NUEVA SECCIÓN

RETO FISCAL

En el contexto de un diálogo entre el Estado y el sector privado, INVERSIONISTA genera una serie de análisis, para promover el debate

¿Impuesto de ventas a la educación? Mala idea

Próxima reforma fiscal debería abstenerse de gravar este sector

En 2011, con la reforma fiscal impulsada por Fernando Herrero, se propuso un impuesto de ventas del 10% a la educación privada (desde la preescolar hasta universitaria), este proyecto de ley nunca fue aprobado.
Este año, el actual jerarca de Hacienda, Édgar Ayales, se encuentra concertando una nueva reforma fiscal por lo que desde ya el sector educativo se prepara con los argumentos para reafirmar que esta actividad no debe ser gravada.
El principal argumento educativo es que el 70% de los que asisten a universidades privadas son personas de clase media graduadas de escuelas públicas, muchos no podrían acceder a esa formación si ese impuesto les encarece su oportunidad de estudio.
Si tomamos en cuenta que cerca del 50% de los estudiantes de universidades públicas proviene de colegios privados —con padres con más recursos para pagar una matrícula—, el mensaje que el gobierno estaría enviando es que los pobres deben pagar más por su educación superior que los ricos.
Los argumentos fiscales son varios. El primero es que si, además de recaudar más dinero, lo que quería atacarse era el problema de la evasión en impuesto de renta que sí pagan estos centros educativos, no se está atacando el detonante de esto: el uso de efectivo.
Si se generan incentivos para no usar el efectivo como pago, el fisco tendrá a su alcance el dato de todos los pagos recibidos por la entidad, y podrá cobrar bien su impuesto de renta.
La segunda razón fiscal es que el encarecer el servicio de educación con un 10% de impuestos de venta podría hacer que menos personas lo usen y deprimir la economía, lo que al final genera problemas fiscales a mediano plazo.
En el contexto internacional, en la mayoría de los países no se cobra impuesto de ventas a la educación dado que se supone que los contribuyentes serían sujetos de un doble cobro; el primero, los impuestos normales que van para financiar la educación pública (que no usan), y el impuesto de ventas.
Finalmente se reconoce que cualquier estudiante en la educación privada le genera un ahorro a la educación pública, y que una oferta de formación variada y amplia genera oportunidades de crecimiento para el país que reducen la pobreza y benefician a todos.