15 kilómetros. Todo el resto ya estaba construido desde hace más de 75 años. La concesionaria lo que hizo fue ampliaciones para colocar peajes, pintar las franjas y un poco de mantenimiento. Lo único nuevo es el tramo Ciudad Colón-Orotina, y cobra en toda la carretera como si fuera nueva.

¿Qué afirma la sentencia constitucional?
Que se malversaron los impuestos que todos ya habíamos pagado para carreteras. Lo que pretenden ahora es cobrar tres veces algo que ya estaba financiado. Ni el Ministerio de Obras Públicas ni el Consejo de Vialidad pusieron ni una palada en esta obra; sin embargo, ya nos la habían cobrado en los impuestos a combustibles y sobre la propiedad de vehículos.

¿En qué temas alegan violación a los derechos de los vecinos?
En el tema del lucro otorgado a la concesionaria Autopistas del Sol, otorgándole una concesión por 25 años, cuando la inversión se recupera en tan solo dos o tres años. Pero además, en la malversación de fondos que hace el Gobierno de los impuestos específicos para infraestructura vial. La obra se carga de nuevo sobre las espaldas del pueblo cobrando peajes, sin siquiera terminar el corto tramo Ciudad Colón-Orotina, violando además accesos, dejando gente aislada y violando el medio ambiente. Los vecinos no tienen por qué pagar por una carretera de más de 50 años, financiada con impuestos, y a la que solo se le pusieron peajes.

¿Cuál ha sido la posición de los tribunales ante las denuncias?
La Sala Constitucional condenó explícitamente al Estado al reembolso al pueblo, a través del CONAVI, de los impuestos que ha venido malversando, y a los daños y costos del juicio. El Tribunal Contencioso Administrativo, conociendo en apelación de la ejecución del fallo de amparo, confirmó la condena en daños y perjuicios, y condenó al Estado en las costas de la ejecución.

¿Por qué si las denuncias de los vecinos estaban fundamentadas, no fructificaron en la vía legal?
El Ministerio Público se ha negado a iniciar el proceso penal, cuya prueba es más que evidente sobre el hecho de haberse cometido una figura penal, la malversación de fondos públicos.

¿Quién debe asumir la responsabilidad civil si se determina que el proceso tuvo irregularidades?
El Estado. Además, la ex ministra Karla González hizo que la obra tuviera un costo superior; porque habiendo la concesionaria pavimentado solo un tramo cuya trocha y puentes ya estaban construidos; tendrá 25 años para recuperar la construcción de solo 15 kilómetros; lo cual recuperarán en dos o tres años, cuando la concesión es por 25 años.
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