Hora de ponernos serios

Hora de ponernos serios

El problema fiscal crece al galope con riesgo de desbocarse, mientras el juego político de suma cero continúa como si nada estuviese sucediendo. Vamos a un déficit fiscal de un 8% del PIB. Esto significa un ajuste del 5% del PIB para lograr la solvencia fiscal. La reforma que actualmente discute la Asamblea Legislativa es de apenas el 1,9% y ya grupos de presión e incluso partidos políticos anuncian los tambores de guerra. Imaginen la magnitud de los ajustes para lograr un 5%. Además, significa que aun si se lograse aprobar la reforma de un 1,9%, la tarea estaría lejos de concluirse. En este entorno, es fácil criticar, por incompleto, el proyecto de Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas que se tramita al amparo del 208 bis. Ese proyecto fue una negociación de mínimo común denominador entre varios partidos en algún momento de la pasada contienda electoral, así como también fue objeto la decisión de otorgarle la vía rápida. Las circunstancias electorales variaron con gran rapidez y profundidad luego de este acuerdo. Pero el Gobierno siguió adelante con el proyecto en sus términos generales. Los argumentos económicos están de su lado.

Debemos tener claro que el costo de la inacción sustantiva se traduce en tasas de interés más altas que debe pagar el Ministerio de Hacienda en cada subasta que realiza para llenar el faltante fiscal. Con esto se pone presión a las tasas de interés y, consecuentemente, aumenta el costo del financiamiento para todos los costarricenses y desacelera el crecimiento económico. Como parte de este proceso, se continúa con el deterioro de las calificaciones de riesgo país. De no actuarse, podríamos llegar al despeñadero, como ocurrió con la cesación de pagos externos de agosto de 1981 y la profunda crisis económica que le siguió. Pero, en todo caso, cada atraso acumula mayores necesidades de financiamiento y aumenta el costo de esa deuda pública, lo cual constituye otro disparador del gasto. Con cada retraso, el ajuste sale más caro (más puntos del PIB).

Sabemos, por experiencia en otros países, que ajustes de más del 2% del PIB son muy difíciles políticamente. La reforma propuesta por el Gobierno saliente es de ese rango. ¿Por qué es importante aprobarla, cuando el propio presidente electo piensa que es insuficiente cuando señaló hace unos meses que conviene subir el IVA? Para comprar tiempo y reducir costos totales del ajuste. Nada más.

Aprobar rápidamente el proyecto de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas significaría recursos frescos, particularmente por la implementación del IVA e, incluso, podría abrir la puerta a financiamiento de bancos multilaterales para apoyo presupuestario. Con esto la Tesorería Nacional tendría que acudir menos a los mercados de capital y disminuiría la presión sobre las tasas de interés y sus efectos negativos sobre la economía nacional.

La reforma propuesta pone el énfasis en los ingresos tributarios más que en el gasto público y es regresiva. Afecta más a los más pobres. Diseñar una reforma óptima y negociarla, en caso de que esto fuera posible, tendría un altísimo costo en términos de tiempo, lo cual se traduciría en mayores tasas de interés y, consecuentemente, dispararía el pago de intereses. Disminuirían las calificaciones de riego país y se aproximaría el riesgo de insolvencia. Estos costos son absolutamente regresivos y afectarían en muchísima mayor proporción a los más pobres. La inacción es regresiva y una crisis de insolvencia, aún más. El argumento de que no se debe aprobar la reforma propuesta porque esta es regresiva, no toma en cuenta que las consecuencias de la inacción serían aún más regresivas.

El camino de menor costo social es aprobar la reforma propuesta, pero a sabiendas de que la negociación fiscal apenas comienza. Deberá actuarse sobre todos los frentes disparadores del gasto, no solo el pago de intereses, sino también sobre otros disparadores, tales como las remuneraciones y las transferencias definidas por ley para destinos específicos. El marco bien podría ser dado por las condiciones de aplicación de una regla fiscal. También debe modernizarse aún más el impuesto sobre la renta para continuar avanzando hacia un sistema global, más progresivo que el cedular actual, y revisar la alta carga tributaria de las empresas (en particular, para promover el empleo), mientras se eleva la de las personas. En este escenario podría revisarse el IVA también.

Para disminuir el costo del ajuste y consolidación fiscales, debemos permitir el crecimiento de la economía y nada la desacelera más que altas tasas de interés y las expectativas de crisis económica. Por lo tanto, recomiendo escoger el camino de menor costo social, aprobar el proyecto de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas cuanto antes y abocarse, inmediatamente, a un diálogo fiscal constructivo que tenga en mente el beneficio del mayor número más allá de la defensa de privilegios particulares.