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Homologación de medicamentos es ilegal y violenta la salud, según Procuraduría

Esteban Arrieta earrieta@larepublica.net | Martes 21 febrero, 2023 08:44 a. m.


El objetivo del decreto es hacer más expedita la importación de nuevos medicamentos al país. Archivo/La República.
El objetivo del decreto es hacer más expedita la importación de nuevos medicamentos al país. Archivo/La República.


El deseo del presidente Rodrigo Chaves de que los costarricenses tengan acceso a nuevas medicinas más rápido y paguen menos por esos fármacos está a punto de naufragar.

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Y es que el decreto de homologación de medicamentos que firmó el mandatario en junio, sería inconstitucional y violentaría la salud, según un criterio de la Procuraduría.

El objetivo del decreto es hacer más expedita la importación de nuevos medicamentos al país, ya que al contar con el aval de organismos como la FDA; no se requeriría del aval de una institución pública; asimismo, el documento faculta a nuevos importadores a traer medicinas.

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El criterio de la Procuraduría se emitió en el trámite de la acción de inconstitucionalidad presentada por la Federación de Organizaciones No Gubernamentales de Pacientes de Costa Rica, al considerar que dicho decreto no constituye un procedimiento administrativo idóneo que garantice que los medicamentos autorizados mediante la homologación, cumplan los estándares de calidad, seguridad y eficacia, según dio a conocer el medio Delfino.

Para el abogado del Estado, el decreto sería inconstitucional porque “debilita el control efectivo del registro de los medicamentos empleados en el país y violenta el principio de razonabilidad”.

“Es legítimo que el Estado pueda homologar o reconocer los registros sanitarios de medicamentos otorgados por alguna de las autoridades reguladoras de otros Estados. Esto con el fin de agilizar el procedimiento de inscripción de medicamentos. Sin embargo, lo cierto es que el hecho de que una determinada autoridad reguladora sea parte del Consejo Internacional de Armonización no implica que los procedimientos de autorización y registro de medicamentos instruidos por esa autoridad deban considerarse validados, mucho menos certificados, por dicho Consejo, como garantía de la seguridad y efectividad de los medicamentos inscritos por ella”, indicó la Procuraduría.


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