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Tras 30 muertos y pérdidas millonarias, el riesgo de deslizamientos sigue igual
Hubo desastre… habrá otro
Existe déficit de control estatal a pesar de que zonas de riesgo son conocidas


A un mes de los deslizamientos que se cobraron la vida de 30 personas, el área metropolitana enfrenta un serio riesgo de que se presente otra catástrofe, sobre todo en zonas como Escazú, Santa Ana y Río Oro, así como Alajuelita, Aserrí y Vuelta de Jorco, dado que ninguna autoridad parece estar ajustando sus prácticas de control.
Mientras tanto, los propietarios de terrenos o casas ubicados en medio de zonas de riesgo pueden tomar medidas.
Uno de los principales problemas es que en muchos casos las municipalidades han aplicado —y siguen aplicando— una política deficiente en cuanto a los permisos de construcción en zonas con alto potencial de deslizamientos, en parte por problemas presupuestarios.
En principio, cada municipalidad debería contar con inspectores capacitados en ingeniería o arquitectura; sin embargo, por cuestiones de costos, en su gran mayoría estos son apenas egresados de secundaria, de modo que no ejercen un control adecuado.
Los ministerios de Vivienda, de Transportes y de Ambiente —con la asesoría de la Comisión Nacional de Emergencia— trabajan en la aprobación y aplicación de un plan regulador del desarrollo para toda el área metropolitana, el cual señalaría las zonas peligrosas y restringiría los abusos que se viven hoy, pero ha pasado casi una década desde el inicio del proceso, y todavía no se cumple.
Por su parte, casi ninguna de las municipalidades potencialmente afectadas cuenta con un plan regulador propio, que restrinja el desarrollo inmobiliario en zonas de riesgo, mientras esperan que se apruebe el plan maestro.
Sumado a lo anterior, está el problema de que alguna gente edifica casas sin los estudios o permisos exigidos por ley, lo cual agrava la situación.
Es posible inferir que en algunos casos, la municipalidad podría otorgar un permiso de construcción sin el cumplimiento de los requisitos, debido a que esto representa ingresos adicionales para sus arcas, desde el permiso inicial hasta los impuestos territoriales.
Además, permitir que se construya casi sin control beneficia los intereses de quienes buscan quedarse en las posiciones políticas, congraciándose con los electores, aunque eso tenga un efecto riesgoso a largo plazo.
“El hecho de que las municipalidades no restrinjan los permisos y las construcciones, es parte del clientelismo político. Desde los años 80, dar vivienda representa un caudal de votos”, dijo Carlos Alvarez, presidente del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos.
Ernesto Villalobos
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